El PSOE rechaza la transmisión en directo por TVE del debate presupuestario del día 17

La primera confrontación entre el PSOE y la oposición parlamentaria tras las elecciones municipales y autonómicas del 8 de mayo se produjo ayer, en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, ante la que el Grupo Socialista tuvo que hacer valer su mayoría absoluta en la Cámara para desechar la propuesta del Grupo Popular, a la que se adhirieron los demás grupos de oposición, de que el debate de totalidad sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1983, que se celebrará el próximo martes, día 17, fuera retransmitido en directo por TVE.Por la mayoría citada, la Junta de Portavoces acordó solicitar al Ente Público RTVE sólo que el debate se transmita "con la mayor amplitud posible". Según informó el vicepresidente primero, Leopoldo Torres, ante la importancia política de los Presupuestos, se dará prioridad a este debate de totalidad sobre el de los proyectos de ley del aborto y de incompatibilidades de altos cargos y de diputados y senadores.

El Grupo Popular solicitó la retransmisión en directo por la primera cadena. Según informó su portavoz, Miguel Herrero, ante las dificultades "de carácter comercial" esgrimidas por el PSOE ("de transmitirse el debate presupuestario resultarían perjudicados, entre otros, los anuncios de compresas"), el Grupo Popular propuso la retransmisión, igualmente en directo, por la segunda cadena. Los restantes grupos se adhirieron a esta última propuesta, que fue finalmente desestimada por la mayoría socialista. Herrero comentó que no entiende las perturbaciones comerciales aducidas por el PSOE en una televisión pública. "Si fuera una televisión privada, tendrían sentido", ironizó.

Por su parte, el diputado centrista José Miguel Bravo de Laguna ha solicitado la comparecencia del director general de RTVE, José María Calviño, en relación con la emisión de la canción Me gusta ser una zorra, del grupo musical Las Vulpes.

La Mesa del Congreso ha recibido tres oficios del Tribunal Supremo en los que se pide a la Cámara que acredite la condición de diputados de tres de sus miembros, en relación con otros tantos procedimientos judiciales iniciados contra ellos, y que, en su día, podrán producir las correspondientes peticiones de suplicatorios para su eventual procesamiento.

Los oficios afectan a Pedro Solabarría, de Herri Batasuna (HB), por presunto delito de apología del terrorismo; al nacionalista vasco Migo Aguirre, por una querella por calumnias e injurias, precisamente de HB, y al socialista Carlos Navarrete, acusado de un delito de tráfico rodado.