El Pleno del Congreso aprueba el proyecto de ley de expropiación de Rumasa

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley sobre expropiación, por razones de interés social, del grupo Rumasa Según el texto aprobado, una vez reflotadas las empresas del grupo, el Gobierno podrá enajenar las acciones de las sociedades que las integran, bien por concurso público o bien por venta directa de las mismas El Grupo Popular defendió la posibilidad de reversión a los iniciales propietarios, mientras que los diputados comunistas pidieron que continúen en poder del Estado o que se enajenen mediante ley, previa consulta a los representantes sindicales de las empresas afectadas.

El debate de la parte de proyecto de ley que se refiere al destino final del grupo Rumasa, una vez saneado, fue el que ofreció mayor interés, dado que la polémica sobre la intervención o expropiación resultaba un tanto estéril, una vez que, en su momento, el Gobierno ya se inclinó por la segunda. Insistieron en favor de la intervención de Rumasa el centrista José Miguel Bravo de Laguna y, por el Grupo Popular, Emilio Durán. Así mismo, Miguel Roca, por la Minoría Catalana, propuso que no se ampliara la expropiación a sociedades en las que Rumasa posea menos del 50%.A todos ellos contestó el diputado socialista Luis Berenguer, quien acusó a los enmendantes de haber modificado el criterio mantenido durante el debate para la convalidación del inicial decreto ley, en discusión ahora como proyecto de ley. En todo caso, negó que la intervención sea menos cara que la expropiación y añadió que a su grupo le preocupaba también el coste social y la estabilidad del sistema financiero.

Todas las enmiendas a los primeros artículos del proyecto de ley fueron rechazadas. También lo fue la defendida por José María Ruiz Gallardón, del Grupo Popular, quien acusó al Gobierno de haberse preocupado sólo de los aspectos económicos y no de los jurídicos, ya que, de acuerdo con la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, debió excitar el celo del Ministerio Fiscal para que fuera la autoridad judicial la que dispusiera, en su caso,, la incautación de los bienes, evitando encargarse de esta función el Estado.

La venta final de Rumasa

El artículo quinto establece que el Gobierno podrá autorizar la enajenación de todas o parte de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades expropiadas, mediante concurso público, según la legislación de contratos del Estado, "salvo que el Gobierno autorice la venta directa de las acciones". En este caso, se dará cuenta a las Cortes Generales. Asimismo, se determina que "las participaciones expropiadas no estarán sujetas al derecho de reversión".

La oposición a este artículo se planteó desde dos frentes. Por una parte, el comunista Fernando Pérez Royo dijo: "Si la derecha, frente a la expropiación se inclinaba por la intervención, nosotros saludamos favorablemente la medida de expropiación de Rumasa, pero nos preocupa el problema de la retrocesión al sector privado, porque eso conduce a la socialización de las pérdidas". Distinguió entre el accionista inocente y el que de alguna manera hubiera estado relacionado con la situación de Rumasa, a efectos de la remuneración de sus acciones. El socialista Abel Caballero consideró "tremendamente injusta desde un punto de vista social" esta solución.Pérez Royo insistió en la posición comunista "en razón de criterios hasta hace poco compartidos con los socialistas de que una mínima exigencia de justicia", dijo, "impida que empresas reflotadas con dineros públicos vuelvan al sector privado". En todo caso, propuso que intervenga el Parlamento mediante un proyecto de ley elaborado previa consulta a los representantes sindicales de los trabajadores afectados. La enmienda fue rechazada.

Desde otro frente, Rodrigo Rato, del Grupo Popular, pidió que el justiprecio de las acciones se incremente con el peso de la inflación y, además, planteó la posibilidad de que reviertan a sus iniciales propietarios las empresas de Rumasa, ya que el artículo 33 de la Constitución exige que la expropiación se realice de conformidad con lo dispuesto en las leyes, referencia que consideró dirigida a las "leyes preexistentes". Caballero replicó que precisamente se está elaborando una ley singular para un caso concreto, por lo que habrá que estar a lo que se determine en esta ley aprobada por la mayoría.

Rato y la arbitrariedad de la mayoría

La argumentación del diputado socialista irritó a Ramón Rato, quien señaló que la Ley de Sociedades Anónimas no puede ser vulnerada por una mayoría, y que no es jurídicamente correcto proceder a una "expropiación- sanción con efecto retroactivo, ya que sus efectos jurídicos y políticos serían muy graves". Caballero insistió en que la ley singular va a pasar a ser parte del ordenamiento jurídico.

Rato criticó duramente la posición del Gobierno, favorable a salir "lo más rápidamente posible" de la gestión de las empresas de Rumasa, sin preocuparle el coste social. Consideró que "el colmo" de la arbitrariedad gubernamental es las facultades que esta ley singular concederá al Gobierno para "enajenar a quien quiera y como quiera las empresas de Rumasa, apoyado en la filosofía de que la mayoría justifica no sólo los casos singulares, sino también arbitrariedades no conocidas hasta ahora en esta Cámara". Aseguró que este procedimiento constituye la ley del embudo.En apoyo de las tesis gubernamentales intervino también el diputado nacionalista vasco Juan María Ollora, quien recordó que nadie niega la difícil situación en que se encontraba Rumasa, sus obtrucciones a la Administración y el hecho de que el citado holding constituyó un sueño para unos empresarios que terminaron presos de sí mismos.

Incremento provisional de sueldos a los funcionarios

Explicó el voto favorable del PNV al proyecto de ley desde la responsabilidad de gobierno en el País Vasco, confirmada el pasado 8 de mayo, y sin perjuicio de otras diferencias con el Gobierno El pleno del Congreso se había iniciado con la convalidación, por 196 votos favorables, dos en contra y 91 abstenciones, éstas del Grupo Popular, del decreto ley sobre incremento provisional de los haberes activos y pasivos de los funcionarios públicos. El socialista Justo Tomás Zambrana destacó que el decreto ley había sido dictado después del acuerdo del Gobierno con los representantes sindicales de los funcionarios, hecho sin precedentes.

Por el Grupo Popular, Arturo García-Tizón aseguró que el incremento no va a pasar del 5% y criticó la exclusión de los funcionarios de la administración militar. Zambrana replicó que el aumento de retribuciones será muy superior al 9%, y el ministro de la presidencia, Javier Moscoso, recordó que el decreto ley se limitaba a anticipar los incrementos salariales a los funcionarios en el 9% no cuestionado que será superado en la remuneración que figura en los Presupuestos Generales del Estado.