Las inmobiliarias temen que Interior utilice los datos sobre viviendas para control fiscal

Agentes encargados de la venta y alquiler de viviendas o locales coinciden en señalar el temor que la información que han de suministrar a las fuerzas de Seguridad del Estado sobre el comprador o arrendatario y sobre la persona natural o jurídica arrendadora o vendedora, según la orden de¡ Ministerio de Interior publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado lunes, sea utilizada por el Ministerio de Hacienda para controlar fiscalmente a sus propietarios. Niegan, por el contrario, que dicha orden, cuya derogación por inconstitucional solicitó ayer el Grupo Parlamentario Vasco a través de una proposición no de ley, vulnere los derechos de los inquilinos y compradores.

Según la citada orden, quienes vendan o alquilen pisos o locales de cualquier tipo deberán comunicar en la comisaría o puesto de la Guardia Civil correspondiente los datos propios y los del comprador o arrendatario dentro de los cuatro días siguientes. La Dirección de Seguridad del Estado editará una ficha normalizada con dicha información, que "sólo podrá ser utilizada para la prevención de delitos, impidiéndose el acceso a la misma o su difusión no autorizada con tal finalidad".Jaime Blanco, presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas Urbanas, manifestó que dicha entidad ya había distribuido entre sus asociados ejemplares de la citada orden de Interior y de la ficha a rellenar. Si bien manifestó que la consideraba una obligación ciudadana para contribuir a erradicar el terrorismo, mostró su temor de que la información fuese entregada a Hacienda y sirviera para que se controlara la situación de los propietarios y arrendatarios a efectos fiscales. En este sentido apeló "a la moral y a la ética de los distintos ministros para que dicha información no se dedique a otros fines que no sean los de combatir el terrorismo". Menor despreocupación mostró sobre si vulneraban los derechos del inquilino: "No creo que se vulnere ningún derecho porque se comunique a la policía que se ha alquilado tal piso".

Santiago Salvador Vera, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas Urbanas, corrobora lo dicho por Blanco, por lo que expresó su temor de que dicha información sirviera para presionar a los arrendatarios. También considera preocupante la casuística de la aplicación de la misma, por entender que revelar ciertos datos, contra la voluntad del propietario, puede significar la descalificación del administrador de la finca o encargado de realizar el alquiler, y cita como ejemplo de dificil solución el siguiente: "Me llega un señor y me dice: vengo con un plan, pero usted no da parte de mí porque, si no, le rajo de arriba abajo".

Antonio Prada, delegado de la Junta de Gobierno del colegio madrileño de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, manifiesta la estupefacción de los asociados tanto por la novedad de la medida como por la falta de claridad entre propietarios y agentes sobre si dicha información podría ser utilizada para actuaciones del Ministerio de Hacienda de tipo fiscal. Si bien confia en que no iba a ser éste el destino de dicha información, asegura que, en caso contrario, "los propietarios se pondrían de uñas".

Por su parte, Rafael Cavero, director de una agencia de alquiler de pisos, está conforme con la orden de Interior, si bien basa más la misma en los beneficios personales que podía proporcionar a su negocio que a su posible efectividad contra el terrorismo. "La veo muy justa, porque te cuesta mucho echar a la gente que no paga. Si hay una nota en la policía, no se atreverán a alquilar de nuevo un piso". Salvador Calvo, director de otra agencia de alquiler de pisos, afirma que esta medida alarmará a los propietarios, "porque creerán que aumentarán la presión fiscal". De ocurrir esto, asegura que los precios de alquiler podrían aumentar. Niega, sin embargo, que estos últimos vayan a ser violentados por la medida, ya que "sólo es una cosa más que se les impone".