El fichero de Barrionuevo

EL CARGO de ministro del Interior es, seguramente, el puesto más incómodo en cualquier Gobierno que se considera obligado a conjugar la seguridad colectiva y el mantenimiento del orden público con el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Evidentemente, ese equilibrio nunca es fácil de mantener. Las dictaduras resuelven ese conflicto sin mayores problemas, sacrificandolos derechos individuales a una abstracta razón de Estado, tras la que se esconden los intereses particulares de los gobernantes. En el otro extremo de los modelos concebibles, la incapacidad de las administraciones encargadas de mantener el orden público en sistemas democráticos ha dado también históricamente oportunidad a las minorías violentas para ocupar por la fuerza el poder.La persistencia y la brutalidad de los crímenes terroristas en nuestro país contribuyen a cargar de tensión ese inestable equilibrio y a dar argumentos, o al menos pretextos, a quienes pretenden descompensar la balanza en beneficio del momento autoritario. De modo y manera que la cartera de Interior plantea al Gobierno de Felipe González, cuya victoria en las urnas se debió en considerable medida a su campaña en defensa de las libertades, delicados problemas.

Al polémico historial del ministro Barrionuevo se acaba de añadir la orden ministerial de 25 de abril de 1983, publicada anteayer en el BOE y ayer en la Prensa, La nueva disposición anuncia angélicamente en !su preámbulo la intención de limitarse a desarrollar y regular artículo 8 del decreto-ley de 26 de enero de 1979 sobre protección de la seguridad ciudadana, artículo que establecía la obligación de facilitar a los servicios de seguridad la identidad de los compradores o arrendatarios de viviendas. Ocurre, sin embargo, que el grupo parlamentario socialista ya votó en su día contra la convalidación de ese decreto-ley en la Diputación Permanente del Congreso. Gregorio Peces-Barba, por entonces portavoz de los socialistas, criticó ásperamente no sólo el irregular uso del decreto-ley para regular los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, materia expresamente excluida por el artículo 86 de la Constitución, sino que de añadidura, censuró la creación de nuevos tipos delictivos y la indeterminación e inseguridad jurídica de su articulado. La política no sólo hace extraños compañeros de cama; también puede producir el aberrante acoplamiento de un decreto-ley considerado inconstitucional por el PSOE en febrero de 1979 y una orden ministerial dictada por un ministro del Interior socialista en abril de 1983 para desarrollar uno de los artículos de aquella denostada disposición. Es, al fin y al cabo, lo que va de ayer a hoy.

La orden ministerial establece que todos los vendedores o arrendadores de viviendas o locales de cualquier clase están obligados a comunicar a las comisarías de policía o a los puestos de la Guardia Civil, en los cuatro días siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato, la identidad de los compradores o inquilinos. Con esos datos -prosigue la orden ministerial- la Dirección General de Seguridad del Estado organizará un fichero, cuya información "sólo podrá ser utilizada para la prevención de delitos, impidiéndose el acceso a la misma o su difusión no autorizados con tal finalidad". Esta cláusula parece ideada para tranquilizar a aquellos ciudadanos que se sientan preocupados por sus declaraciones de renta y de patrimonio o que estén en deuda como contribuyentes con el Ministerio de Hacienda o los ayuntamientos; de esta forma, el Ministerio del Interior hace un guiño de complicidad a los agentes del mercado inmobiliario para asegurarles que el resto de los funcionarios del Estado, y especialmente los inspectores de Hacienda, no podrán enterarse de sus íntimos secretos, obligadamente confesados, sin embargo, a la Dirección General de Seguridad.

Esta curiosa manera de consagrar legalmente el principio de refeudalización de los poderes públicos en provecho de los aparatos de seguridad, rivaliza con la indeterminación de la amenaza dirigida a los infractores de la orden que comentamos: el incumplimiento de la obligación "será considerado como acto que altera la seguridad pública y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica". A falta de otras precisiones, cabe formular la sospecha de que la orden ministerial del ministro del Interior socialista está apelando, al mencionar oscuramente a la legislación específica, a la tristemente célebre ley de Orden Público de 30 de julio de 1959, promulgada cuando Camilo Alonso Vega ocupaba el Ministerio de la Gobernación. En cualquier caso, la seguridadj urídica, garantizada por el artículo 9 de la Constitución, sufre un claro atentado con la indeterminación de la sanción anunciada.

Ante las críticas dirigidas contra la escasa delicadeza mostrada por el Ministerio del Interior en anteriores ocasiones hacia las garantías constitucionales, el Gobierno socialista ha replicado con el argumento cuantitativo de sus 10 millones de votos y con el respaldo cualitativo de la indiscutible ejecutoria democrática de la mayoría de sus ministros y altos cargos. Por su parte, Barnionuevo, incapaz de la ironía, ha acusado a los discrepantes de pretender declarar inconstitucional a la propia Constitución. Pero, como escribió Balzac, "los gobiernos pasan, las sociedades mueren y la policía es eterna". Con ese tipo de disposiciones, el Gobierno de Felipe González puede contribuir, durante su Mandato, sea cual sea la duración del mismo, al fortalecimiento de unos aparatos estatales cuya lógica interna es crecer a costa de los ciudadanos y de las libertades. Aunque los políticos lleguen a creerse sinceramente que dominan el poder, el Leviatán estatal tiende más bien a poner a sus titulares al servicio de la historia natural de su desaforado desarrollo. Si la orden ministerial dictada por José Barrionuevo significara el arranque de una tendencia de ese signo, la desobediencia civil podría llegar a convertirse en la única respuesta de los ciudadanos ante la invasión por el Estado del ámbito de sus derechos y libertades. Entre otras cosas, porque, aunque conocemos el carácter democrático del presidente y de la gran mayoría de los ministros de este Gobierno, carecemos de suficientes garantías respecto a otros sectores de la actual Administración e ignoramos también quiénes podrán hurgar en el contenido de esos ficheros dentro de 4, 8, 12 o 20 años y para qué propósitos utilizarán esas informaciones. Sólo nos queda preguntamos, por lo mismo, si las torpezas arbitrarias de Barrionuevo son sólo eso, torpezas, o responden a una ideología y a un programa consciente. 0 sea, si es Barrionuevo el ministro que pedían y querían los votantes del PSOE o el que el PSOE utiliza para tranquilizar a los famosos poderes fácticos a base de poner a sus pies esos mismos 10 millones de votos.