Profundas diferencias entre los ayuntamientos rurales y urbanos en Galicia
Cuatro años después de que las primeras elecciones municipales del posfranquismo confirmaran, por vía de voto a izquierda y derecha, la tradicional división social, económica y política entre la Galicia urbana del litoral y la rural del interior, los resultados de este período inicial de gestión democrática no han hecho sino acentuar las características que diferencian a cada uno de los dos sistemas. Mientras en las áreas metropolitanas de Vigo y La Coruña-El Ferrol, mayoritariamente gobernadas por la izquierda, las corporaciones locales han afrontado, con desigual balance, la modernización presupuestaria, administrativa, urbanística y participativa del ayuntamiento, los municipios de la Galicia rural apenas si han experimentado alguna mejora puramente cuantitativa.
La percepción del cambio democrático en la Administración local ha estado, paradójicamente, limitada, durante este cuatrienio, a los residentes en las áreas urbanas de una comunidad, como la gallega, donde más de la mitad de la población vive en municipios muy diseminados, de menos de 10.000 habitantes.Izquierda y nacionalistas, que tuvieron en las elecciones locales de 1979 su primera experiencia de poder en Galicia -pese al triunfo local de la derecha-, no consiguieron, quizá por exceso de atomización, transformar su relativo éxito en sistemas estables de gobierno municipal.
De hecho, los pactos firmados pocos días después de los comícios por el PSOE, el Partido Comunista de Galicia, el Bloque Nacional Popular Gallego y la ya disuelta Unidade Galega guardaban más relación con un simple reparto de alcaldías que con la elaboración de un programa común de acción municipal en el ámbito de los ayuntamientos de izquierda. Este último era, sin embargo, el propósito confeso de quienes negociaron los llamados pactos del hostal -por haber sido firmados en el hostal de los Reyes Católicos, de Santiago-, que propiciaron la elección de alcaldes de izquierda en 40 de los 312 municipios gallegos, entre ellos, en principio, los de La Coruña, Vigo y El Ferrol, que por sí solos, agrupan a casi una quinta parte de la población global y a la mayoría de la específicamen te urbana existente en Galicia.
Posteriores desacuerdos entre la izquierda nacionalista radical y, fundamentalmente, el PSOE for zaron la ruptura de los pactos en el Ayuntamiento de La Coruña, donde el nacionalista Domingo Merino cedió el bastón de alcalde al cabeza de lista de UCD, Joaquín López Menéndez, no sin que antes éste asumiera el compromiso de llevar adelante un nuevo acuerdo de gobierno municipal, suscrito por Coalición Democrática, UCD, PSOE y PCG. Pese a todo, la izquierda -incluso la nacionalista, que se ccinstituyó en única oposición- tuvo acceso a significativas áreas de poder municipal como consecuencia de este atípico pacto, que hizo del Ayuntamiento de La Coruña el único gobernado conjuntamente por los cuatro principales partidos españoles. En los demás municipios donde la izquierda obtuvo la mayoría, los pactos del hostal fueron respetados todo lo escrupulosamente que la heterogénea composición de los concejos podía permitir.
Los líderes de UCD, el partido triunfador desde la simple perspectiva numérica, tras obtener más de la mitad de las alcaldías de Galicia, se vieron en la obligación de aceptar la relatividad de un éxito que se basaba en las áreas rurales de voto dirigido. Nada menos que 109 del total de 180 alcaldes centristas gallegos fueron elegidos en las provincias interiores de Orense y Lugo. Las capitales de estas dos últimas conformaron, junto a las ciudades de Pontevedra y Santiago, el mapa electoral urbano de la derecha en Galicia, completado por un amplio número de pequeños municipios rurales en los que la escasez de presupuesto y la diseminación de sus núcleos habitados hacen prácticamente imposible una mínima planificación del gobierno local.
Por el contrarío, la izquierda, que obtuvo la mayor parte de sus relativamente escasos ayuntamientos en la franja costera atlántica, sobre la que se asientan los más importantes núcleos de población de Galicia, afrontó desde un primer momento la necesidad de, adecuar volúmenes presupuestarios, en muchos casos ridículos, a las demandas de municipios en los que el mayor grado de urbanización y un cierto nivel económico hacían víable un plan de acción municipal coherente.
El déficit y las guerras tributarias
Alcaldes de izquierda y derecha de las siete principales ciudades de Galicia coincidieron, pese a estas diferencias, en recibir un legado financiero muy similar junto con el bastón de mando que acreditaba su recién estrenada condición de regidores del municipio. El ejemplo extremo de la situación en que se encontraban los ayuntamientos gallegos podría ofrecerlo Vigo, donde los concejales recién elegidos se vieron en la obligación de pagar de su propio bolsillo el combustible para los camiones del servicio de recogida de basuras ante la absoluta falta de fondos municipales y la carencia de crédito. Los proveedores de la casa aumentaban, como procedimiento habitual, los precios de sus suministros en previsión de que el pago sufriera -de modo habitual también- retrasos de meses y hasta de años. En Pontevedra, la corporación debió recurrir a créditos de la banca privada para atender el pago de nóminas en los primeros meses, y en el caso de El Ferrol, el déficit
Profundas diferencias entre los ayuntamientos rurales y urbanos en Galicia
llegó a superar los 1.000 millones de pesetas en un ayuntamiento de menos de 100.000 habitantes.La política recaudatoria que los principales ayuntamientos se impusieron como prioridad básica para resolver esta situación encontró la oposición frontal de los empresarios y sólo en contados casos consiguió cubrir por completo sus objetivos. Los impuestos de radicación, plusvalía y gastos suntuarios sirvieron de pretexto para una campaña empresarial que, aun no ahorrando críticas a ayuntamientos y diputaciones de UCD como de Orense y Lugo, se centró de manera especialmente agresiva en la Corporación de Vigo, el municipio de mayor población de Galicia, convertido por el PSOE en banco de pruebas de su política local en la comunidad autónoma.
Presidida por Antonio Ramilo, uno de los más caracterizados representantes del sector duro de la patronal gallega, la Confederación de Empresarios de Pontevedra utilizó desde avionetas publicitarias con leyendas descalificadoras para el alcalde, Manuel Soto, hasta el recurso por vía judicial contra la elevación de los impuestos. La campaña espectacular, en ocasiones, retrasó notablemente el saneamiento financiero del ayuntamiento que la corporación pretendía completar en sus dos primeros años de mandato. Pese a todo, el presupuesto de actuación municipal fue cuadruplicado -de 1.100 a 4.300 millones de pesetas- durante este período.
El balance de las primeras corporaciones municipales elegidas en Galicia desde los tiempos de la República es desigual en el capítulo de actuaciones específicas, aun que en líneas generales podría afirmarse que la imagen de los nuevos ayuntamientos ha mejorado sensiblemente en las principales ciudades. En los más pequeños municipios, donde la continuidad del anterior sistema ha estado, en algunos casos, representada incluso fisicamente por el mismo alcalde, la evaluación habría de hacerse desde un punto de vista puramente cuantitativo.
Algunos ayuntamientos, como los de El Ferrol, La Coruña y Orense, han conseguido finalizar con mayor o menor grado de contestación durante estos cuatro años de redacción de planes generales de ordenación urbana, en tanto que el de Vigo -tal vez la más caótica de las ciudades de Galicia desde el punto de vista de la disciplina urbanística- apenas alcanzó, por dificultades técnicas, la fase de avance de planeamiento. En el caso de El Ferrol, la colaboración de instituciones tan esenciales en la vida de la ciudad como los astilleros de Bazán o la Marina ha resultado básica para la rápida tramitación del plan general, confiado a los concejales del PCG.
Una cierta rivalidad tradicional, quizá extrapolada del terreno futbolístico, parece haber favorecido, por otra parte, el que los ayuntamientos de La Coruña y Vigo compitiesen tanto en la promoción de actividades culturales como en una extraña política de hermanamientos con municipios extranjeros, que llevó al alcalde vigués a la mismísima Groenlandia, y al coruñés, a Brasil.
En cualquier caso, el balance permite anotar en la cuenta de la corporación coruñesa el proyecto, ya avanzado, de un museo de la naturaleza, un centro gallego de arte contemporáneo y un centro cultural como medio para recuperar, al mismo tiempo, varios edificios históricos.
Las experiencias orientadas a organizar algún tipo de acción coordinada entre los distintos ayuntamientos han fracaso sistemáticamente, hasta el punto de retardar y hacer inoperante en la práctica la creación de la Federación Gallega de Municipios. Al margen de acuerdos coyunturales para conseguir el abaratamiento de determinados servicios, como el que propició la creación de la Mancomunidad de Municipios del Área de La Coruña, los ayuntamientos gallegos -en particular los costeros- sólo han encontrado durante este período un motivo para la actuación conjunta en el rechazo común de los vertidos de desechos radiactivos en la fosa atlántica próxima al litoral de Galicia.
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