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El Grove: la condesa de Fenosa y el alcalde comunista

Un intercambio de cortesías verbales, quizá impensable cuando el comunista Joaquín Álvarez Corbacho tomó posesión en 1979 de la conflictiva alcaldía pontevedresa de El Grove, ha saldado el primer período de relaciones entre uno de los tres ayuntamientos presididos por militantes del Partido Comunista de Galicia (PCG) y los representantes del grupo financiero que dirige la condesa de Fenosa, propietario absoluto de la isla de La Toja, que por sí sola aporta un 37% de los ingresos presupuestarios del municipio. Al final, la corporación, con mayoría de izquierda, ha negociado y obtenido la recuperación de un tercio de la isla para el patrimonio local, sin que se produjese el esperado enfrentamiento.

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José María Mourelos, el número tres de la candidatura del PCG, que sucedió en 1981 a Álvarez Corbacho en la alcaldía tras la dimisión de éste por motivos profesionales, es un testigo excepcional de las negociaciones que condujeron a la cesión de una parte de la isla de La Toja, hasta entonces totalmente privada, al ayuntamiento. Mourelos se vio obligado a simultanear su profesión de croupier al servicio del casino de La Toja con la participación, como teniente de alcalde, en las conversaciones que una representación corporativa mantenía regularmente con sus patronos para negociar la devolución al municipio de una parte de los terrenos de la isla."Yo creo", dice el actual alcalde, que los dueños de La Toja entendieron perfectamente desde el primer momento la situación creada por el triunfo de una mayoría de izquierda en el municipio y la consiguiente aplicación de una política de izquierda en el ayuntamiento. Mi situación personal como empleado del casino -en el que también era miembro, por cierto, del comité de empresa- no me ha planteado ningún tipo de problema, quizá porque procuro diferenciar el trabajo del ejercicio de mis derechos ciudadanos. Y siempre he cumplido, creo, trabajando".

Mourelos, que sonríe maliciosamente al asegurar que "el diálogo con la empresa se desarrolló sin ninguna acritud, como diría Felipe González", no duda en calificar de correcta la actitud de los responsables de La Toja durante unas negociaciones que, por otra parte, llegaron a caracterizarse por su singular dureza. Joaquín Alvarez Corbacho, el profesor de Hacienda Pública de la universidad de Santiago que le precedió en la alcaldía, coincide con sus apreciaciones. "La verdad", dice con convicción, "es que quedamos muy amigos. Lo que yo, personalmente, he sacado en claro de esta experiencia es que prefiero negociar con el gran capital a tener que hacerlo con, pongamos por caso, un pequeño contratista chapucero. Es una cuestión de estilo, de saber a qué atenerte".

Antonio Franco, director del gran hotel y principal representante en La Toja del grupo que tiene como cabeza visible a la condesa de Fenosa, no ahorra tampoco elogios a sus interlocutores. "Si pudiera calificar de algún modo la actuación de la corporación municipal con respecto a nosotros, diría que ha sido de un trato exquisito en la aplicación de la legislación vigente". Franco, consciente del poder de hecho que la isla supone dentro del municipio "empleamos a 300 personas y aportamos el 37% de sus ingresos al ayuntamiento", cree que en su momento fue una ventaja la pertenencia del actual alcalde a la plantilla de trabajadores de La Toja. "Por supuesto que no hemos tenido ninguna fricción ni el más mínimo problema con la corporación elegida en 1979. Cuando hemos necesitado algo, fuimos a plantearlo tranquilamente al ayuntamiento".

Una isla de ída y vuelta

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La curiosa historia de la isla de La Toja, que el ayuntamiento se propone publicar para ilustrar sus tesis, es la de una constante disputa por la propiedad desde el siglo IX hasta hoy. Aunque en teoría los propietarios fueron siempre los vecinos, que tenían reconocido el derecho a hacer aprovechamientos de leña en sus montes, la instalación de un balneario en las primeras décadas de este siglo abrió el camino a sucesivas privatizaciones de terrenos. La Toja quedó parcialmente excluida de un decreto de 1925, por el que otras instalaciones similares pasaban a propiedad de los ayuntamientos; y, tras la guerra civil, el grupo Barrié de la Maza, ahora dirigido por la condesa de Fenosa, adquirió mediante compras sucesivas la práctica totalidad de la isla. En 1966, un decreto del Ministerio de Información y Turismo sobre zonas de interés turístico nacional -Fraga era entonces ministro- facilitó la expropiación de las últimas parcelas residuales -entre ellas, un campo de fútbol- que aún quedaban en poder del municipio. A cambio, los propietarios de la isla donaron al ayuntamiento tres millones de pesetas.

La existencia de un plan parcial de ordenación de La Toja sirvió de apoyo legal a la nueva corporación para recuperar, según el ex alcalde Álvarez Corbacho, una parte de la isla, de la que los vecinos se sentían, a su juicio, "realmente expropiados". "Conseguimos", explica, "aplicar la ley del Suelo de 1975, que yo considero bastante progresista; y tras una primera negociación entre nuestro equipo técnico y el designado por los dueños de La Toja, entramos directamente en las conversaciones de carácter político. Fueron muy duras, pero el resultado final es que 220.000 metros cuadrados de terreno, todas las zonas verdes de la isla, pasan a ser propiedad municipal como parques públicos. Además, el municipio se hace con la propiedad de las carreteras interiores y con el 10% del suelo edificable.

La incruenta y versallesca batalla de La Toja, que reportará al ayuntamiento entre 400 millones y 500 millones de pesetas en ingre

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El Grove: la condesa de Fenosa y el alcalde comunista

Viene de la página 21 sos tributarios, es, en todo caso, sólo uno de los numerosos problemas que se vio obligada a atender la primera corporación democrática en un municipio como el de El Grove, de poco más de 10.000 habitantes, donde la atracción del turismo había desatado una especulación urbanística difícil de controlar.

Las otras batallas

Con la peculiar oposición de los seis concejales de UCD, que durante un año se negaron a asistir a los plenos y posteriormente impugnaron todos los presupuestos municipales, la mayoría de izquierda -formada por cuatro concejales del PCG, dos del PSOE y uno del Bloque Nacional Popular Galego- afrontó la disolución de Grovelan -una extraña sociedad mixta en la que el ayuntamiento se comprometía a vender un millón de metros cuadrados a siete pesetas la unidad-, paralizó varias obras ilegales, consiguió donaciones de parcelas por el otorgamiento de licencias e intentó, sin éxito, la aprobación de un plan general de ordenación urbana. La ausencia de un concejal socialista, en una de las últimas sesiones que se obtuviera el quórum imprescindible.

Paradójicamente, las dificultades del alcalde comunista en un municipio como el de El Grove, donde era posible la existencia de toda una isla de propiedad privada, no nacieron de los poderes de hecho, sino de la infraestructura política que, en teoría, debiera representarlos. Acosados por una Diputación provincial que ofrecía gratis a los vecinos la construcción de pistas que el ayuntamiento debía realizar con contribuciones especiales, y por un grupo de oposición municipal que se negó a condenar incluso el golpe de Estado del 23 de febrero, los dos alcaldes de El Grove sólo han tenido en este tiempo unos interlocutores -los propietarios de La Toja- a quienes reconocen racionalidad y capacidad de diálogo. "Al menos", repite Álvarez Corbacho, "con ellos sabes a qué atenerte".

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