Los socialistas acusan a CiU y al Gobierno Pujol de jugar la carta de la tensión y el enfrentamiento

El Gobierno Civil de Barcelona anunció ayer tarde que se han practicado las primeras detenciones de personas presuntamente implicadas en las agresiones a varios militantes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) y en el incendio de una caseta electoral de ese partido, sucedidos el pasado sábado al término de la concentración convocada por la Crida a la Solidaritat para reclamar la dimisión del secretario general de la Presidencia del Gobierno, Julio Feo. Según fuentes oficiosas, son dos los detenidos, aunque dirigentes del PSC sólo conocimiento de una detención. La Ejecutiva de este partido, en una dura nota, culpa a Convergència, al Gobierno de la Generalitat y al presidente Pujol de atizar el fuego de la radicalización.

Aunque la nota de¡ Gobierno Civil se refiere a primeras detenciones, sólo se tiene constancia de una. Se trata de Joan Palau Moncusí, de 29 años, agricultor de profesión, militante de Nacionalistes d'Esquerra, aunque tiempo atrás estuvo afiliado a Esquerra Republicana. Fue detenido a las seis de la madrugada de ayer al llegar a su domicilio de Valls (Tarragona), en donde le esperaba la policía. Al parecer unos agentes de paisano, testigos de los incidentes en las Ramblas, le siguieron hasta su automóvíl y tomaron nota de la matrícula. Trasladado a Barcelona, se le ha aplicado la legislación antiterrorista. El ex diputado del PSUC y abogado Josep Solé-Barberá ha asumido su defensa.La Comisión Ejecutiva del PSC señala en su comunicado que, más que la acción incivil de ese grupo de fanatizados, lo que les preocupa es lo que hay detrás y lo provoca: "La tendencia a una radicalización de actitudes por parte de la derecha llamada nacionalista, que no ha vacilado en explotar conflictos protocolarios, jugando a fondo de una forma imprudente e irresponsable la carta de la radicalización, de la tensión y del enfrentamiento, tratando de intoxicar a sectores de la opinión pública con objeto de presentar a los socialistas como adversarios", se afirma.

Los socialistas consideran "absolutamente improcedentes" las acusaciones lanzadas por Jordi Pujol en un reciente mitin electoral, cuando afirmó que el Gobierno de Felipe González quiere recortar el Estatut y que una España socialista puede ser más anticatalanista que "a España no socialista. También citan como ejemplo "la misma explotación electoralista del incidente protocolario con Julio Feo. 'No es extraño", afirma la dirección del PSC, "que en este contexto surjan brotes de violencia". "Con esta instrumentalización electoralista", añaden, 'la coalición Convergència i Unió, su Gobierno minoritario y el propio presidente Pujol han dado pruebas, una vez más, de anteponer sus intereses de partido a las responsabilidades institucionales. Esta política está poniendo en peligro la unidad civil y la convivencia democrática del pueblo de Cataluña".

En un mitin celebrado al mediodía, el alcalde Pasqual Maragall, la candidata Maria Aurelia Campmany, y el líder del PSC Raimon Obiols arremetieron también contra Convergèncias. Maragall afirmó que en los sucesos del sábado se dieron los ingredientes típicos del fascismo: una intoxicación previa y bien orquestada, un grupo de fanáticos dispuestos a practicar la violencia y una cobertura, un padrinazgo, "una protección en las altas esferas". La Campmany afirmó que ella ya sabía de la existencia de un fascismo catalán, pero que ahora le ha visto la cara.

Convergència también condena

Pese a esas acusaciones, directas o veladas, a Convergència, la Ejecutiva de este partido distribuyó ayer un comunicado de condena de "la salvaje agresión de que fueron objeto militantes del PSC-PSOE en el más puro estilo fascista y antidemocrático, traicionando el espíritu de convivencia propio de Cataluña". La nota convergente "anima" a las autoridades gubernativas a particar las diligencias pertinentes para esclarecer las responsabilidades de los hechos acaecidos, y se felicita por el unánime rechazo, solidaridad y condena que estos sucesos han provocado desde todos los sectores políticos y sociales, "cuya actitud pone de manifiesto el espíritu de civismo y concordia existente en Cataluña". Convergència se adhirió a la concentración de la Crida a la Solidaritat, para pedir la dimisión de Julio Feo, al final de la cual se produjeron los incidentes. Un local de CDC en las Ramblas fue abucheado por los manifestantes. El presidente Pujol también condenó lo sucedido, en Llagostera (Gerona): "Lo lamento profundamente, porque son actitudes contrarios al debido respeto a las personas y a las instituciones". Sobre el caso Feo aseguró que "nada tiene que ver con las elecciones. Desde la Generalitat ya hemos dicho que no es un tema que deba tratarse en la caHe sino a nivel institucional. No debe aprovecharse como motivo de enfrentamientos".

También Esquerra Republicana (que igualmente se había adherido a la concentración de la Crida a la Solidaritat) se manifestó sobre lo sucedido, condenando los hechos, pero rechazó las palabras de Maragall que, en opinión de ERC, pretendían identifar nacionalismo con fascismo.

El candidato de AP, Alexandre Pedrós, consideró que "es evidente que hay que pedir la dimisión de Julio Feo por su poca educación y falta de respeto para con las instituciones catalanas. Éstas, con independencia de quien las gobierne, están por encima de todo". Añadió que, sin embargo, deploraba los gritos y los eslogans pronunciados en la manifestación del sábado, así como las agresiones a socialistas y la quema de, al menos, una bandera española. El secretario general del PSUC declaró en Lérida que la "incomprensión" que la autonomía encuentra a veces en Madrid no justifica la manipulación que de ésta hace la derecha, y mucho menos los brotes de violencia que calificó de "absurdos".