La deuda exterior de las eléctricas se ha duplicado en menos de dos años, hasta rondar el billón de pesetas

El endeudamiento exterior de las empresas eléctricas, expresado en pesetas, se ha doblado prácticamente en poco más de año y medio como consecuencia de la depreciación experimentada por la moneda española. Según fuentes solventes, la deuda exterior viva del sector ascendía a finales del ejercicio de 1982 a una cifra que ronda el billón de pesetas (un tercio de la acumulada por el Estado) cuando, a principios de 1981, se situaba en torno a los 488.000 millones de pesetas. Y mientras las empresas del sector se ven forzadas a continuar financiando sus inversiones con un mayor recurso a los mercados internacionales, el riesgo de cambio que ello implica amenaza con desequilibrar sus cuentas de resultados. Para analizar la situación financiera de las empresas y el aparente sobredimensionamiento del sector se reúnen hoy, en la sede del Ministerio de Industria y Energía, su titular, Carlos Solchaga, y los presidentes de las compañías del sector más importantes.

Según estimaciones fiables, el endeudamiento exterior del sector eléctrico se ha incrementado en una cifra próxima a los 300..000 millones de pesetas, como consecuencia de la depreciación experimentada por la peseta en el último año y medio. A esta cifra habría que añadirle el apreciable aumento de las salidas de las empresas al exterior en los primeros meses de este año. La reducción del dividendo distribuible por parte de Iberduero, sin ser una medida totalmente compartida por el sector, es un indicio, junto a la elevación de los márgenes experimentada por las empresas en sus créditos exteriores, del difícil momento que atraviesan estas sociedades.Aunque la opinión extendida en medios de la Administración y del sector es que el problema del riesgo de cambio tiene remedio, aunque difícil, en medios financieros responsables se coincide en afirmar que la situación de las empresas eléctricas es un ejemplo palpable del desequilibrio general de la economía española, que no puede contener, por medio de recetas clásicas, el efecto en cadena de la pérdida de posiciones que supone la depreciación de la moneda española.

El riesgo de cambio

Si en un supuesto se repercutiera el efecto del riesgo de cambio en la cuenta de resultados de las empresas por medio de una hipotética amortización única, las pérdidas globales de las empresas arrojarían una cantidad claramente insoportable, y que algunos expertos sitúan en mucho más de 300.000 millones de pesetas. Esto ha hecho pronosticar a un alto cargo del Gobierno actual que alguna empresa eléctrica puede estar necesitando ayuda institucional urgente antes de un año.

El endeudamiento exterior de las empresas agrupadas en UNESA, que engloba al 90%, del sector eléctrico, ha pasado de 38.000 millones de pesetas en 1974 a 488.000 millones en 1980, último ejercicio sobre el que se disponen datos consolidados. Un avance del ejercicio de 1981, al que este periódico ha tenido acceso, sitúa ya este endeudamiento en 693.000 millones, y las estimaciones para 1982 hablan de 940.000 millones, es decir, una cifra que ronda el billón de pesetas. Gran parte de este incremento, descontando el ejercicio de 1981, cuando las eléctricas salieron en tromba a los mercados internacionales, se debe exclusivamente al factor que se conoce como riesgo de cambio.

Si esta cifra es de por sí notable, en los cuatro primeros meses del año en curso el endeudamiento global ha podido elevarse en algo más de un 15%, según estimaciones solventes. Los créditos negociados en dólares por Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA), Unión-Fenosa e Iberduero, por citar los tres ejemplos más notales, junto a una depreciación adicional de la peseta (que ha perdido casi 10 puntos desde el pasado diciembre), ele van dicha cantidad en una barrera superior a los 250.000 millones de pesetas, que el sector eléctrico reconoce en términos contables para la totalidad del riesgo de cambio. Un riesgo de cambio que hizo incrementar la deuda exterior en 22.000 millones de pesetas en 1980, 90.000 millones en 1981 y el cuarto de billón mencionado para 1982.

Para paliar las consecuercias de este efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias, el Ministerio de Hacienda ha recomendado a las empresas eléctricas, mientras se perfila el proyecto de ley que dé validez jurídica a la iniciativa, que, contrariamente a la costumbre tradicional de traspasar el riesgo de cambio al activo, disfrazándolo de una inversión adicional en curso, se le considere un gasto mayor y se establezca un plazo de cinco años para proceder a su saneamiento.

En este sentido, es previsible que en las memorias de las empresas correspondientes al ejercicio del año pasado comiencen a presentar en el pasivo, como norma habitual, una partida correspondiente a diferencias en la valoración de moneda extranjera, algo que alguna sociedad ya realizaba en años previos por recomendación de sus auditores externos.

En opinión de medios oficiales, el elevado monto de estas sumas en el ejercicio de 1982, cuando la peseta se desvalorizó con relación al dólar en más de un 30%, no permitía continuar con una práctica que hubiera escondido artificialmente algo que se ha convertido en el principal problema del sector. Tal es así que empresarios eléctricos estiman ya insuficiente este plazo de cinco años dado por las autoridades para sanear esta partida y opinan que sena preferible hablar de períodos superiores a los 15 años. "Si se hace en 20 años, el problema de las eléctricas no es insoluble", opina un alto directivo de una sociedad de primer orden, que, además, señala la necesidad urgente de buscar con el Gobierno "medidas compartidas".

El debate nuclear

El debate en torno a la situación eléctrica se ha recrudecido con la revisión ordenada por el Gobierno del último Plan Energético Nacional (PEN) que el Gabinete anterior presentó al Congreso de los Diputados. El temor a que se convierta en una realidad la opinión expresada por la directora general de la Energía, Carmen Mestre, respecto a una eventual ralentización o parón, en algunos casos, del programa nuclear, ha venido a acumular una serie de tensiones que algunos expertos opinan que debe clarificarse cuanto antes.

Precisamente es en el plan nuclear, al que se han apuntado desde hace años la mayor parte de las empresas eléctricas, donde se encuentra, en un elevado grado, el origen de la situación actual. La necesidad de realizar grandes inversiones (las eléctricas han supuesto el 80% de la inversión global del sector energético durante los últimos cinco años) forzó a las empresas a endeudarse en el exterior, alentadas además por unas necesidades urgentes del Estado de equilibrar su balanza de pagos. Y mientras algunas empresas contaron con la garantía de un seguro de cambio, caso de las autopistas, o recibieron subvención oficial vía presupuestos, caso de Enagas o las empresas del INI, las eléctricas se han quejado históricamente de la falta de una altemativa viable para su caso.

La ceguera del dividendo

En el otro lado de la balanza, sin embargo, algunos expertos apuntan la incongruencia de la política seguida por las empresas del sector que, sabiendo el riesgo que asumían en sus heterodoxos mecanismos de financiación, han mantenido invariables sus dividendos, aun cuando una política más realista hubiera aconsejado la reducción -e incluso cancelación- de los dividendos.

Algunos expertos apuntan el ejemplo de las empresas extranjeras que, previendo una clara oposición interna al desarrollo de la energía nuclear, suspendieron el reparto de dividendos hace años. Tal es el caso de la empresa alemana occidental más importante, la RWE, que a partir de 1978 conseguía autofinanciarse por medio de beneficios no distribuibles, cargas sobre tarifas y una política ambiciosa de amortizaciones.

Pero esta opinión no es compartida por el sector. El hecho de que haya recibido con escasa simpatía la pauta marcada por Iberduero, que esta semana anunció una reducción del 10% al 7,5% de su dividendo, habla por sí solo. Además, las empresas argumentan que una reducción de los beneficios distribuibles supondría de inmediato la anulación de cualquier esperanza de financiarse en el mercado interno, concretamente por medio del recurso de la bolsa. "El problema es del Estado", opina un directivo. "Lo que no es congruente es que nos fuercen a asumir riesgos de cambio y además nos recorten la posibilidad de recabar recursos en pesetas", añade.

Mientras tanto, el problema del riesgo de cambio, y en general una orientación clara de la política gubernamental respecto al sector, ha llevado a las relaciones eléctricas-Gobierno a su momento más bajo. La anunciada nacionalización de la red de alta tensión por parte del Gobierno González, la revalorización de la función del representante gubernamental en Aseléctrica y las recomendaciones claras administrativas en el tema de los dividendos hacen presagiar un pulso entre ambas partes en los próximos meses, negociación que puede ser clave para el futuro del sector energético.