La política caciquil mantuvo el desequilibrio entre los de Cantabria

La corrección de las desigualdades de infraestructura patentes entre los municipios de Cantabria -de los que más del 50% de los 102 existentes tienen menos de 2.000 habitantes, lo que es el principal freno al desarrollo económico, social y cultural- sigue siendo cuatro años después de las primeras elecciones municipales democráticas, un deseo más que una realidad. El neocaciquismo practica do por los máximos dirigentes centristas desde la extinta diputación provincial determinó una gestión municipal de parcheo para la mayoría de los ciudadanos de Cantabria.

Al desencanto ciudadano ha contribuido el hecho de que gran parte de las realizaciones llevadas a cabo durante los últimos cuatro años fueran reivindicaciones largo tiempo acariciadas y no acciones novedosas. El cumplimiento o puesta en marcha de los proyectos fue recibido más como una lógica consecuencia que como una consecución. Si además la gestión de las corporaciones, salvo en los grandes núcleos de población, estaba determinada no tanto por la adscripción política de la mayoría municipal, sino por la capacidad de los ediles para sortear las barreras burocráticas de una administración provincial primero, luego regional, demasiado acostumbrada al amiguismo y al trato de favor, puede comprenderse fácilmente el por qué de un tan elevado número de candidaturas independientes como las que concurren a los próximos comicios.Desde 1979, tan sólo unos pocos de los ayuntamientos con mayoría de UCD -partido que obtuvo más del 50% de las alcaldías tuvieron acceso a las inversiones millonarias, al maná que la Diputación provincial repartía año tras año a través de los planes de obras de cooperación provinciales. Inversiones en muchos casos de dudosa urgencia, aunque necesarias, y sobre todo concedidas con escasa visión solidaria, mediante las gestiones directas de diputados provinciales, que tenían además la condición alcaldes. La redistribución de los recursos regionales se convirtió así en un tema de pasillo y amiguismos, a los que no fueron ajenos los hombres ligados al entonces líder indiscutible de UCD, Justo de las Cuevas.

La caída política de De las Cuevas y el desmoronamiento de UCD, iniciado en Cantabria a primeros de febrero de 1982, desmontó en parte la estructura de favoritismo que hasta aquel momento había funcionado desde la Diputación provincial presidida por José Antonio Rodríguez y donde los centristas gozaban de amplia mayoría. Sin embargo, no dejó de prevalecer, a pesar de los cambios políticos que introdujo la constitución de Cantabria como comunidad autónoma, un cierto tráfico de influencias. únicamente el Plan de Electrificación rural de Cantabria (PEC), diseñado por el consejero de Industria, Enrique Ambrosio Orizaola, después de que fuese abandonado el realizado por la comisión de la Diputación provincial, que presidió Leandro Valle -excesivamente gravoso para los vecinos, que debían aportar 30.000 pesetas por acometida, igual cantidad que el Ayuntamiento por abonado-, inició una política en contra de las desigualdades en materia de infraestructura.

Santander y Torrelavega

El panorama cambia radicalmente en los dos ayuntamientos más importantes de la región en cuanto a número de habitantes, Santander y Torrelavega, al margen de la política de inversiones de la Diputación provincial y dependientes, por tanto, de la Administración central. En términos absolutos de realizaciones, la capital de Cantabria, con mayoría centrista, al frente de la cual se encuentra Juan Hormaechea, actual candidato a la reelección por la coalición AP-PDP-UL, supera con creces al municipio torrelaveguense, presidido por el socialista Manuel Teira. Mientras que en la capital de Cantabria se han adquirido fincas, se han saneado playas, abierto aparcamientos subterráneos, construido nuevos accesos, remodelado plazas y un largo etcétera, en Torrelavega nada o casi nada se ha podido culminar en estos cuatro años, en cuanto a grandes obras o realizaciones.

Para ello ha sido determinante la actitud de la Administración centrista, especialmente relevante en el caso de la Dirección Provincial de Obras Públicas y Urbanismo, desempeñada durante tres años por Roque Manres, que no escatimó recursos económicos para invertir en la capital de Cantabria. El municipio torrelaveguense debió conformarse, entretanto, con mantener a duras penas una red de saneamiento obsoleta, al igual que la red general de distribución de agua. Mucho más grave es la no realización de las minirrondas de circunvalación o la autopista Santander-Torrelavega, por afectar no sólo al casco urbano de dicho municipio, colapsadd por el paso de vehículos que en dirección a Oviedo, Palencia y Burgos atraviesan la calle principal de la ciudad, sino a toda la región.

Uno de los pocos temas en que hubo unanimidad entre centristas y socialistas fue el de la puesta en marcha del dispositivo constitucional necesario para acceder a la autonomía, iniciado en abril de 1979 por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y al que, con algunas reticencias, se sumó en seis meses el 80% de los municipios, que abarcaban más del 90% de la población cántabra. Población que vio con resignación la importante elevación de las tasas municipales de agua, basura, radicación, etcétera, congeladas algunas de ellas desde hacía una década. El recurso a la emisión de deuda municipal sólo fue puesto en marcha por los ayuntamientos de Santander y Torrelavega, pero si este último no ha superado la capacidad de endeudamiento, la situación del primero es bastante más confusa.

Según han venido denunciando los concejales socialistas, las deudas del Ayuntamiento santanderino suman bastante más de 4.000 millones de pesetas, y superan en más de 1.000 millones el total del patrimonio. El alcalde Hormaechea no sólo niega estos hechos, sino que afirma que la capacidad de endeudamiento municipal es aún importante. Entretanto, el ciudadano, que conoce directamente en su bolsillo la incidencia de las tasas e impuestos municipales, se pregunta cómo se pondrán pagar los créditos oficiales y de la banca privada gestionados para adquirir determinadas fincas, caso de la Magdalena, Altamira, antigua fábrica del gas, etcétera, o para la realización de las obras de embeHecimiento llevadas a cabo en las zonas residenciales turísticas.