Los ayuntamientos de Euskadi, el 'latifundio' del Partido Nacionalista Vasco

El País Vasco constituyó, en las elecciones de abril de 1979, una excepción respecto al comportamiento general del electorado español. El nacionalismo vasco, hegemonizado por el PNV, llevó a sus candidatos a la inmensa mayoría de las alcaldías de la comunidad autónoma. El sustancial aumento de las disponibilidades económicas que para los ayuntamientos vascos supuso la entrada en vigor de los conciertos económicos ha permitido, al PNV, que ha controlado el 60% de las alcaldías de Euskadi, sanear las haciendas locales y abordar una política de obras públicas visibles. La crítica del sistema de prioridades seguido para la utilización de esos recursos constituye el principal argumento de la oposición al PNV de cara al 8 de mayo.

El 3 de abril de 1979, el PNV, partido que se define a sí mismo como municipalista, ratificó electoralmente su indiscutible hegemonía social en el País Vasco. Los 202 concejales obtenidos por el PSOE en el conjunto de la comunidad autónoma suponían menos de la quinta parte de los 1.053 logrados por el PNV. La fuerza de la ideología nacionalista, en su conjunto, se veía confirmada, por lo demás, por el afianzamiento electoral de Herri Batasuna, que, con 340 concejales, se convertía en la segunda opción electoral de Euskadi. El hecho de que municipios tradicionalmente tenidos por bastiones de la izquierda socialista o comunista (como Irún, Éibar, Baracaldo Santurce, Basauri, etcétera) amanecieran con alcalde nacionalista resultó muy sorprendente.Los nuevos ayuntamientos vascos se encontraron con una situación tan deteriorada en el aspecto financiero como los de la mayoría de los pueblos y ciudades del resto de España, pero bastante más deteriorada que la media nacional en lo relativo al déficit de equipamientos y servicios públicos. Entre 1960 y 1975, la población de Vizcaya aumentó en un 89%, la de Álava, en un 85% y la de Guipúzcoa, en un 73%. La densidad demográfica provincial era, en vísperas de las elecciones, hasta de 547 habitantes por kilómetro cuadra do en Vizcaya, ocho veces más que la media nacional.

Ena un estudio realizado en 1980 por encargo de las cámaras de comercio de Guipúzcoa y Vizcaya se cuantificaba en términos monetarios el déficit infraestructural y de servicios resultante de ese crecimiento demográfico: 525.000 millones de pesetas, más de medio billón, costaría, según las conclusiones del estudio, colmar la distancia entre la realidad del País Vasco y el nivel de bienestar medio europeo. Algunas de las partidas contempladas en el estudio resultaban bastante reveladoras de la situación que deberían afrontar los ayuntamientos democráticos: en educación, sería necesaria una inversión de 9.700 millones de pesetas en Guipúzcoa y de 19.800 millones en Vizcaya. En salud, 13.500 millones en Guipúzcoa y 25.900 en Vizcaya. En infraestructura básica (agua, alumbrado, etcétera), 23.500 millones y 13.800 millones, respectivamente.

En los municipios integrados en la comarca del Gran Bilbao, cuya población supone cerca del 40% del total de la comunidad autónoma, al déficit de servicios públicos elementales se unía el caos urbanístico resultante del crecimiento irracional del último cuarto de siglo. Así, no era preciso recurrir al atlas para descubrir el tercermundismo más estricto a menos de cinco kilómetros del centro de Bilbao. La situación era tan desastrosa que las expectativas de la mayoría de la gente ante las elecciones podían sintetizarse en esta frase: "A nada que hagan, por fuerza tendrá que notarse mucho".

Escasa perspicacia

Poco se notó, sin embargo, al menos de inmediato. En particular, en las poblaciones medianas y grandes, con la excepción de Vitoria. Merced a la conservación en la provincia de Álava del sistema de conciertos económicos, Vitoria percibió en 1979, en concepto de participación en los ingresos recaudados en la provincia, 1.083 millones de pesetas, mientras que Bilbao, con una población dos veces y media superior y un déficit de equipamientos sociales incomparablemente más grave, sólo recibió del Estado 787 millones.

En fin, como ejemplo de la escasa perspicacia de la Administración local franquista, puede citarse el caso de la utilización dada, hace 13 o 14 años, por el Ayuntamiento de San Sebastián a los fondos obtenidos por la venta a la Compañía Telefónica de la red local de telefonía, que era de propiedad municipal: el Ayuntamiento empleó el dinero así obtenido en la adquisición de acciones... de la Telefónica (las célebres matildes).

Así las cosas, la primera preocupación de las nuevas corporaciones fue, especialmente en las poblaciones grandes, la de sanear sus haciendas municipales. El PNV había puesto al frente del Ayuntamiento de Bilbao a un hombre, Jon Castañares, con nula experiencia política, pero con fama de experto en materia de gestión financiera (era director de "normas y procedimientos" del Banco de Bilbao, y fue presentado en la campaña electoral bajo la etiqueta de el hombre capaz). De lo estrecho del margen de maniobra con que contaba para enderezar la situación financiera del municipio, da idea el hecho de que, con unos ingresos totales de 2.500 millones de pesetas, no menos de 2.300 millones se invertían, en vísperas de las elecciones, en gastos de personal (activo o pasivo). A fines de dicho año, el endeudamiento total del Ayuntamiento de Bilbao rondaba los 3.000 millones de pesetas, y los gastos por habitante y año alcanzaban la cifra de 11.154 pesetas frente a unos ingresos que no llegaban a las 6.500 pesetas por habitante.

En Guipúzcoa, la situación era, dentro de la gravedad, menos acuciante. En 1977, el Ayuntamiento de San Sebastián adeudaba 651 millones de pesetas, y unos 400 millones el conjunto de los otros seis municipios de la provincia que superaban los 20.000 habitantes (Irún, Éibar, Rentería, Pasajes, Hernani y Mondragón).

En Álava, la situación no sólo era más equilibrada desde el punto de vista presupuestario sino que, merced a la buena organización administrativa de la Diputación, existía cierta coherencia en las inversiones. La entrada en vigor del concierto económico en Vizcaya y Guipúzcoa en 1981 permitió a los municipios de estas dos provincias abordar algunos proyectos urgentes, pero, en general, de manera escasamente coordinada.

El sistema de conciertos

El sistema de conciertos implica que el total recaudado es distribuido en cuatro partidas: el cupo a satisfacer al Estado; la contribución a los gastos comunes de la comunidad autónoma; la cantidad destinada a la Diputación, y la que revierte directamente a los municipios. En Guipúzcoa, por ejemplo, el presupuesto para este año supone que el 16%. de lo ingresado se destina a la Diputación foral y el 12% a los ayuntamientos. A su vez, gran parte de lo destinado a la Diputación revierte indirectamente en los municipios (obras de ámbito comarcal, etcétera).

Si se tiene en cuenta que en 1979 el gasto público en las corporaciones locales suponía en España, respecto al total del producto nacional, el 2,4%) (frente a una media del 9,5% en los países de la CEE), parece evidente que el sistema de conciertos otorga a los municipios vascos unas disponibilidades efectivas superiores a las de otras zonas. Concretamente en Guipúzcoa, el sistema ha supuesto triplicar la capacidad de gasto de sus municipios. El presupuesto de la Diputación de Vizcaya, aprobado la semana pasada, contempla una partida de 9.122 millones de pesetas para los ayuntamientos de la provincia. La Diputación gestionará directamente el gasto de otros 31.000 millones de pesetas. Es, desde luego, poco si se compara con las cifras ideales del estudio antes citado, pero enorme si se coteja con las disponibilidades reales de hace apenas tres años.

Merced a este flujo financiero, los ayuntamientos vascos han podido abordar realizaciones importantes. El problema, y aquí ya interviene directamente la política, es el de los criterios empleados por el partido mayoritario de Euskadi para invertir ese dinero. La oposición reprocha al PNV haber carecido no sólo de imaginación, sino, además, de planes mínimamente coherentes y escalonados. Esa misma falta de planificación explica que todavía hoy, y pese a pertenecer a algunas de las zonas con mayor pluviosidad de la península, comarcas como las de Irún, Éibar o El Gohierri padezcan problemas de abastecimiento de agua.