La ubicación de los cuarteles en el País Vasco deberá aprobarla la Junta de Seguridad

La ubicación de acuartelamientos de las fuerzas policiales del Estado en la comunidad autónoma se deberán concretar en el marco de la Junta de Seguridad, según aprobó ayer mayoritariamente el Parlamento vasco. Los socialistas y AP se opusieron a la proposición no de ley. El malestar detectado en los ayuntamientos afectados por la instalación de dependencias policiales fue uno de los. principales argumentos presentados por Euskadiko Ezkerra para emplazar al Parlamento a que se definiera en relación a los acuartelamientos. Por su parte, el representante de la Administración central en la Junta de Seguridad, el socialista Enrique Casas, desautorizó a los ayuntamientos y a la Cámara para discutir la ubicación de las mencionadas dependencias."En Euskadi también gobierna el PSOE, y por tanto el Gobierno socialista decidirá dónde deben instalarse los cuarteles de las FOP. La Junta de Seguridad tiene otras competencias", en opinión en parlamentario socialista Enrique Casas.

Los socialistas se quedaron solos, junto a AP, en su oposición al proyecto no de ley presentado por EE, ya que el PNV se mostró favorable a la iniciativa, que calificó de "lógica y constructiva". El portavoz nacionalista, Emilio Guevara, hizo especial hincapié en que los problemas de instalación de cuarteles son generales, ya que no se concretan tan sólo en el País Vasco. Tras manifestar sus dudas acerca de la eficacia de la coordinación entre la policía y la Ertzaina, en el caso de que la Administración decida unilateralmente la ubicación de los cuarteles policiales, manifestó su más encarecido apoyo a la iniciativa de EE.

Nacionalistas y socialistas protagonizaron un acalorado debate sobre la instalación de los acuartelamientos momentos antes de que la Cámara aprobara mayoritariamente que la decisión de instalar nuevos acuartelamientos en el País Vasco tenía que aprobarse en la Junta de Seguridad. La intervención del socialista Enrique Casas provocó murmullos en el hemiciclo cuando, después de solicitar que el Parlamento instara a ayuntamientos y diputaciones para que colaboren en la lucha contra el terrorismo, señaló que las FOP no realizan ningún registro domiciliario sin autorización judicial.