Los presuntos delitos monetarios, principal acusación del ministerio fiscal contra Jose María Ruiz-Mateos

El nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Luis Lerga González, decidirá este fin de semana sobre la admisión a trámite de la querella presentada el jueves por el ministerio fiscal (representación pública) contra el ex presidente de Rumasa y las personas a que pudiera alcanzar la responsabilidad por presuntos delitos descubiertos en torno al holding de la abeja. Fuentes jurídicas consideran prácticamente segura la admisión, al menos de la parte principal de la querella, que se refiere a supuestos delitos monetarios de control de cambio por más de. 10.000 millones de pesetas. Mientras tanto Miguel Boyer señaló ayer en Zaragoza que "estamos pensando en poner una querella ante los tribunales ingleses contra José María Ruiz-Mateos".

La parte de la querella que todas las fuentes consultadas consideran en principio de mayor encaje, tanto por su presentación prioritaria como por la cuantía total, se refiere a las presuntas infracciones de la ley de control de cambios de 1979. Por ello, el Ministerio Fiscal, colocado ante la alternativa de presentarla ante el juzgado de la Audiencia Nacional que correspondiera por reparto o ante el Juzgado de Instrucción número tres, competente en temas monetarios, se inclinó por la segunda opción, confiado en que al menos las imputaciones sobre éstos encontrarían mayores facilidades procesales.Aunque desconocían ayer el texto de la querella, fuentes allegadas a los nuevos administradores de Rumasa coincidieron en señalar que las presunciones de litigio más importantes en cuantía comunicadas a los dos fiscales especiales se centran en las operaciones con el exterior. Añadieron que el monto total supera ampliamente los 10.000 millones de pesetas, si bien recordaron que la querella tiene cierto carácter abierto y ampliable en función de las investigaciones que realice el juez instructor y de los datos que puedan ser enviados desde Rumasa a través de los fiscales.

Delitos monetarios

Las presuntos delitos monetarios se centran en torno a las compras y financiaciones de empresas en el extranjero, realizadas para apoyar la exportación de productos procedentes de las sociedades del grupo. Sobre tales operaciones (véase EL PAÍS del pasado lunes) se ha intensificado la investigación a partir de esta semana en lo relativo a su vertiente Iberoamericana, después de que fuera asegurado en Londres el control de las empresas sobre las que se encauzaba la exportación de vinos.Como se recordará, las investigaciones en el exterior han consistido fundamentalmente en seguir la pista a unos 10.000 millones que salieron en los últimos años de España, a través de la sucursal londinense del Banco de Jerez. Este dinero procedía de depósitos en divisas convertibles captados entre residentes por los bancos del grupo, que los enviaban al Banco del Norte, entidad que los pasaba a la sucursal en Londres del Banco de Jerez.

Aunque llsta aquí las operaciones han sido consideradas legales por los nuevos administradores, debido a que se dirigían mediante el mercado interbancarío, con el correspondiente pago de intereses entre unas entidades y otras, luego gran parte del dinero seguía un circuito muy irregular. Como denominador común, era enviado, a empresas de cuatro o cinco holding, algunas de ellas meras transmisoras dotadas con un capital mínimo cuya propiedad de Rumasa es difícil demostrar.

Además de los posibles delitos que pudieran haberse cometido en esta segunda fase, el entramado extranjero permitía otras operaciones irregulares que los técnicos consideran claras fugas de divisas, como el retraso, la compensación o el impago de liquidaciones por exportaciones. Si bien esta es una práctica habitual entre algunos exportadores en momentos de especulación contra la peseta, obviamente a los grupos con actividad en el extranjero les resulta más accesible.

De hecho, dos empresas del grupo Rumasa, Palomino y Vergara y Zoilo Ruiz-Mateos, habían sido objeto en 1977 de una de las mayores sanciones gubernamentales en la historia española de la fuga de capitales. Se trató de multa de 161 millones de pesetas, por la utilización de licencias de exportación conseguidas en 1974 con la condición de que el importe de las ventas fuera reembolsado en un plazo de seis meses, sin que dos años más tarde se hubiera cumplido. No obstante, el Tribunal Supremo anuló en 1981 la sanción.

El resto de los supuestos delitos reseñados en la quere lla se refieren principalmente a irregularidades denunciadas en sus dos primeras intervenciones públicas tras la expropiación por el ministro de Economía y Hacienda: manipulación de la realidad contable del grupo (el ministro dijo que 17 de los 18 bancos actuaban con pérdidas), apropiación de impuestos retenidos y no declarados (de los 30.000 millones de pesetas por presunta deuda de 1981 y 1982, una parte fue llevada a reservas por empresas no financieras), y estafas a la Seguridad Social (sólo se ingresaba una parte de las retenciones a los trabajadores).