Los gozos y las sombras

EN LA política económica los socialistas han encendido, simultáneamente, velas en dos altares de religiones diferentes. De un lado, el Gobierno ha puesto en vigor algunas medidas de rigor, pese a lo que puedan tener de antipático y desgradable para empresarios y trabajadores. De otro, el poder ejecutivo ha adoptado una serie de decisiones en favor del mantenimiento de la capacidad adquisitiva y la reducción de la jornada laboral, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por el PSOE en la campaña electoral. Asimismo ha legalizado una moratoria en los pagos a la Seguridad Social que puede beneficiar a muchas empresas. El resultado es un mensa e ambiguo, díficil de entender en su conjunto por la opinión pública.El Gobierno de Felipe González inauguró la política económica con una depreciación de la peseta, cuya implicación fue demostrar que éramos más pobres en dólares de lo que UCD pretendía, y con el aumento en un punto del coeficiente de caja y la retirada de más de 100.000 millones de pesetas de la circulación. Era una demostración de que las autoridades socialistas no iban a acudir al engaño monetario para simular, mediante la inflación, que la devaluación no influiría en los niveles de vida. La subida de los precios y la fiscalidad de los carburantes y combustibles constituyó el remate de esa operación, orientada a adoptar una serie de medidas estabílizadoras en el terreno del comercio exterior, la lucha antiinflacionista y el equilibrio presupuestario y justificada por la crisis general y el calamitoso estado de nuestras finanzas interiores y exteriores.

Luego se produjo la expropiación del grupo de empresas controladas por Ruiz-Mateos. La sugerencia de que esta decisión podría significar un viraje hacia el estatalismo de la política económica del Gobierno de Felipe González quedó pronto disipada por el respaldo más o menos entusiasta dispensado a la nacionalización de Rumasa por la banca privada y los representantes del mundo empresarial.

Por último, ayer mismo fue anunciado un reajuste de los coeficientes obligatorios de bancos y cajas de ahorro que supone de hecho un nuevo compromiso en la lucha contra la inflación, como premisa previa para salir de la crisis. La elevación del 3% al 4% de los coeficientes obligatorios remunerados de las entidades financieras supone el drenaje de otros 150.000 millones del sistema, lo que contribuirá a restar puntos de la inflación, abaratarai, la financiación del déficit público y contribuirá a estabilizar la posición de la peseta. Pero también elevará los tipos de interés en los mercados nacionales.

En cualquier caso, los mensajes de la política económíca del Gobierno están generando algún desconcierto. La llegada de los socialistas al poder no ha ido acompañada, como era previsible, por una legislación de urgencia sobre las empresas estatales sino por la curiosa doctrina que los mejores gestores posibles del INI son los directivos avalados por su experiencia bajo el franquismo. La confusión también se extiende a otros ámbitos. En vísperas de las negociaciones salariales entre las organizaciones empresariales y los sindicatos, el Ejecutivo mantuvo silencio sobre la actitud del Estado como patrono en las administraciones y empresas públicas.

Pero aunque del contenido de los Presupuestos Generales del Estado sólo se conoce su déficit aproximado, empieza a rumorearse que el aumento de la masa salarial para atender al pago del colectivo de funcionarios públicos puede aproximarse al 18%, lo que significará una drástica reducción de las partidas dedicadas a la inversión productiva. La confusión también anida en el mundo de las empresas en crisis del sector público o ayudadas por el Estado. El acuerdo presentado por Explosivos Río Tínto a los bancos acreedores prevé unos incrementos salariales del 14% en los próximos tres años. Al parecer, cada quien se resiste a bailar con la más fea. Y mientras las cajas rurales -algunas de las cuales han tenido que ser intervenidas por el Banco de España y otras varias atraviesan fuertes dificultades- han pactado, a la chita callando, un incremento salarial del 12%, la banca privada sigue aferrada a la oferta del 9,5%. Pero no cabe duda que la política de rentas de la población empleada repercute necesariamente en la situación de los 2.300.000 parados en busca de empleo.

El comportamiento salarial del Estado en algunos sectores del sector público priva de fuerza a las respuestas gubernamentales ante desafios tan airados y dramáticos como los lanzados en Sagunto, Gijón y Vigo. Por otra parte, para apuntalar la peseta después de las dos depreciaciones sufridas, las autoridades han elevado los tipos de. interés, situados ya por encima del 20%, frente al 10% -como máximo- de nuestros competidores industriales.

De esta forma, los gozos de mantener la capacidad adquisitiva y renunciar a la austeridad del reajuste resultarán empañados por las sombras de una menor inversión y de un mayor desempleo.