La contratación temporal en la construcción

UCD, apoyándose en cierta definición del Estatuto de los Trabajadores, introdujo los contratos de duración determinada a partir de tres meses. Acogiéndose a estos contratos, la patronal obtenía una bonificación del 50% de los costes de la Seguridad Social. Se introducía así en la legislación una reivindicación de la patronal del sector, aumentando el deterioro del mercado de trabajo y dejando en la más absoluta indefensión al trabajador contratado.Estas medidas fueron denunciadas continuamente por la Federación de Industria de la Construcción de Comisiones Obreras, realizando incluso llamamientos a la movilización y recogida de firmas, etcétera. Pero hoy, lejos de cuestionarse tales medidas, se han afincado, tanto con la prórroga del decreto 29 de diciembre de 1982 como por las declaraciones en la reciente conferencia de prensa del presidente del Gobierno, Felipe González.

¿Es que no somos sensibles con las necesidades de las empresas constructoras? ¿Es que desconocemos sus dificultades, la situación de tremenda competitividad en el mercado? ¿Es que estamos anclados en viejas fórmulas y con determinadas ortodoxias frenamos en realidad cierto fomento del empleo?

Nada de eso; queremos desenmascarar conceptos que se están consolidando y que a fuerza de repetirlos pueden llegar a aparecer como ciertos e incuestionables.

Los contratos de duración determinada o por meses, como los denominamos los trabajadores, no han supuesto creación de empleo, si en diciembre de 1978 existían 264.000 parados y en febrero de 1982 el paro asciende a 432.071. Si el sector ocupa el 9% de la población laboral -el paro es del 20% del total nacional y el 33% del sector-, si no ha servido para crear empleo, ¿qué ha significado este tipo de contratación?

Falta de control

Ha significado un espaldarazo a la subcontratación, prestamistas y pistoleros (como se denomina en nuestro ramo). Falsos autónomos que, lejos de trabajar por cuenta propia, se ven obligados a tener el carné que muchas veces se lo facilitan este tipo de empresas.

CC OO, durante más de dos años, ha venido denunciando este hecho, sin que hasta ahora, salvo en Cataluña, donde existe una comisión prevista en el convenio para seguir y denunciar el fraude, se haya podido avanzar en el control de esta nueva modalidad de contratación que se extiende en el sector. Este hecho aislado puede verse frenado de no darle una salida a nivel estatal donde se delimite cuál es el papel del autónomo y se establezca un control a través de los sindicatos-Administración.

Asimismo, una reconversión del trabajo fijo en trabajo precario:

Dragados. En el año 1977 había una plantilla de 27.729; en el año 1980 la plantilla era de- 16.585 trabajadores.

Agromán. En el año 1977 había una plantilla de 12.677; en el año 1980 la plantilla era de 9.000 trabajadores.

Obrascon. En el año 1977 había una plantilla de 4.699; en el año 1980 la plantilla era de 1.800 trabajadores.

Estos ejemplos, junto con los datos globales que tenemos de las grandes empresas, nos dan una reducción del 50% de los trabajadores fijos.

Es una herramienta que el empresario utiliza no sólo para reducir costes, sino para reforzar su autoridad empresarial. El trabajador, con estos contratos, está más preocupado con la renovación de los mismos que con la exigencia de sus derechos elementales.

En cuanto al empeoramiento de las condiciones de trabajo, ¿qué ha pasado con la aplicación de los rendimientos medios pactados en convenio, que fue una reivindicación de la patronal básica durante años y ahora obliga a realizar destajos abusivos?

Se ha destruido la profesionalidad, instaurándose múltiples especialidades, avanzando cada vez más a la desaparición del profesional de oficio. La presencia del pinche (o aprendiz) es cada día menor; en la mayoría de las zonas del país ha desaparecido el ayudante de oficio. Cada vez es menor, la categoría de oficial de segunda, implantándose así cuadrillas de destajistas para la obra vista, yeseros, etcétera, sin que los sindicatos hayamos participado en su estudio y, reglamentariamente, dejándose a la pura dinámica de un mercado anárquico como es el de la construcción.

Mayor riesgo de accidentes

Los accidentes producidos hasta ahora daban una previsión de uno mortal por 1.000 viviendas terminadas, con lo que, teniendo en cuenta que el número de viviendas terminadas en 1978 fue de 26.000 y las finalizadas en lo que va de año es sólo de 15.000, media mensual. Existiendo este descenso, ¿cómo se explica que en el año 1982 hayan existido 232 accidentes mortales y 2.235 graves?

La incapacidad y la inseguridad que se le produce al trabajador, más pendiente de obtener otro contrato que de su propia seguridad, hacen, sin duda, aumentar el riesgo.

Además se ha perdido el 4,5% de indemnización por la finalización de contrato. Existen ya casos donde no se pagan los beneficios; al no llevar seis meses trabajando, no se tiene, licencia por matrimonio, etcétera, incluso se condiciona el derecho constitucional de huelga, pues durante la misma el trabajador, al estar en situación de alta especial, puede encontrarse, a la finalización del contrato, con no tener cotizados los 181 días para poder acogerse al seguro de desempleo.

Paro galopante

En la Ordenanza Laboral de 1970 se regula y asienta el contrato de fijo de obra, contrato que ya era eventual, pues su duración estaba condicionada a la duración del trabajo.

Asimismo se reconoce explícitamente la posibilidad de un contrato eventual menor de quince días, caso de las típicas chapuzas. Si durante largos años se ha venido funcionando así y no ha habido modificaciones significativas en la estructura de la actividad ni hay períodos punta de producción, ectétera, ¿qué objeto tiene, si no es el ya apuntado, el fijar los meses en el contrato?

Atendiendo a la problemática existente, al paro galopante y a la necesidad de reactivación, recordamos e insistimos en la oferta que hicimos al señor Almunia de estudiar conjuntamente sindicatos, patronal y Administración una salida real al tipo de contratación para sincronizar oferta y demanda de trabajo y superar definitivamente la situación de discriminación e indefensión de los trabajadores eventuales de nuestro sector, situación contra la que ya se están realizando movilizaciones importantes como las del Sector 3 de Getafe y las llevadas, a cabo en las empresas constructoras de las centrales nucleares de Trillo y Valdecaballeros, y a las que no vamos a renunciar de no atender el Gobierno nuestras reivindicaciones.

Otro de los temas que afectan al sector es el descenso del volumen de obra edificada y al alto coste de financiación de la misma.