El Gobierno estudia el aplazamiento de la elección de los diputados provinciales

El Gobierno está estudiando la posibilidad de aplazar la elección de los diputados provinciales hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la constitucionalidad de los tres artículos de la ley orgánica de Elecciones Locales que la regulan, recurridos por la Minoría Catalana y el Grupo Popular, afirmó ayer en Barcelona el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra. En su opinión, no es de aplicación la legislación anterior por haber sido expresamente derogada por la nueva ley orgánica. La constitución de las diputaciones carece, pues, de marco legal al estar en suspenso los tres artículos recurridos.La opción de dictar un decreto-ley restableciendo la vigencia de la legislación anterior no es tenida en cuenta por el Gobierno, según el ministro, el cual, de todas formas, manifestó que confía en que la sentencia del tribunal se produzca antes del 8 de mayo o dentro del plazo que se abre a continuación de esa fecha para elegir los diputados provinciales. Fuentes oficiosas del ministerio, sin embargo, manifestaron a este diario que es poco probable que la sentencia se produzca antes de esas fechas. "El Gobierno tiene la absoluta seguridad", afirmó De la Quadra, "que el fondo de la cuestión, el contenido de la ley, es absolutamente constitucional, aunque, claro está, se someterá al criterio del tribunal".

El ministro denunció que los grupos que recurrieron contra la ley no anunciaron su Intención, pese a que la Minoría Catalana, al menos, había otorgado poderes para presentar el recurso un día antes del Pleno del Congreso de los Diputados que acabó de aprobar el texto legal: "No guardaron la debida lealtad al resto de parlamentarios", afirmó, "porque participaron en un debate cuando ya tenían decidido que recurrirían contra lo que en él se aprobara".

De la Quadra se reunió ayer en Barcelona con la comisión permanente de la sección de grandes ciudades de la Federación de Municipios Españoles, motivo central de su viaje a Barcelona, para informar esencialmente de las medidas del Gobierno para sanear las haciendas locales. Según explicó luego en conferencia de prensa, estas medidas pasan por asumir la totalidad de la carga financiera de la llamada deuda insana de los ayuntamientos hasta 1979, fecha en que se eligieron los primeros consistorios democráticos. La Administración centrista había decidido en su día que el 50% de esta carga financiera la asumiera el Estado, y el resto, las propias corporaciones.

Anunció una nueva ley de financiación de las haciendas locales que dote a los ayuntamientos de instrumentos adecuados. Admitió que esta nueva ley introducirá figuras tributarias más flexibles, que permitirán, por ejemplo, libertad para aumentar la contribución urbana e incrementos en algunos impuestos estatales, como el de la renta, para subvenir las necesidades municipales.

Anunció también que los Presupuestos Generales del Estado para 1983 contemplan el incremento en un punto (del 7% al 8%) de la participación de los ayuntamientos en los impuestos no cedidos a las comunidades autónomas (Fondo Nacional de Cooperación). La Federación Española de Municipios reclamaba un incremento de dos puntos.