El sector agrario, preocupado por la actuación del IRYDIA en Palma del Río, segun la CNAG

El anuncio de la actuación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) sobre cuatro fincas de la localidad cordobesa de Palma del Río ha causado una gran preocupación en los agricultores de todas las regiones españolas, manifestó ayer un portavoz de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG). "En nuestra sede hemos recibido numerosas llamadas de toda España interesándose por el tema y mostrando su desacuerdo con estas medidas", según estas fuentes.

Miembros de esta organización, rama agraria de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), señalaron que en la cúpula patronal también existe una gran preocupación.Mientras tanto, representantes del Iryda señalaron que ayer no se produjo novedad en el tema.

Miguel Manaute, consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, se entrevistó ayer con altos cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el fin de discutir la actuación del Iryda en las citadas fincas. Fuentes de la consejería señalaron que las propuestas de expedientes de expropiación contravienen el decreto de transferencias de competencias del Instituto al Gobierno autónomo andaluz. Con esta declaración se abre un nuevo frente de discrepancias y ha estallado la lucha para que se agilicen las transferencias del Iryda y del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) a las comunidades autónomas y en este caso especial a Andalucía.

El decreto de transferencias que data de 1981 señala que será competencia de la consejería "conocer e informar las propuestas de actuación del Instituto en zonas de interés nacional que afecten al ente autonómico, expropiaciones de tierras por causas de interés social o comarcas y fincas mejorables". Según las mismas fuentes, en la Consejería de Agricultura no se tenía conocimiento del tema.

Fincas revisadas

Mientras tanto, el pasado lunes técnicos del Iryda realizaron en la finca Somontes, de 632 hectáreas, propiedad de José Manuel Gamero Cívico, la revisión marcada en la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, comprobando que reunía las condiciones exigidas en cuanto a empleo, aprovechamientro general y cultivos. Pero el texto legal que se ha aplicado para abrir las diligencias previas, que desemboquen en la declaración de interés social y posteriormente en la expropiación, es la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973.La CNAG, por su parte, en un documento sobre las actuaciones del Iryda en la zona de Plama del Río, señala que este organismo ha sido incapaz de poner en riego fincas expropiadas anteriormente. "Así", indica el documento, "a cuatro kilómetros de Palma, se encuentran los riegos de Fuente Palmera, que ante la carencia de agua, no circunstancial de estos años por la sequía, sino de caracter estructural por la falta de pantanos y por su altura manométrica, jamás han sido regados ni seguramente lo podrán ser. En el caso de las expropiaciones de Genil Cabra, a 40 kilómetros de Palma, la actuación se realizó hace 12 años y todavía no se han puesto en riego y no se podrán poner por no haber previsto el Instituto la dotación de aguas para ella".

Finalmente esta oreganización indica que en la finca La Berduga, una de las implicadas, se produjeron el año pasado 1.400.000 kilos de trigo, tres millones de kilos de remolacha, 800.000 kilos de maíz, seis míllones de kilos de cebollas y 150.000 kilos de girasol, con un valor de 119.300.000 pesetas.