La información, el flanco débil del Gobierno

Cuando se le pregunta al portavoz del Gobierno en qué se ha podido notar el cambio en las relaciones informativas, Eduardo Sotillos responde: "¿Es poco cambio haber desglosado la información de las subvenciones económicas a los medios informativos?". Antes, la Secretaría de Estado para la Infomación compaginaba, entre sus actividades, las subvenciones económicas a los medios informativos con la referencia oficial de los consejos de ministros, la información relativa al Gobierno en general y al presidente en particular. Todo ello invitaba a la desconfianza del ciudadano.El portavoz del Gobierno afirma rotundamente su total desvinculación respecto a la política y a los comportamientos informativos de Radio Nacional, Televisión Española, la agencia Efe o de los jefes de Prensa de los Ministerios.

No hace mucho el portavoz gubernamental fue interrogado por el corresponsal en Madrid del importante The Wall Street Journal, ante medio centenar de periodistas extranjeros, sobre si es que "hay horror entre los funcionarios españoles a ser citados" o "cuándo se podrá llamar al Ministerio de Defensa sin tener que plantear un cuestionario previo".

Ante tales preguntas, el portavoz se limita a señalar que cada Ministerio sigue su propia política informativa. Un ejemplo de la mentalidad aún reinante entre algunos miembros del Gabinete de Felipe González lo constituye la respuesta del titular de Trabajo, Joaquín Almunia, cuando un periodista le preguntó quién sería el subsecretario de su departamento: "Estás listo si crees que de mí vas a poder sacar algún chisme".

El nuevo equipo niega haber hallado vestigio alguno del famoso fondo de reptiles. Uno de los datos que más llamaron la atención del recién nombrado director general de Medios de Comunicación Social del Estado, Francisco Virseda, fue encontrarse en la nómina de asesores del secretario de Estado para la Información a Gabriel Cisneros, diputado centrista, a razón de 250.000 pesetas mensuales. Aguirre niega que esta asesoría y su nómina sean ciertas. También la ex procuradora Belén Landáburu figuraba como asesora de la Dirección General de Régimen Jurídico del director general de RTVE.

Esta dirección general se ha dedicado preferentemente a dos tareas: velar por el cumplimiento de la potencia asignada a las emisoras de radio y preparar, primero, un decreto, y después, un proyecto de ley, para que sea el Parlamento quien fije los criterios para subvencionar a los medios informativos.

Problemas con la COPE

En la primera de estas cuestiones, Virseda asegura haber encontrado una pequeña pero tenaz guerra por las ondas, hasta el punto de que tuvo que advertir por escrito a la dirección de la cadena de emisoras de la Iglesia, la COPE, de que le retiraría el permiso de emisión si no dejaban de invadir el espacio radiofónico de los demás.En cuanto a la subvención económica, primero se ha elaborado un decreto-ley, que será aprobado en breve por el Consejo de Ministros, donde se mantiene la subvención al consumo de papel prensa español como medida protectora de la industria papelera nacional; se continuará pagando una cierta cantidad por número de ejemplares vendidos y se seguirá subvencionando la reconversión industrial. "Sólo que esta vez vamos a hacerlo en serio", añade Virseda.

En el futuro proyecto de ley, la Dirección General de MCSE pretende añadir ayudas indirectas por uso de teléfono, de télex y del servicio de correos, previa aprobación del Ministerio de Hacienda.

Por lo que se refiere al recinto presidencial de la Moncloa y la información oficial del Consejo de Ministros, Eduardo Sotillos cuenta con sesenta periodistas para redactar los comunicados oficiales y las referencias de los consejos, y asegura que atiende personalmente una media de cuarenta llamadas diarias de periodistas, entre un total de quinientas de las que se encargan Miguel Ángel Molinero, Francisco Martos y Manuel Roca.

Sotillos considera que no se excedió al hablar de "coincidencias sospechosas" cuando los medios informativos criticaron la actua. ción de José Luis Balbín, director de La Clave y José María Calviño a propósito de la suspensión del programa dedicado a "La izquierda en los ayuntamientos". "Lo dije entonces y lo mantengo ahora: hubo sospechosas coincidencias" que alcalzaron su mayor punto grotesco, añade, cuando determinado comentarista publicó aque llos días en La Vanguardia que el programa había sido suspendido después de que los responsables de Televisión revisaran la grabación del mismo, grabación que nunca existió.

Las coincidencias editoriales de los MCSE

Si la política informativa de Televisión Española ha acaparado las críticas de la mayor parte de los partidos políticos -socialistas incluidos, aunque siempre en privado- y de los estamentos sociales, la oposición parlamentaria de derecha -el Grupo Parlamentario Popular, que lidera Manuel Fraga, y el de la Minoría Catalana, de Miquel Roca- ha colocado recientemente en su punto de mira los veintidós medios de comunicación social del Estado (MCSE), antes encuadrados en la Cadena del Movimiento.Es éste un departamento dependiente del Ministerio de Cultura, cuyos responsables son la periodista Malén Aznárez y el gestor económico Antolín de Santiago. Cuando se hicieron cargo del departamento, en diciembre pasado, encontraron que los periódicos estatales habían acumulado un déficit, sin contar con el vespertino Pueblo, que se rige por un estatuto peculiar, de 2.876,3 millones de pesetas, de los cuales, 598,4 millones correspondían a los veintisiete periódicos de la cadena. La nueva dirección cerró cinco periódicos y destituyó a once directores.

Los criterios seguidos en todo el proceso de cambios y nombramientos se han basado, siempre según su responsable, Malén Aznárez, "en la profesionalidad de los periodistas. No hemos contratado a nadie", prosigue, "ajeno a las plantillas que ya existían, ni nos hemos fijado en si pertenecía al PSOE o no". Ninguno de los nuevos directores es militante socialista.

Durante la evaluación que la oposición realizó de los cien primeros días del Gobierno González, el tema de los MCSE salió varias veces a relucir. José Ignacio Wert, del Partido Demócrata Popular, acusó al PSOE de haber colocado al frente de los medios de comunicación estatales "a todos los que han dirigido El Socialista", acusación que Aznárez califica de "absoluta falsedad" y le reta a demostrarlo.

"Inspiración del Espíritu Santo"

Miquel Roca, por su parte, aseguró en el Congreso que su grupo guarda determinados recortes de editoriales de los MCSE en los que "se observan casualidades literales, tanto en uno del norte como en otro del sur, este u oeste de la Península". "Es posible", ironizó el líder catalán, "que se debiera a una casualidad fomentada por el Espíritu Santo o la Divina Providencia, que les inspiró a todos por igual, pero es posible que esto no sea así, y obedezca, como nos tememos, a una directriz de los intermediarios del Gobierno".El grupo parlamentario de Minoría Catalana ha efectuado una pregunta por escrito al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a la que aún no ha recibido respuesta.

Malén Aznárez responde que existe un contrato para los veintidós periódicos de la cadena, mediante el cual se remiten reportajes, artículos firmados y editoriales, que los directores incluyen o no, según su criterio. Y recuerda que esto mismo ocurría con los Gobiernos centristas "y nadie protestaba entonces". Roca, adelantándose a que la respuesta del Gobierno pudiera ser precisamente ésta de que los editoriales "tienen carácter voluntario", manifestó en aquella mencionada conferencia de Prensa que "no se cree nadie lo de la voluntariedad cuando uno trabaja y cobra del Gobierno que suministra los fondos del Estado". Más recientemente, el Grupo Parlamentario Popular, a través del diputado Gabriel Elorriaga, denunció que el Gobierno había resucitado, de hecho, la agencia Pyresa, extremo también desmentido categóricamente por Malén Aznárez.

El futuro de estos periódicos puede quedar resuelto en el plazo de un año, según anunció hace días el ministro de Cultura, Javier Solana. José Manuel Ponte ha sido designado para proceder a la enajenación de estos medios, que, en principio, se hará mediante una fórmula tripartita: una parte proporcional de la propiedad pasará a manos de los trabajadores; otra equivalente, a la Caja de Ahorros, y una tercera, al capital privado que esté interesado en su adquisición.

Por lo que respecta a la agencia Efe, la actuación de su presidente ejecutivo, Ricardo Utrilla, cuyo nombramiento suscitó cierta polémica en medios profesionales, no ha despertado mayores comentarios hasta el momento. Los únicos movimientos registrados en la agencia estatal han consistido en algunos nombramientos de mandos intermedios y en la contratación de los servicios de una empresa consultora que estudie la posible reestructuración futura.