Las empresas expropiadas del grupo Rumasa deben 11.977 millones de pesetas a la Seguridad Social

La deuda con la Seguridad Social de las empresas expropiadas del grupo Rumasa asciende a 11.977 millones de pesetas, según la información suministrada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, en su contestación a una pregunta del diputado del Grupo Popular, Eduardo Tarragona Corbella. Por otra parte, el director general del Patrimonio del Estado, Javier del Moral, no ha querido hacer ningún comentario sobre el requerimiento notarial que le ha enviado José María Ruiz-Mateos para que reconozca la inconstitucionalidad de la expropiación de Rumasa, según informa Efe.En su respuesta al Grupo Popular, el titular de Trabajo y Seguridad Social afirma que las empresas expropiadas de Rumasa tiene en la actualidad 75 aplazamientos de pago de cuotas por valor de 173 millones de pesetas, a los que hay que sumar 514 requerimientos por un importe global de 1.354 millones; 81 actas, por 1. 160 millones, y 1.371 certificaciones, por un importe global de 8.279 millones, y una deuda adicional de 1.010 millones más, por errores de cálculo en los modelos de liquidación, informa Europa Press.

Con respecto a la deuda total de las empresas españolas a la Seguridad Social, la respuesta del ministro indica que a 1 de diciembre último, la cantidad pendiente de cobro ascendía a 832.851 millones de pesetas, de los que un 7,10% correspondían a aplazamientos en el pago de cuotas.

"En la deuda", dice el ministro, "no figuran las cantidades correspondientes a las empresas declaradas insolventes por las magistraturas de Trabajo y, por tanto, son cantidades recuperables".

"A 1 de diciembre último", añade, "Ias certificaciones de descubierto o en vías de apremio ascendían a 513.166 millones de pesetas, cantidad que representa el 61,62% de la deuda total por cuotas, incluidos los aplazamientos".

Sobre la situación de morosidad con la Seguridad Social de empresas del sector público, la respuesta del ministro de Trabajo señala, textualmente, lo siguiente:

- Las deudas correspondientes a empresas dependientes del Instituto Nacional de Industria representan el 9,15% del total de la deuda, de la que el 64,6% corresponde a aplazamientos por reconversión industrial, previstos en la legislación vigente.

- Las deudas de las empresas municipales representan el 2,16%, y las correspondientes a los diversos organismos autónomos de la Administración del Estado, el 2,94% del total de la deuda.

La estafa en el Banco General

En lo que se refiere a la estafa del ex director del Banco General en Castellón, los clientes de esta sucursal, perteneciente al grupo Rumasa, recientemente incautado por el Gobierno, han mantenido una entrevista con directivos del banco a través de sus abogados. La asesora general adjunta del Banco General, María José Mora, comunicó a los abogados que representaban a los clientes que el banco quedaba a la espera de la resolución judicial y que hasta ese momento no se reintegraría cantidad alguna, según informa desde Castellón Nadal Escrig. En vista de las airadas protestas de los abogados, los directivos del banco prometieron mediar ante el Fondo de Garantía de Depósitos, para poder llegar a unos acuerdos que satisfagan las exigencias de los clientes.Toda la historia se inició cuando el pasado 8 de marzo se denunció en el Juzgado número tres de Castellón la desaparición del director de la sucursal del Banco General en Castellón, Alfredo Carlos Blasco Fillol. Inmediatamente, los clientes del banco, muchos de ellos amigos personales de Alfredo Blasco, denunciaron irregularidades en sus cuentas corrientes y libretas de ahorro, en las que figuraban cantidades que no se veían después reflejadas en los libros del banco. La cifra estafada por Alfredo Blasco podría sobrepasar los seiscientos millones.