Las ventas de gas natural se han convertido en un objetivo político de absoluta prioridad para el Gobierno argelino

A remolque de una discutida decisión adoptada en 1975 por la Administración española, las ventas de gas natural licuado argelino a nuestro país se han convertido en una especie de talón de Aquiles del actual Gobierno, heredero de un contencioso que ahora condiciona la voluntad, tanto de Madrid como de Argel, de globalizar sus relaciones. La reciente visita a Argelia del vicepresidente español, Alfonso Guerra, ha servido para acelerar la salida a un problema cuya solución es harto problemático prejuzgar, en la medida en que las exportaciones de gas son un objetivo político prioritario de los argelinos.El contrato establecido el 14 de agosto de 1975 entre los presidentes de Enagas, Luis Valero, y Sonatrach, Ait Laussione, fue considerado por la parte argelina como un modelo, en el sentido de una opción económica española que parecía destinada a hacer de esta materia energética el pivote de apoyo al desarrollo de la industria establecida en la región catalana.

En 1975 la fórmula de precio establecida hacía depender el precio de base (1,30 dólares el millón de unidades térmicas de norma británica BTU) de los valores medios de cotización del gasóleo, el fuel ligero y los fueles pesados, con dos variantes relativas al contenido en azufre, al que se añadía una fórmula correctiva basada en cinco divisas.

La complejidad de la fórmula de precio se evidenció de tal manera que en noviembre de 1979, a instancias de la parte española -entonces representada por Elías Velasco, el nuevo presidente de Enagas-, el ministro argelino Belkacem Nabi (el actual ministro de Energía) aceptaba suprimir la fórmula correctiva. Se decició entonces reajustar el precio, que pasaba a 3,42 dólares el millón de unidades BTU, hasta finales de junio de 1980.

En noviembre de 1979 se había acordado también un calendario de entregas, que preveía para 1980 la importación por España de 1.500 millones de metros cúbicos de gas natural licuado, que pasarían a ser 3.000 millones en 1981 y 4.500 millones (es decir, el pleno rendimiento del contrato) en 1982. Ni que decir tiene que en 1983 se plantea, en función del nivel real de consumo de gas natural por nuestro país, el regreso a las cantidades aceptadas para 1980.

Al establecerse el contrato, la parte argelina no sólo había obtenido que el documento incluyera la famosa cláusula take or pay (tome o pague) que le garantizaba un nivel fijo de entrada en divisas, sino que había logrado que la parte española aceptara, a título de modalidades de pago del contrato, que éstos se efectuarán en el U. U. Westminster Bank, de Londres, a la que se añadía, en el artículo 162 del documento, dos ofertas de crédito español: una, de 150 millones de dólares a libre imposición, y otra, de 300 millones de dólares (en pesetas) para financiar la importación de bienes españoles.

A esta flexibilidad de la Administración española de la época tendría que responder ahora, a título de esa voluntad política a que se refieren los dirigentes de Argel, una flexibilidad de Argelia, de manera a satisfacer los planteamientos del actual Gobierno español, que pueden reducirse a la simple frase pronunciada por Carlos Solchaga: "España no puede comprar lo que no puede consumir".

La situación financiera de Argelia no es tan mala como podía suponerse tras la última crisis de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A pesar de que el año pasado los argelinos vieron recortar en un 50% sus ventas de crudo, consiguieron mantener un alto nivel de crecimiento económico. Gracias a las exportaciones de gas natural a Francia, la balanza comercial dejó de ser deficitaria y logró un superávit. El recorte de entrada en divisas este año como consecuencia de la reducción del precio del barril de crudo OPEP va a ser compensado parcialmente por medio de la puesta en servicio del gasoducto mediterráneo entre Argelia e Italia. Este último país va a recibir gas natural no licuado por un montante de 10.000 millones de francos anuales.