El Gobierno está decidido a reducir el coste de financiación del déficit público con el apoyo de la banca privada
La Administración parece decidida a mantener el déficit del sector público en el nivel del ejercicio pasado y además presiona a la baja con todos los mecanismos a su alcance para lograr que el coste de financiación del mismo se reduzca sobre años anteriores. Para ello no ha dudado en ampliar el tope de emisión de pagarés del Tesoro -deuda pública a corto plazo- y eliminar la desgravación fiscal del 15% para la primera emisión de deuda pública a tres años que va a ponerse en circulación.
El Gobierno tiene en estos momentos un aliado particularmente interesado en el conjunto del sistema financiero privado que ha reconocido su imposibilidad de seguir generando beneficios sin hacer un esfuerzo importante en la reducción del coste del pasivo que capta de los particulares. Para poner coto al crecimiento indiscriminado que se venía produciendo en los dos últimos años, los consejeros delegados de los ocho grandes bancos, los siete privados más el Exterior de España, se pusieron de acuerdo a finales de año en no retribuir por encima del 13% los depósitos de clientes. Para los bancos filiales se aceptaba que se pagara medio punto más.Como colofón a este pacto del pasivo, los máximos responsables de los grandes bancos acordaron también participar en las subastas de pagarés del Tesoro, activos que pone en circulación la Administración para financiar parte de su déficit y que compiten directamente con los depósitos en los bancos, para presionar a la baja en los tipos de interés a que venían siendo colocados dichos pagarés. En las subastas realizadas hasta la fecha, el precio medio de los pagarés del Tesoro ha descendido en unos dos puntos, cumpliéndose parte de los objetivos que se había fijado tanto la Administración como la banca privada.
La presencia de la banca en estas subastas ha sido de tal magnitud que el Gobierno autorizó, en un primer momento, la sustitución de certificados de regulación monetaria -instrumento similar a los pagarés pero que sólo pueden ser adquiridos por instituciones financieras por éstos. La explicación era bien sencilla: el coste medio de los certificados de regulación monetaria estaba dos puntos por encima del de los pagarés.
Sin desgravación fiscal
En el último Consejo de Ministros se autorizó a incrementar en 250.000 millones de pesetas nominales la emisión de pagarés, de tal forma que el límite máximo en circulación para 1983 se fija en 650.000 millones de pesetas. A finales de 1982, primer año, en el que se emitieron pagarés del Tesoro, había un saldo de 115.000 millones de pesetas. La implantación de este instrumento financiero parece definitivamente consolidado a partir de este ejercicio.Por otro lado, dentro de la intención de reducir el coste de financiación del déficit del sector público y posiblemente corno cierta compensación a la participación de la banca en la compra de pagarés, el Gobierno ha decidido proceder a autorizar una emisión de deuda pública a medio plazo, tres años de amortización, que no contará con el sobreprecio de la desgravación fiscal.
En octubre del pasado año la Dirección General del Tesoro puso en circulación deuda pública sin desgravación fiscal a dos años de amortización y con un tipo de interés del 16%. Este precio pareció demasiado elevado a la banca privada, que manifestó su desacuerdo de forma ostentosa. La rentabilidad de la emisión quedó demostrada cuando, frente a los 20.000 millones de pesetas que se pensaban colocar en un primer momento, resultó que el público había realizado ofertas de compra por valor de 80.000 millones.
Abaratamiento de los costes
Aunque, en opinión del Gobierno, la actual emisión autorizada, por valor de 20.000 millones de pesetas ampliables, tiene un tipo de interés nominal alto (15,5%), que trata de compensar una parte de la rentabilidad real que se conseguía con la desgravación fiscal, lo cierto es que se pretende conseguir un abaratamiento importante de los costes de financiación. La emisión tiene un tipo de interés real medio punto, por debajo de la que más se parece entre las puestas en circulación en 1982. Además, la vida de esta emisión tiene un año más que la de octubre pasado.Faltan ahora por definir dos elementos importantes para completar el cuadro financiero para 1983. En primer lugar, si la desgravación fiscal desaparece para los títulos públicos de tres años de amortización, es preciso que la Administración se defina sobre qué se va a hacer con las emisiones de empresas y sociedades privadas, especialmente bancos, que también contaban con el aliciente de la desgravación para este mismo plazo. Además, habrá que dar a conocer qué emisiones tendrán desgravación -el Gobierno anunció que existirían- y qué número de años de amortización se exigirán para poder incluir la desgravación entre la rentabilidad real para el inversor.
