Una comisión del Congreso seguirá el 'caso Rumasa"

El Pleno del Congreso rechazó ayer tarde el texto alternativo del Grupo Popular al decreto de expropiación de Rumasa, que se tramita en el Parlamento como proyecto de ley. Durante la hora y media de debate se reprodujeron las posiciones y votos de las primeras sesiones parlamentarias sobre el asunto. Sólo el anuncio de solicitud de una comisión investigadora, realizado por el grupo enmendante y secundado por los socialistas, aportó algo de interés en un hemiciclo del que faltaron casi la mitad de los diputados.

Votaron en contra de la enmienda del Grupo Popular 188 de los 283 parlamentarios presentes en la votación: los del PSOE, PCE y PNV, en este caso también después de criticar los efectos de la expropiación. El Grupo Popular reunió 93 votos a favor, gracias a los centristas y a la Minoría Catalana, el único grupo que previamente no explicó su actitud. Como en la anterior ocasión, hubo dos abstenciones, al parecer de Francesc Vicens (Esquerra Republicana) y del socialista Alonso Brito.El debate no aportó ningún dato sobre la situación de Rumasa, ni durante el mismo fue reclamada información alguna al ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. Preguntado éste a la salida por los periodistas, quienes en los últimos días encuentran dificultades para obtener información debido a las severas instrucciones dadas a los nuevos responsables de Rumasa, el ministro se mostró seco y dijo sobre las expropiaciones definitivas que "esencialmente el objetivo se alcanzó con la lista inicial". Ante la insistencia sobre si van a ser expropiadas empresas en el extranjero, Boyer se limitó a pronunciar un "ya he contestado" y se marchó.

La anunciada solicitud de comisión investigadora fue presentada tras el pleno por el Grupo Popular. Piden los allancistas que esté integrada por siete diputados, con representación de todos los grupos de la Cámara. Su objetivo sería analizar y valorar los datos contables del grupo Rumasa, controlar el desarrollo y resultados de la intervención estatal, y proponer medidas a la vista de los resultados.

Portavoces del PSOE y de su grupo parlamentario informaron a este periódico que los socialistas han decidido también solicitar en la próxima Junta de Portavoces la formación de una comisión de encuesta. Según Javier Saenz Cosculluela, la dirección del grupo lo había acordado antes del pleno. Pedro Silva matizó que la composición y objetivos serán necesariamente distintos a los queridos por AP, debido a que la derecha promueve una comisión para el caso de la intervención de Rumasa, y el PSOE cuenta con que ya se ha efectuado la expropiación.

Intervención

En efecto, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular y votada en el pleno contenía, en sus cuatro follos de texto alternativo al proyecto de ley, cinco novedades principales: Intervención y control social del grupo en lugar de la expropiación, formar una comisión parlamentaria de investigación para controlar el grupo y proponer medidas adecuadas, realizar dos auditorías a cargo de la Intervención General del Estado (una sobre los datos a 18 de febrero y otra sobre la actuación del Banco de España), y habilitar los créditos necesarios para finalidades no expropiatorias.

Al defender este texto alternativo, el aragonés Hipólito Gómez de las Roces, en línea con sesiones anteriores, centró sus críticas en aspectos jurídicos sobre la forma de la actuación gubernamental. Dijo que se expropió antes de pensar las consecuencias y que ahora procede pasar de aquellas medidas extremas e injustificadas a otras cautelares, pues hoy no se sabe ni qué empresas formaban Rumasa.

El socialista Pedro Silva calificó la propuesta allancista de "artilugio jurídico" y "perfectamente insustacial". Argumentó que, ante el hecho de la expropiación, sobran los tres primeros artícullos del texto alternativo, relativos a la intervención, control de Hacienda, y comisión parlamentaria, sobre la cual anticipó que los socialistas serían sensibles a una propuesta acorde con el reglamento de la Cámara. Añadió que la intervención estatal no tiene competencias sobre las empresas privadas no subvencionadas, que la petición de información trimestral a los accionistas es de imposible cumplimiento y que otros artículos son adornos.

En las intervenciones de otros portavoces, Gabriel Cisneros (centristas) reclamó el informe del Banco de España sobre la situación de Rumasa que prometió enviar el Gobierno al Congreso. Fernando Pérez Royo (PCE) rechazó la intervención de Rumasa desde el punto de vista económico y práctico. José María Ollora (Minoría Vasca) afirmó que estructuralmente Rumasa está hoy en peor situación.