El ministro de Justicia estudia fórmulas sobre asistencia letrada planteadas por Guerra y Barrionuevo

El proyecto de ley de asistencia letirada al detenido se encuentra en este momento pendiente de la conformidad del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, a las fórmulas estudiadas en una reciente reunión a la que asistieron el vicepresidente Alfonso Guerra, el ministro del Interior, José Barrionuevo, y el propio Ledesma.

Por su parte, José María Mohedano anunció ayer que la Asociación pro-Derechos Humanos (APDH) que preside se dirigirá a Felipe González en caso de que la regulación sobre los derechos del detenido que en este momento prepara su Gabinete resultara "definitiva mente insatisfactoria" y no contribuye a la erradicación de las torturas que, según dijo, "continúan produciéndose en España".Mohedano señaló en una conferencia de Prensa convocada sobre estos temas, que la APDH, además de las gestiones ante "las máximas instancias del Gobierno socialista", estudiará otras medidas, dentro siempre del estilo general de la asociación de utilizar "fórmulas de convicción y de persuasión" que descartan, en principio, movimientos de masas o manifestaciones. Entre otras medidas concretas, contempló la posibilidad de adelantar el dossier anual sobre malos tratos y torturas, para utilizarlo en las entrevistas que se celebren con el Gobierno y con los grupos parlamentarios, en el caso de que los proyectos de ley sobre asistencia letrada y habeas corpus queden desnaturalizados respecto a los correctos textos iniciales.

Preguntado sobre la posibilidad de que el período de detención policial se divida en dos etapas, una primera sin asistencia de abogado, -en la que el interrogatorio no sería usado contra el detenido, sino sólo como instrumento para la investigación policial o la aprehensión de otros presuntos delincuentes- y una segunda, con asistencia letrada, Mohedano calificó esta fórmula de "maquiavélica y alejada de la realidad, por lo que, además de inadmisible, resultaría ineficaz".

El presidente de la APDH destacó que la responsabilidad del Gobierno es colegiada y que tienen importancia relativa las dificultades entre los ministros. "Los problemas políticos subyacentes no se pueden imputar a un sólo ministerio y ni siquiera a nivel de ministros. Para que prevalezcan los criterios de Interior es preciso que este departamento goce de apoyos suficientes en la cúpula del Gobierno". En todo caso, aseguró que la oposición procede de los cuerpos de seguridad, que se niegan a aceptar la filosofía constitucional sobre el alcance de la detención.

"Siguen las torturas"

El presidente de la APDH insistió en la importancia de ambos proyectos de ley, ya que aseguró que en nuestro país "se siguen produciendo torturas", aunque puntualizó que tales torturas no son atribuibles a los cuerpos de seguridad en su conjunto, pero sí a individuos concretos de los mismos.Citó varios casos concretos de denuncias por presuntas torturas, tras precisar que el número de denuncias es muy inferior al de los casos que se producen. Entre otros casos, como el de las supuestas torturas de la Guardia Civil a unos marineros de Blanes (Gerona) anticipado por este periódico el 22-3-83, citó las producidas en enero de este año en Irún y Eibar y, como ejemplo significativo, mencionó el de Alejandro María Lacunza, que el pasado mes de febrero declaró ante el juzgado de instrucción central número 5 que había sido objeto de un trato correcto por la policía, "que sólo le había puesto la pistola en la cabeza y en los testículos y le había dado unos cachetes".

Mohedano recordó las entrevistas mantenidas con el ministro de Justicia y, más tarde, el 21 de enero, con el de Interior, "quien después de decirnos que colaboraramos a la búsqueda de soluciones no nos ha vuelto a llamar", y se refirió a los últimos borradores conocidos en los que la regulación de la asistencia letrada es "irreconocible" -especialmente por no mantenerse el principio de la irrenunciabilidad- y la del habeas corpus ha sufrido importantes restricciones.