"Para atajar irregularidades no bastan las leyes que hay", dice el delegado provincial del MOPU

"Para atajar las irregularidades detectadas en torno a la adjudicación, ventas ilegales, pisos no ocupados, etcétera, de viviendas de protección oficial, no basta con los mecanismos de que disponemos en los ámbitos civil y administrativo, y pensamos que sería necesario crear un marco legal superior, pero la posible tipificación penal de esas conductas no corresponde al MOPU", afirmó el sábado el actual delegado provincial de Obras Públicas y Urbanismo de Madrid, Santiago de la Fuente. Sin nombrarlo, es demasiado pronto para ello, el delegado se refería a la idea básica de que un instrumento fundamental para erradicar el problema es tipificar la venta ilegal de pisos y otras prácticas irregulares como delitos sociales, incluidos en el Código Penal. El tema está siendo tratado en el Instituto de Promoción Pública de la Vivienda y otros orga nismos ministeriales.De la Fuente tomó posesión del cargo el 16 de diciembre de 1982. En este tiempo, según de ciaró, se han puesto en marcha varios mecanismos de control que, aunque parciales, están dando resultados. "Antes de adjudicar nuevas viviendas se solicita a la Delegación de Hacienda y al Colegio de Registradores que nos informen si el beneficiario tiene ya alguna otra" dice el delegado, "y creemos que esta investigación será eficaz, al margen de que las adjudicaciones se hacen ahora exigiendo el cumplimiento de una serie de requisitos muy rigurosos. Aunque éstas son actuaciones parciales", afirmó De la Fuente, "son necesarias en tanto no llevemos a cabo un censo global y unificado de todas las viviendas construidas por la Administración, juntamente con sus beneficiarios. Entonces podremos comprobar si ha habido casos, y cuántos son, de adjudicaciones irregulares".. La Delegación tiene previsto realizar una especie de lista negra de personas que, por sus irregularidades comprobadas, quedarán excluidas de la posibilidad de acceder a una vivienda oficial.

Aunque de escasa entidad, la Delegación tiene medios con que ejercitar el control del parque de viviendas. Los pisos que permanezcan vacíos por espacio de un mes después de su entrega, a no ser que dispongan de una justificación convincente, pueden revertir de nuevo al Ministerio para ser adjudicadas de nuevo. El delegado insistió en que la colaboración de las asociaciones de vecinos y demás entidades ciudadarías será esencial para el cumplimiento de estos objetivos.

En los casos de venta ilegal de pisos, la Delegación seguirá dos líneas de actuación. Contra el vendedor, si se le localiza, la apertura de un expediente sancionador, que puede llegar a imponer multas por importe máximo de un millón de pesetas, además de obligarle a la devolución de la cantidad cobrada que exceda al valor de la vivienda. Respecto al comprador, las actuaciones se amoldarán a su condición personal. Si la adquisición se ha realizado con fines especulativos, la Delegación recuperará la propiedad. Si la familia en cuestión, al margen de la vía de acceso, tiene necesidad de una vivienda digna, se optará por legalizar la situación. "Por encima de las exigencias burocráticas", afirmó De la Fuente, "tendremos en cuenta las necesidades reales de la población".