El Tribunal Supremo ratifica la nulidad de las instrucciones para el reparto de 800 millones de pesetas entre los sindicatos

El Tribunal Supremo ha ratiricado la sentencia de la Audiencia Nacional (véase EL PAIS del 30 de noviembre de 1982) que declaraba nulas las instrucciones para el reparto de los ochocientos millones de pesetas entre los sindicatos, consecuencia del pacto alcanzado paralelamente a las negociaciones del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) entre la Administración y las centrales CC OO y UGT. La decisión de la Audiencia Nacional daba respuesta al recurso interpuesto por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) contra dicho reparto.

La CNT había presentado recurso contencioso Administrativo contra el reparto de los ochocientos millones de pesetas anuales que durante tres años se llevaría a cabo entre los sindicatos CC OO, UGT, ELA-STV e INTG. La Audiencia Nacional declaró en su sentencia nulas las instrucciones por considerar que el criterio de representatividad que el Ministerio de Trabajo había tenido en cuenta para la distribución de estos fondos era contrario al precepto que entregó la subvención y determina la exclusión de los demás sindicatos. La sentencia consideraba que esta exclusión suponía una violación del principio de igualdad formulado en al artículo 14 de la Constitución. Según fuentes de la CNT, el Tribunal Supremo ratifica ahora la sentencia dada en su día por la Audiencia Nacional, anulando las instrucciones cursadas por el Ministerio de Trabajo para el reparto de los ochocientos millones.El Ministerio de Trabajo, al proceder a la distribución de los fondos consideró que sólo debían tenerse en cuenta a aquellos sindicatos que ostentaran más del 10% de representatividad a nivel nacional y el 15% en el ámbito autonómico. Criterios que el Estatuto de los Trabajadores establecía de cara a la representatividad institucional. En virtud de los mismos se incluyó como sindicatos beneficiaros a CC OO, UGT y USO, como centrales de ámbito nacional, y a ELA-STV e iNTG como centrales suficientemente representativas en sus respectivas nacionalidades -País Vasco y Galicia-.

Devolución de los fondos

Al haber pedido la CNT la aplicación de la sentencia, el Ministerio de Trabajo, según fuentes jurídicas, está obligado a requerir de las citadas centrales la devolución de los fondos entregados hasta ahora, con el fin de establecer nuevos criterios para su distribución. De acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Trabajo, para 1982 a CC OO le correspondían341 millones de pesetas; a UGT, casi 324 millones; 96 millones a USO; veintisiete inillones a ELA-STV y once millones a la Intersindical de Trabajadores Gallegos.

No obstante, el subsecretario de Trabajo, Segismundo Crespo -que afirmó que el Ministerio estaba dispuesto a cumplir en todos sus términos la sentencia del Tribunal Supremo- confirmó a este periódico que aún no han sido librados unos 96 millones de pesetas, correspondientes al tercer trimestre (esta cantidad sería distribuída entre el resto de los sindicatos). Añadió que en los próximos años -el acuerdo tiene una vigencia de tres- se aplicarán criterios basados en lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores.

No obstante, otras fuentes han negado que la propuesta de Segismundo Crespo pueda llevarse a la práctica, dado que lo que anula la sentencia es el procedimiento seguido y en consecuencia, habrían de establecerse en primer lugar nuevos criterios de reparto para su posterior distribución.

Si se obligara a los sindicatos a reintegrar las cantidades recibidas, se les colocaría en una situación económica angustiosa, dada la escasez de medios que han venido padeciendo.

Aunque los ochocientos millones, tal como aparecieron en los Presupuestos Generales del Estado habían de ser utilizados en actividades socioculturales, la difícil tesorería de los sindicatos ha obligado a la Administración a mostrar cierta tolerancia sobre su destino, y en muchos casos han sido utilizados para reforzar la estructura interna de las centrales sindicales o paliar su escasez de medios materiales.