Debate en el Senado sobre la constitucionalidad de la despenalización del aborto

El Grupo Popular logró ayer que el debate que en su día debe producirse en el Congreso sobre la despenalización del aborto se suscitara con toda su virulencia en el Senado, a partir de una interpelación al Gobierno sobre este tema. El uso por parte del senador navarro Alfonso Añón de la palabra asesinato para referirse al aborto -"se hable de él en un juzgado o en esta cámara"- provocó una enérgica intervención del presidente de la Cámara, José Federico de Carvajal, que la consideró un insulto a los senadores y a él mismo. Quince senadores del Grupo Popular abandonaron la Cámara en señal de protesta por lo que consideraban una "actitud partidista de Carvajal".

El adelanto del debate sobre el aborto fue forzado por el Grupo Popular a partir de una interpelación al Gobierno del senador Félix López Hueso, "sobre declaraciones de los miembros del Gobierno en relación con el aborto y su posible despenalización". En una larga intervención, que cargó en momentos de tintes dramáticos y que fue interrumpida por aplausos del Grupo Popular y muestras de reprobación desde los escaños socialistas, en algunos casos, el doctor López Hueso señaló que la posibilidad de modificar la normativa sobre el aborto "supondría una contradicción flagrante del más elemental de los derechos humanos, cual es el derecho a la vida, protegido por el artículo 15 de la Constitución y recogida su protección en la declaración universal de los derechos humanos".Para el senador del Grupo Popular, la Constitución española sería vulnerada "si se invocara para tal crimen una indicación eugenésica", puesto que su artículo 49 da un mandato a los poderes públicos para que realicen "una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos". Asimismo considera que el artículo 15 de la Constitución, al comenzar enunciando el derecho que todos tienen a la vida "hace tal declaración anteponiendo tal derecho al que se tiene a la personalidad, que es consecuencia de tener la vida que la origina".

"El mismo Código Civil establece", afirmó, "que el nacimiento determina la personalidad; pero la vida se originó ya antes, e incluso esa personalidad puede retrotraerse jurídicamente a la concepción para todos aquellos efectos que sean favorables al niño que ha de nacer". Y añadió que el ser humano se origina "con todas sus características propias", según la ciencia biológica y genética, en el momento de la concepción. Manifestó el senador López Hueso que la cifra de 300.000 abortos clandestinos que, según el fiscal general del Estado se producen al año en España "aparece claramente manipulada, ya que nadie puede hacer estadísticas fiables" y añadió que nadie puede creer que los abos5tos clandestinos supongan la mitad de la media 600.000 nacimientos al año.

En la réplica, el ministro. de Justicia, Fernando Ledesma, comenzó por recordar que el proyecto del Gobierno no despenaliza el aborto en términos absolutos. "La prueba de ello", dijo, "es que los artículos del Código Penal referentes al aborto y contenidos dentro del título relativo a los delitos contra las personas, permanecen inalterables. Lo que de acuerdo con el Código Penal actualmente vigente es delito, y por ello sigue siendo delito, en principio, el aborto practicado

por tercero, con o sin consentimiento de la embarazada, el practicado por la propia embarazada, así como incluso el denominado aborto honoris causa".

Se refirió el ministro de Justicia a los tres supuestos de aborto despenalizados, "en los que la libertad de la persona está garantizada porque, en todo caso, se necesitará, evidentemente, el consentimiento de la embarazada y el del médico o médicos que intervienen, contra cuya voluntad nunca podrá ser exigida esa intervención". Ledesma afirmó que es necesario afrontar el debate del aborto sin dejarse llevarse por la carga emocional y "sobre todo", enfatizó, "es imprescindible no encubrir ideologías y creencias morales con planteamientos científicos que no son absolutos ni universales".

"El delito básico del aborto se mantiene", dijo el ministro, "pero el Estado no incide con la fuerza del Derecho Penal sobre el comportamiento de la mujer que decida abortar en algunos supuestos o circunstancias especiales establecidos concretamente". Al referirse al artículo 15 de la Constitución, señaló que el problema que hay que resolver es el de si la vida en formación está comprendida dentro del citado artículo que afirma topos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Afirmó el ministro que entiende, en coincidencia con un importante sector de la doctrina, que la Constitución española no ha resuelto este problema. "Creo sinceramente", dijo, al referirse a la palabra todos del citado artículo, "que fue una alternativa a todas las enmiendas que se suscitaron y que intencionadamente el legislador constituyente quiso dejar abierto este tema. No hay, por consiguiente, en la Constitución una respuesta unívoca y terminante al problema".