Pujol rechaza una sobrevaloración en los traspasos y bloquea las reuniones de la comisión mixta Gobierno-Generalitat

La parte catalana de la Comisión Mixta de Valoraciones de Transferencias Administración del Estado-Generalitat ha decidido suspender hasta nuevo aviso las reuniones con la parte gubernamental, en señal de desacuerdo con la actitud de la Administración socialista de pretender recortar, "sin aportar criterios convincentes", las valoraciones pactadas en el seno de aquella comisión en febrero de 1982.

El presidente de la parte catalana, Ramón Trias Fargas, culpó a la parte gubernamental de "filtraciones tendenciosas" a la Prensa, refiriéndose a las versiones periodísticas que atribuían a los negociadores catalanes una predisposición a reconsiderar sus posiciones y al documento publicado por EL PAIS (véase la edición del 4 de marzo) en el que se recogen los desacuerdos gubernamentales. Según Trias, este documento es un estudio "que no merece ningún respeto técnico".El presidente Jordi Pujol, que presidió ayer una conferencia de prensa en la Generalitat para abordar específicamente este tema, señaló que ellos no estaban "para buscar broncas ni para pelearse con Madrid". "Nuestro interés", añadió, "ha sido siempre mantener un clima de relación y negociación con el Gobierno central lo más positivo posible, sin poner en primer plano los temas polémicos, que preferimos resolverlos a través de negociaciones". Sin embargo, es el momento de explicar a la opinión pública que están inquietos por el tema de las valoraciones, porque "la preocupación ha alcanzado una intensidad y un grado importantes". En todo momento Pujol insistió en que confiaba en que se llegaría a un acuerdo. Llegó a matizar algunas expresiones de Trias, concretamente, al precisar que no se criticaba a la Prensa, que no había elucubrado nada, sino que había recogido versiones oficiosas.

Puso mucho énfasis en señalar que lo que estaba en juego eran las inversiones que podría hacer la Generalitat -"el nuevo puente de Tortosa, aquel pabellón deportivo, una escuela para disminuidos"-, que se vería obligada a recortar si las valoraciones sufren una reducción. Los 126.518 millones de pesetas valorados por la Comisión Mixta para el ejercicio de 1982 y los 11.000 millones por atrasos correspondientes a la anualidad anterior fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar y aprobar el presupuesto de la Generalitat para 1982, destacando Pujol el absurdo que supone que con efectos retroactivos se pongan en cuestión estos ingresos, cuando una parte ya ha sido gastada y otra comprometida. "Así no podremos hacer nunca nuestros presupuestos", señaló.

La tesis oficial de la Generalitat es que la Comisión Mixta es el único organismo competente para fijar el porcentaje de participación de Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y con la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y que la decisión de aquel organismo no puede ser revisada. Se trata, afirmó Pujol, de una decisión institucional entre la Administración del Estado y la Generalitat, no entre Unión de Centro Democrático y Convergéncia i Unió, que no puede ponerse en duda porque otro partido haya accedido al poder. Las Cortes, añadió, deben limitarse a aceptar o rechazar la valoración, pero no pueden alterarla. Reclamó del Gobierno socialista la inmediata presentación en el Congreso del correspondiente proyecto de ley, para que allí sea aceptado o rechazado.

Pujol confía en el acuerdo

Pujol expresó su confianza en que la suspensión de las reuniones de la Comisión Mixta "abra una vía de meditación en Madrid, donde también deben estar interesados en que el Estado de las autonomías funcione". En cualquier caso, los contactos no oficiales podrán seguir manteniéndose, "y el Gobierno puede enviarnos nuevos documentos, que estudiaremos". El presidente de la Generalitat se mostró abierto a una rediscusión de la metodología aplicada para calcular las valoraciones para los ejercicios de 1983 y siguientes, pero no considera procedente reconsiderar lo calculado para 1982 porque, insistió, ya está gastado o comprometido.El Parlamento catalán, sin oposición, aprobó los 126.000 millones en la partida de ingresos del Presupuesto de la Generalitat para 1982. Debería ser el Parlamento el que ahora reconsiderase esa aprobación, lo que consideró poco probable. El presidente Pujol piensa escribir una carta al presidente del Gobierno exponiéndole las principales preocupaciones del Consell Executiu, esencialmente las valoraciones pendientes y el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 1983, que considera "injustificado". Hasta que no se conozcan las grandes magnitudes de aquél, la Generalitat no podrá elaborar su propio presupuesto. "Existe el riesgo de que el Parlament no pueda aprobarlo hasta después del verano; y esto es malo para el país, porque sólo tendremos tres meses para aplicarlo".

Trías Fargas negó que la parte catalana hubiera expresado en la primera y única reunión de la Comisión Mixta con la nueva Administración socialista su predisposición a reconsiderar la valoración de febrero de 1982. "Nos mantuvimos y nos mantenernos firmes en que los acuerdos son válidos y con fuerza institucional; nuestra disposición al diálogo no es una predisposición claudicante", afirmó Trías, quien añadió: "Estamos dispuestos a hablar, pero no aceptamos que las valoraciones sean excesivas. No nos cerramos a la posibilidad de que, si nos llega un nuevo papel de Madrid, lo estudiemos y si es convincente lo tengamos en cuenta, pero nuestra posición actual es mantenernos en que las valoraciones son correctas y deben tramitarse como proyecto de ley". El Gobierno anterior tramitó dicho proyecto de ley, pero las Cortes se disolvieron sin llegar a ser aprobado. Ya entonces el PSOE presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo, que suponía un recorte de 21.000 millones. La Generalitat cubre sus necesidades financieras gracias a que cada mes el Gobierno transfiere 5.300 millones de pesetas a cuenta, pero esta cantidad no ha llegado todos los meses y puede acabarse con el fin de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Documento insolvente

Para Trias Fargas, el documento filtrado, según él por el propio Gobierno (véase EL PAIS del 4 de marzo), no es de recibo. "Tiene deficiencias técnicas evidentes, por lo que no contiene argumentos que nos obliguen a reconsiderar nada", afirmó. Citó, como ejemplos descalificadores dcl documento, que éste habla de una sóbrevaloración que oscilaría entre 18.000 y 25.000 millones..Tampoco considera correcto que se atribuya a inversiones nuevas (que no son transferibles) el 80% del total, cuando la experiencia internacional demuestra, según afirmó, que. las inversiones nuevas son el 20%, y las de reposición (que sí son traspasables), el 80%. Trias afirmó que en el fondo de toda esta polémica está la oposición de algunos cuerpos de funcionarios, que se resisten a causar baja de la Administración central para pasar a la autonómica. "La misma LOFCA afirma que no se pueden financiar las autonomías si no se rebajan los costes centrales, traspasando funcionarios, y a eso es a lo que se oponen", aseveró.