La Generalitat mantiene que el tercer canal empezará a emitir en otoño

La Generalitat está decidida a que el tercer canal de televisión esté en marcha el próximo otoño. A pesar de que la infraestructura no estará ultimada, los responsables de la televisión autonómica piensan alquilar una nave industrial para iniciar desde allí, de manera provisional, las emisiones. Estas tendrán una cobertura limitada al área metropolitana de Barcelona. La empresa encargada de dirigir la ingeniería del proyecto, Companyies Associades de Serveis Tècnics, Societat Anònima (CAST), estima que una antena en el Tibidabo permitirá cubrir el 67% de la población de Cataluña dada la aglomeración urbana de la zona.

El proyecto que dirige CAST supone aspectos arquitectónicos (la construcción de los estudios en Sant Just), de equipamiento y de infraestructura, como la red. Para la citada firma consultora, levantar los estudios de Sant Just resulta una tarea mucho más compleja que organizar la red de reemisores y repetidores de la señal televisiva. Sant Just constará de dos edificios. Uno estará destinado a los espacios informativos y servicios generales de administración, y al lado de este bloque -que tendrá un sistema de alta protección- un segundo edificio albergará los platós para la producción de dramáticos.Ramon Bassas, gerente de CAST, ha manifestado a este diario que estos platós podrán tener un uso plural y estar abiertos a la industria cinematográfica. Este uso múltiple facilitará a la industria cinematográfica una infraestructura de la que ahora carece. Se da la circunstancia insólita de que el responsable de los temas cinematográficos de la Generalitat, Miquel Porter, hizo una pregunta al Parlamento catalán, como diputado de Esquerra Republicana, sobre los proyectos del tercer canal que pudieran afectar a la industria del cine, hecho que demuestra una escasa coordinación entre departamentos y una obvia incomunicación.

Promoción oficial

La decisión sobre la red de reemisores y repetidores dependerá del resultado de las conversaciones que se mantengan con Televisión Española. Según explica Bassas, si el tercer canal envía su señal a la antena del Tibidabo por fuerza debe seguir el mismo plan de instalaciones que TVE, ya que el mapa de reemisores no es gratuito y está pensado en función de la orografía catalana. "A partir de la evidencia de que nosotros también necesitaremos un repetidor en Rocacorba, como TVE, caben tres soluciones: una total integración en la infraestructura de TVE, una total separación -duplicando las instalaciones- o un convenio intermedio. Nosotros nos hemos limitado a centrar el tema y ahora les corresponde a los políticos negociar la solución final. Técnicamente es aconsejable que se llegue a un acuerdo amplio, aunque es lógico que TVE no de facilidades a un futuro competidor".CAST considera que la oferta realizada por José Maria Calviño al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de regalar la ingeniería del proyecto, es una oferta imposible -"una boutade"- ya que Prado del Rey carece de una oficina de consulting tecnológico.

Dependencia externa

La firma catalana que se ha hecho cargo del proyecto del tercer canal ha subcontratado los servicios de la empresa francesa Sofratef para la asesoría en determinados aspectos técnicos. Ramon Bassas considera que aunque debe aprovecharse la creación del tercer canal para fomentar la industria electrónica española, es totalmente imposible evitar una dependencia externa. Con todo, se procurará hacer peticiones que puedan facilitar la incorporación de tecnología española. "Así, por ejemplo, si en lugar de convocar un concurso para la adjudicación de unidades móviles completas, que es un lote que pueden ofrecer muy pocas empresas y extranjeras, se oferta por separado la automoción y el equipamiento, en algunas de las partes constitutivas de las citadas unidades móviles pueden intervenir empresas españolas". En Prado del Rey se califica de despilfarro el rechazo de la oferta de Calviño.En algunos medios económicos se considera a CAST como una empresa promocionada por la Generalitat. Como hubo un concurso público, Ramon Bassas rechaza esta etiqueta: "La Generalitat reunió al subsector de la ingeniería catalana para plantear la necesidad de crear firmas potentes que pudieran hacerse cargo de proyectos de gran envergadura. La ingeniería catalana estaba acostumbrada a depender del cliente privado porque aquí no existía un poder autonómico. Cinco de estas empresas decidieron juntarse con tal fin. CAST sólo trabaja en proyectos para la Administración o extranjeros, y no acude al mercado privado español. Nos hemos presentado a todos los concursos convocados por la Generalitat y hemos perdido muchos más que los ganados. No se trata, pues, de una empresa promovida por la Generalitat, sino de un grupo que aceptó una propuesta institucional de la misma manera que se producen reconversiones en otros sectores".

CAST se creó en 1981 con un capital social de 15.300.000 pesetas, figurando como suscriptores de las acciones las siguientes sociedades anónimas: Pamias, Ingeniería Industrial; Ingeniería de Planificaciones y Procesos Barcelona; Informe y Proyectos; Equipgas e Indus, Ingeniería y, Arquitectura. Algunos de estos socios tienen vinculaciones con FECSA o Hidroeléctrica de Cataluña, pero Bassas considera que esto no supone una presencia de estas últimas empresas en la consultora CAST.

Aspectos jurídicos

La última visita del director general de RTVE, José María Calviño, levantó una enorme polémica al manifestar en su conferencia Prensa, que las emisiones del tercer canal autonómico tardarían tiempo en ser realidad ya que jurídicamente era necesaria la existencia de una ley marco del parlamento español que regulara la existencia genérica de los canales de televisión autonómicos. Según Calviño, sin esta ley marco la Generalitat no puede proseguir con el proyecto. Por otra parte, también anunció que la emisión de deuda pública aprobada por el Parlamento catalán para financiar el tercer canal no podía llevarse a cabo ya que todavía no está creado el ente receptor de los caudales que generará.Acerca de la necesaria existencia de una ley marco para los futuros canales de televisión autonómica en España, no existe todavía un criterio legal preciso, según constatan las fuentes jurídicas consultadas por este diario. Todos consideran que defender o no su necesidad es una opción política. Josep Maria Puig i Salellas, jurista que intervino en la redacción del estudio jurídico del proyecto de Estatut catalán, firmado el 3 de octubre de 1979 y entregado al entonces presidente Josep Tarradellas, considera que si el Gobierno central quiere proseguir una política armonizadora puede intentar recortes en los estatutos, que son leyes orgánicas, elaborando otras leyes orgánicas que limiten el alcance de aquel. Sin embargo, para el caso de la televisión el citado jurista considera que no entra en las materias fijadas por la Constitución (artículo 81) para su tratamiento a través de leyes del citado rango o que, como mínimo, vulnera el espíritu constitucional. Puig i Salellas estima que la aprobación de una ley marco sobre el tema televisivo sería un caso más de loapización.

Dentro siempre de estas consideraciones políticas más que jurídicas, el PSOE considera que no tiene sentido regular separadamente la concesión de cada uno de los terceros canales autonómicos. Defiende una ley general para todos que sea válida incluso para autonomías que quizá jamás se planteen tener una televisión propia. Por otra parte, para que este criterio de racionalidad política no pueda entenderse como una maniobra de paralización expresa del tercer canal catalán, está dispuesto a agilizar la aprobación de la citada ley. Algunas personalidades socialistas han comentado que su negativa a la existencia de televisiones privadas hace más urgente la existencia de estos canales autonómicos, con el objeto de incrementar la oferta televisiva, al margen de que procuren garantizar tal pluralidad en RTVE.

Iniciativa parlamentaria

Para Jaume Casajoana, director general del Régimen Jurídico de la radiotelevisión catalana, lo único que debe hacer el Gobierno central es autorizar el disfrute de ese bien público que es el espacio radioeléctrico. Los artículos fundamentales barajados en la polémica son el artículo 2 del Estatuto de Radiotelevisión, el 16, y la transitoria octava del Estatuto de Cataluña. El Estatut reconoce a la Generalitat la facultad de desarrollar legislativamente y ejecutar el régimen de radiotelevisión en el marco de las normas básicas del Estado, y en los términos y casos establecidos en la ley que regule el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión. El propio Casajoana reconoce deficiencias técnicas que dan pie a que algún sector pueda postular la necesidad de una ley marco, postulacíón que procede, según él, de una lectura forzada.Por otra parte, el hecho de que la transitoria octava precise que se necesita una concesión para la utilización de un bien de titularidad estatal, no significa para Casajoana otra cosa que una ley de autorización. El que se precise este trámite en una transitoria -que connota provisionalidad de una situación- favorece, siempre según el director general, su argumentación. El artículo 2 del Estatuto de RTVE prevé que el Gobierno podrá conceder a las Comunidades Autónomas, previa autorización por Ley de las Cortes Generales, la gestión directa de un canal de televisión de titularidaid estatal. Que esta Ley sea de simple autorización o deba ser una ley marco, es el punto susceptible de interpretaciones políticas.

Todos los grupos del Parlamento catalán han suscrito la presentación en el Congreso de un proyecto de ley que autorice al Gobierno a otorgar la concesión a la Generalitat de un tercer canal de televisión de titularidad estatal. La fórmula propuesta sigue el criterio de una ley de autorización para Cataluña, y no el de una ley marco general. En el articulado propuesto se considera que la cesión no tendrá más condicionamientos en el contenido y horarios.de emisión que los derivados de las normas básicas aprobadas por las Cortes o por el Parlamento catalán. Se creará una comisión mixta para estudiar el montante de la subvención que la Administracion deberá dar al tercer canal y se especifica que el Gobierno atribuirá a la Generalitat la potencia y la frecuencia adecuadas y suficientes para la cobertura de todo el territorio de Cataluña.

En el artículo quinto se prevé la posibilidad de que RTVE y la Generalitat puedan establecer convenios sobre conexiones de emisiones entre las diferentes cadenas, uso y mantenimiento de la infraestructura de la red de enlaces, repetidores y microondas, y sobre1a recepción de los servicios internacionales de noticias y transmisiones. La propuesta prevé, asimismo, el control parlamentario del funcionamiento del tercer canal. Por otra parte, una disposición adicional del Estatuto de RTVE condiciona la puesta en marcha de canales autonómicos a que se haya extendido "la cobertura técnica de ambas cadenas a todo el territorio español". Un director general de RTVE, Fernando Castedo, anunció durante su mandato que se haría una interpretación no restrictiva de esta condición ya que es prácticamente imposible la citada cobertura total. Con motivo del Mundial se amplió esta cobertura para Cataluña hasta niveles ya aceptables.

Proyecto de programación

Acerca de la programación que hará el futuro tercer canal, existe una lógica reserva dada la relativa lejanía de las emisiones. Se han hecho consultas a distintos profesionales (acerca, por ejemplo, de la posible programación de tres filmes por semana doblados al catalán). Según Ramon Bassas, se prevé llegar, de forma gradual al mismo número de horas de emisión semanal que el primer canal de TVE y con una horario parecido. Entre los proyectos barajados, pero de los que no hay tomada ninguna decisión, figura la posibilidad de facilitar un servicio de tele-tex que supliría, provisionalmente, una programación completa de informativos. Fuentes del tercer canal, sin embargo, han negado que se trate de un proyecto en firme.