Los números de la polémica

Al trascender la existencia de una polémica administrativa sobre la valoración de transferencias a Cataluña, el anterior ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, declaró a este periódico que las discrepancias respondían principalmente a que diversos ministerios no habían dado de baja, una vez efectuado el traspaso de competencias, los gastos de funcionamiento y personal encargado de las funciones de apoyo, dirección y coordinación de los servicios transferidos. Se trataría así de los llamados costes centrales, que determinan el dinero a transferir, junto a los costes periféricos y los gastos de inversión.El informe puesto ahora sobre la mesa por el Gobierno indica que parece de toda fiabilidad la valoración de los costes periféricos. Añade que, en cualquier caso, si se duplicara la estimación de los costes centrales, ello supondría una cifra de 450 millones de pesetas, pues este tipo de gastos apenas suponen, en muchos casos, un 10% de los periféricos.

Donde los expertos encuentran mayores problemas es en los gastos de inversión, debido a la dificultad de distinguir -no hubo acuerdo unánime entre los redactores del documento- entre la inversión nueva y la de reposición (es decir, conservación, mejora y sustitución). Además de su origen, inclinarse por una u otra tiene efectos diversos, como reducir la base del Fondo de Compensación o proporcionar menor financiación básica a los entes territoriales.

A este respecto, detectan unos 27.663 millones de pesetas procedentes de conceptos incluidos en las valoraciones sin haber sido traspasados los servicios: 11.840 en obras hidráulicas, 3.986 en instituciones penitencias, 3.680 en transporte ferroviario interurbano, 3.546 en carreteras, 1.291 en fomento y mejora de la productividad agrícola, 718 en pesca, 687 en formación profesional, etcétera.

Con todo, mientras la comisión mixta Estado-Generalitat cifró los gastos de inversión a transferir en 65.810 millones de pesetas, el comité interministerial de inversiones públicas estimó que no superarían los 33.131 millones de pesetas, sin incluir los de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se apreciaba una diferencia de 3.449 millones (4.889 el comité y 8.449 la comisión). Sobre la estimación del comité de inversiones públicas, Economía la consideró correcta, Hacienda apreció un criterio muy restrictivo, y Administración Territorial dijo que era provisional.