El Gobierno intenta corregir la sobrevaloración en las transferencias recibidas por Cataluña

En la valoración de los servicios transferidos a Cataluña por el Gobierno de UCD no fue observada la metodología pactada con el PSOE, y se registró un exceso a favor de aquella comunidad autónoma en los capítulos de inversión que oscila entre 18.623 y 27.577 millones de pesetas. El dato se desprende de uno de los documentos de trabajo que llevó el Gobierno a la última reunión de la comisión mixta de valoración de transferencias a Cataluña, celebrada el martes. Aunque existían indicios al respecto y hubo, antes de las elecciones, una fuerte polémica entre socialistas y Convergéncia i Unió, por primera vez la representación de la Generalitat, presidida por Ramon Trias Fargas, ha aceptado entrar en la reconsideración de las valoraciones.

El Gobierno entiende que si prospera la negociación abierta ahora en el seno de la comisión mixta de valoraciones -que no se reunía desde junio pasado-, y las cifras son corregidas a la baja, tendrá la posibilidad de impedir que el gasto público se incremente notablemente. Se estima que una sobrevaloración como la detectada aumenta la participación de Cataluña en los gastos del Estado, sin contrapartida en los ingresos.Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma en la que se han tratado de aplicar los criterios establecidos en los pactos autonómicos que firmaron UCD y el PSOE el 31 de julio de 1981. Esta metodología común debía ser extendida luego al resto de las comunidades, excepto las del País Vasco y Navarra, regidas por sistemas peculiares de concierto con el Gobierno central.

Salvo Euskadi y Navarra, las autonomías se financian a partir de algunos impuestos cedidos por el Estado, y reciben además, de éste, una cantidad adicional para completar el coste de los servicios que les han sido transferidos, que se calcula como porcentaje de participación en los ingresos del Estado. En Cataluña, el coste valorado inicialmente para los servicios transferidos alcanza a 89.137 millones de pesetas, de un total de 126.000 a recibir por la Generalidad del Estado.

En concreto, Cataluña se financia con los recargos o tributos que fije la Generalitat, la recaudación en su propio territorio de impuestos cedidos por el Estado (cuatro en total, que le deparan al año unos 53.000 millones de pesetas), los recursos asignados por el Fondo de Compensación Interterritorial para inversión pública nueva (13.344 millones de pesetas en 1982), y el porcentaje de participación sobre los ingresos totales del Estado (otros 34.000 millones de pesetas al año). Este porcentaje, suma del calculado a partir del coste que supone cada servicio transférido, fue fijado en su día en el 1,581%.

Irregularidades en los cálculos

El documento citado fue redactado durante el mandato del anterior Gobierno de UCD, por técnicos de los Ministerios de Economía y, Comercio, Hacienda y Administración Territorial. Aunque sus conclusiones fueron silenciadas entonces, sí trascendió la existencia de posibles sobrevaloraciones a Cataluña, que luego fueron denunciadas públicamente por el PSOE desde la oposición. En abril de 1982 fuentes gubernamentales reconocían ya que en el propio Gobierno se había suscitado una polérnica sobre el tema, y tres ministerios aseguraron haber detectado una sobrevaloración total de 25.000 millones (véase EL PAIS de 8 y 9 de abril).En el verano pasado, María Izquierdo, hoy secretaria de Estado para las Autonomías, denunció "turbias negociaciones insolidarias" entre el Gobierno de UCD y la Generalitat en relación con la existencia de sobrevaloraciones a Cataluña, que ella cifraba en más de 20.000 millones de pesetas. La oposición acusaba al Gobierno, entonces en precaria situación parlamentaria, de favorecer económicamente a los catalanes, a cambio de su apoyo en temas tan importantes como las leyes de Incompatibilidades y de Autonomía Universitaria.

Meses después, en el traspaso de poderes, el PSOE recibió el documento y el nuevo ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, en entrevista concedida a este periódico, afirmó que el PSOE mantenía en el Gobierno su criterio sobre la existencia de sobrevaloraciones. Anunció negociaciones con la Generalitat, para reconsiderar el asunto. Iniciadas aquéllas en la reunión de la comisión mixta celebrada el martes, el documento mencionado se ha puesto sobre la mesa.

El documento, además de cifrar la sobrevaloración de los capítulos de inversión en una cifra que oscila entre 18.623 y 27.577 millones de pesetas, establece en sus conclusiones que en la valoración correspondiente a los servicios transferidos a Cataluña hasta el 30 de junio de 1981 -negociada entre dicha fecha y 1982, pero que se trasladaría en el futuro a todos los Presupuestos del Estado- "la metodología del Consejo de Política Fiscal y Fiananciera no ha sido estrictamente observada".

Servicios no transferidos

También señala el documento que, en el coste efectivo de los servicios transferidos a la Generalitat (dato que determina el dinero que el Estado debe pasar anualmente a Cataluña por mantener aquéllos), se han computado inversiones y tasas "que corresponden a servicios no transferidos". Otro error detectado es que el cálculo de las valoraciones fue realizado en ocasiones en base a referencias temporales incorrectas.Así, en materia de puertos, educación y formación cooperativa, la base del cálculo fueron los presupuestos del Estado en 1979, cuando debería haberse tomado como referencia los de 1980. Igualmente, para transportes se utilizó el año 1979, en tanto la metodología común reclamaba la de 1977. El documento destaca que el error más importante se registra en materia de educación, pues estima que un cálculo correcto reduciría a casi la mitad el porcentaje de participación en los ingresos del Estado (exactamente 0,6609%, sobre el citado total de 1,581%).

Después de apuntar que con la información disponible no es posible pronunciarse sobre los llamados costes centrales (gastos de funcionamiento y personal encargado de apoyar, dirigir y coordinar los servicios transferidos), el documento señala que, a título ilustrativo, y hasta donde ha sido posible cuantificar, el citado 1,581%. de participación de Cataluña en los ingresos del Estado debería reducirse entre 0,7108 puntos y 0,2924 puntos. En millones de pesetas de 1982, la primera hipótesis disminuiría los pagos anuales del Estado a Cataluña en 27.577 millones de pesetas; la segunda, en 18.623 millones de pesetas.