El debate

EL DEBATE en el Congreso en torno a la convalidación del decreto-ley de expropiación de Rumasa ha permitido al ministro de Economía y Hacienda informar a los diputados de las razones de fondo que justificaban la intervención estatal de ese "grupo tambaleante" y ha ratificado que esa medida, orientada a evitar males mayores, no significa un viraje de la política económica del Gobierno de Felipe González. Los datos avanzados por Miguel Boyer han debilitado las resistencias de quienes pudieron desconfiar inicialmente de la "extrema y urgente necesidad" y la "causa justificada de utilidad pública o interés social" conectadas con esa dramática decisión. La decepcionante réplica dada por Ruiz-Mateos, en sus recientes declaraciones, a las cifras aportadas por el ministro de Economía han contribuido a volcar la balanza en favor del Gobierno en lo que se refiere a la necesidad de intervenir, aunque no necesariamente en lo que afecta al método y al camino jurídico elegidos.Parece claro que el contenido real de la medida sería compatible con el programa de cualquier gobierno democrático -de izquierda, de centro o de derecha- preocupado por la estabilidad del sistema financiero y deseoso de garantizar los ahorros o los puestos de trabajo dependientes del holding. Como tuvimos ocasión de señalar en anterior comentario, el orden público, más que cualquier otra consideración, se halla en la raíz del problema. El Gobierno socialista podrá hacer valer ante los ciudadanos su coraje para afrontar esa situación y tal actitud es digna de elogio cuando se considera que las consecuencias no deseadas aparentemente por el Ejecutivo con la medida de expropiación ha puesto en marcha un mecanismo de consecuencias aún no previsibles y que sitúa al Gobierno en los cuernos de un pésimo dilema. En estos momentos el patrimonio del Estado es titular de un abigarrado surtido de empresas: la mayor explotación agraria de Andalucía, un importante grupo bancario, grandes almacenes, tiendas de ultramarinos, boutiques de regalos, una cadena hotelera, bodegas de vinos y un largo etcétera detallado -de forma aún incompleta- en el Boletín Oficial. Si algunos de los bienes expropiados no fueran devueltos a la iniciativa privada, por ausencia de ofertas de compra, el Estado se encontraría, condenado a administrar sociedades deficitarias para cuya gestión el sector público se encuentra muy mal situado. Y si los bancos, industrias, compañías de servicios y fincas rentables fueran adquiridos por el mundo empresarial, no faltarán las justas y razonables protestas de las fuerzas sindicales y de los trabajadores de esas sociedades, partidarios de su mantenimiento en el área estatal. Por eso la medida adoptada se inscribe: en el amplio margen de confianza moral otorgado por, la población a los deseos de honestidad y eficacia demostrados por el Ejecutivo que preside Felipe González, pero no le otorga un cheque en blanco para que la sociedad acepte con la fe del carbonero otras afirmaciones relacionadas con la expropiación del holding. Desde el primer momento expresamos nuestras reservas sobre ellas creemos que es beneficioso, para la estabilidad del sistema democrático, que los ciudadanos se permitan una vez más el beneficio de la duda en torno a cuestiones fundamentales que enlazan con este caso.

Miguel Boyer señaló ayer que el Consejo de Ministros estudió otros procedimientos alternativos, especialmente la intervención de los bancos y las empresas, pero consideró inviable su aplicación. No hay motivo para negar autoridad al Gobierno a este respecto, ya que juega a su favor el conocimiento desde dentro de los inconvenientes asociados a otras soluciones posibles. También insistió el Ministro en la improcedencia de establecer cualquier analogía entre el caso Rumasa y la salida dada a otras crisis bancarias e industriales en el inmediato pasado, de lo que se inferiría la ausencia de eventuales agravios comparativos basados en tratamientos discriminatorios. En este punto el Gobierno también puede tener razón, pero debe a las Cortes Generales y a la sociedad española una información exhaustiva en este terreno, a fin de que los parlamentarios y ciudadanos puedan juzgar, con datos exactos en su mano, la corrección de las fórmulas aplicadas a Banca Catalana, Explosivos Río Tinto y Banco Urquijo. La pregunta sobre las responsabilidades penales imbricadas en la irregular gestión administrativa del holding expropiado no puede tener otra contestación que el requerimiento del Gobierno para que el ministerio fiscal promueva la acción de la justiciá en defensa de la legalidad.

Queda, finalmente, la polémica cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto-ley, que centró el debate de ayer gracias a la estrategia diseñada por Alianza Popular y su portavoz Miguel Herrero. Los argumentos en apoyo de la inconstitucionalidad del decreto-ley, basados en una interpretación literal del artículo 86 de nuestra norma fundamental mantienen su peso y consistencia después del debate, aunque la defensa llevada a cabo por el ministro de Justicia, que utilizó en su favor opiniones doctrinales de Oscar Alzaga y Eduardo García de Enterría y sentencias del Tribunal Constitucional, deja abierta la polémica. En. cualquier caso parece que el Gobierno estaba sinceramente convencido de que la forma de nacionalizar el holding no conculcaba nuestra ley de leyes, y que ha huido de un comportamiento cínico. Pero se puede no ser cínico y estar equivocado.

Contra lo que pudiera traslucirse de las otra vez frívolas expresiones del ministro de Hacienda respecto a las formas jurídicas, el debate tuvo el mérito de situar a la Constitución, como centro de referencia tanto de las intervenciones del portavoz de Alianza Popular, como de la réplica de Fernando Ledesma. Una de las mejores noticias imaginables para la consolidación de nuestro sistema democrático sería precisamente que Alianza Popular, cuyo programa de reforma constitucional para restablecer la pena de muerte y modificar el artículo 2 del Título preliminar ha sido suspendido pero no abandonado, aceptara hasta sus últimas consecuencias y de forma absolutamente sincera la supremacía de la Constitución.

En cualquier caso el debate de ayer no hizo sino abrir un debate más amplio sobre el futuro de la acción del Gobierno en la economía y los métodos de gobernar del PSOE que el Ejecutivo se hubiera podido ahorrar si hubiera operado con mayor reflexión y menor precipitación. Esto es exigible al Gobierno del cambio: que no acepte ninguna clase de reto personal ni institucional a la hora de tomar decisiones de la categoría de la que comentamos. Porque ya casi nadie tiene dudas de que Rumasa era un caos que exigía una intervención adecuada del poder político -¿cuántos otros caos de este género quedan*b este país?-. Y es una verdad que esta acción tiene un efecto moralizador añadido muy de valorar en el momento presente. Por eso mismo era exigible desde un principio mayor rígor jurídico por parte del Ejecutivo del que hasta el momento ha podido demostrar.

Por lo demás, el debate de ayer mostró que las Cortes sirven para algo, y que es a las Cortes prioritariamente a quienes debe dirigirse el Gobierno en estas ocasiones, recabar su opinión y su apoyo, y debatir ante la representación de los ciudadanos cuestiones que a todos afectan y que son de trascendental importancia. Nunca es tarde si la dicha es buena.