Pánico al déficit

(...) La insistencia de las autoridades económicas en demostrar, con cifras en la mano, que en los dos años anteriores el déficit público duplicó al de cada uno de los años precedentes podría avalar la hipótesis de una intencionalidad política en acumular al déficit toda clase de partidas de dudosa ubicación, fuera cual fuese su incidencia monetaria, en un intento posiblemente legítimo de cargar responsabilidades y omisiones políticas sobre Gobiernos anteriores, sobre todo si esa responsabilidad existe.Sin embargo, las precisiones hechas el viernes de la pasada semana en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda parecen suficientemente conscientes, si bien las recientes decisiones en torno a las indemnizaciones por la expropiación de Rumasa plantean nuevas incógnitas ante el nuevo presupuesto. Como difícilmente podrán resolverse por el camino del incremento y de la tributación -por razones de imagen política y de rechazo público-, lo más probable es que estas indemnizaciones se reflejen en un incremento del déficit, cuya financiación aún no es probable que haya sido abordada.

El ministro Boyer decía hace unos días que, contrariamente a las interpretaciones tergiversadas que se han producido recientemente, "no existen discrepancias sustanciales entre las estimaciones del déficit de las Administraciones públicas en 1982, entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Flanco de España". Este había seftalado que, "a pesar de las dificultades con que han de emprenderse las estimaciones del déficit de las Administraciones públicas durante el año 1982, parece fuera de toda duda que éste experimentó un fuerte aumento al pasar de 618.000 millones de pesetas en 1981 a un nivel probablemente situado por encima de un billón cien mil (1.100.000 millones) durante 1982".

Esta estimación coincide prácticamente con la hecha como avance, en términos de contabilidad nacional, por el Ministerio de Economía y Hacienda para todas las Administraciones públicas (sin incluir a las comunidades autónomas), que "se eleva a un billón doscientos dos mil millones de pesetas (1.202.000 millones), de las cuales corresponden al Estado un billón ciento setenta mil millones de pesetas". (...)

Habrá que esperar ahora las repercusiones que la expropiación del holding Rumasa puede tener en un crecimiento atípico del déficit, no previsto en los cálculos que se hayan realizado hasta ahora. (...)

El incremento del déficit del sector público preocupa y debe preocupar por el efecto expulsión que produce en el sector privado, mucho más que por el recrudecimiento de la presión fiscal, tras dos años de desaceleración del ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios. (...) Si todo lo que es justo, mucho de lo que es discutible y alguna operación difícilmente aceptable se quiere cargar sobre lo que se supone que son las anchas espaldas de un presupuesto que lo soporta todo, incluso un déficit inflacionario, infinanciable, "principio y fin de todas las cosas".

26 de febrero