Aprobados en el Senado los estatutos de autonomía de Madrid, Extremadura, Baleares y Castilla y León

"A partir de ahora ya se puede hablar del estado de las autonomías, afirmó Tomás de la Quadra, ministro de Administración Territorial, al término del pleno del Senado que, tras once horas de deba te, aprobó ayer los estatutos de autonomía de Extremadura, Madrid, Baleares y Castilla-León, que deben volver al Congreso al haberse modificado los cuatro en comisión con enmiendas socialistas de El Grupo Popular, al que no se aceptó ninguna enmienda, votó a favor de los estatutos de Madrid y Baleares y se abstuvo en los de Extremadura y Castilla-León. En el debate de este último, se rechazó una enmienda de veto al texto que postulaba la desanexión de León de la Comunidad autónoma. castellano-leonesa.

La sesión se inició con el debate del estatuto de Madrid, que había sido modificado en comisión por varias enmiendas socialistas que no revestían cambios sustanciales en el texto remitido por el Congreso, si se excluye la inclusión de un apartado en el que se establece que sus miembros no percibirán una retribución fija sino únicamente dietas. En comisión habían sido rechazadas seis enmiendas del Grupo Popular, que éste mantuvo en el pleno de ayer como votos particulares. El momento más polémico del debate se produjo en la discusión de la disposición transitoria primera, en la que no está prevista la constitución de un órgano provisional hasta la existencia de una asamblea legislativa de Madrid. La enmienda del Grupo Popular recogía el contenido de las disposiciones transitorias de otros estatutos que crean estas asambleas provisionales, integradas por parlamentarios y diputados provinciales. El portavoz del Grupo Popular, Juan de Arespacochaga, acusé a los socialistas de vetar la posibilidad de que miembros de su partido accedan a una asamblea que sustituiría a una diputación controlada hoy por el PSOE.

El senador socialista Juan Antonio Arévalo defendió el texto de la comisión señalando que la autonomía de Madrid, como capital del Estado, es peculiar, ya que no ha existido una preautonomía como en otras comunidades autónomas. Señaló que el órgano provisional, sin precedentes preautonómicos en organización administrativa dé la región, difícilmente sería operativo. Rechazada la enmienda del Grupo Popular, que fue apoyada por vascos y catalanes, el texto del dictamen se aprobó con 107 vetos a favor (socialistas y catalanes del Grupo Mixto), cincuenta en contra y cuatro abstenciones de los miembros de UCD de Grupo Mixto.

Lengua y bandera de Baleares

La definición de la lengua y la bandera de la comunidad, y la representación de las islas en el Parlamento autónomo volvieron a provocar el enfrentamiento entre el PSOE y el Grupo Popular en el debate del proyecto de estatuto de Baleares, modificado en comisión por siete enmiendas del grupo socialista, que no suponen variaciones sustanciales al texto. El dictamen de la comisión fue aprobado por socialistas, minoría vasca y catalana y miembros del Grupo Mixto y señala que "la lengua catalana, propia de las islas Baleares, tendrá, junto a la castellana, el carácter de idioma oficial...".

El Grupo Popular pretendía que el texto estableciera que "la lengua de las Baleares, con las modalidades propias de cada isla, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial...". Afirmó el senador Rivas que no se trataba de negar la procedencia científica de la lengua balear, sino de remarcar la diferenciación que se ha producido entre la lengua madre y sus variantes insulares.

La representación de cada isla volvió a suscitar la polémica en el debate. El PSOE, con la abstención de vascos y catalanes, impuso el reparto de treinta diputados para Mallorca, doce. para Menorca, once para Ibiza y uno para Formentera, en contra de una enmienda del Grupo Popular que pretendía que se asignaran veinticuatro para la isla de Mallorca y doce para Menorca y el mismo número para las islas de Ibiza y Formentera en su conjunto. Tal y como se preveía, el punto más conflictivo del debate del estatuto de Extremadura, aprobado por el pleno en la noche del miércoles, fue el referido a la representación de las provincias de Cáceres y Badajoz en el Parlamento extremeño. El dictamen de comisión mantenía el texto remitido por el Congreso, según el cual, "en las primeras elecciones la provincia de Badajoz elegirá 35 miembros de la asamblea de Extremadura y 30 la provincia de Cáceres".

En comisión se había rechazado una enmienda del Grupo Popular que situaba la representación de Badajoz. en veintiséis diputados y la de Cáceres en veinticuatro. Se mantuvo como voto particular en el pleno, defendida por el Grupo Popular por considerarla una distribución más equitativa y paritaria y en nombre "del conveniente clima de solidaridad regional para el inicio de la andadura autonómica de Extremadura".

Los socialistas defendieron el texto del dictamen señalando que el Grupo Popular ligaba la proporcionalidad al número de hectáreas, en tanto que el PSOE lo hacía en relación a la población. Se recordó que Cáceres tiene 400.000 habitantes, frente a los 600.000 de Badajoz.

El caso leonés

El dabate del proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que duró cuatro horas, -casi el doble que el de los tres restantes-, se inició a primera hora de la tarde con una propuesta de veto al texto completoAfanes electoralistas

Le respondió la senadora socialista por León, Manuela García, quien indicó que el PSOE dobla en votos en León a Alianza Popular y que los socialistas leoneses siempre han defendido la integración en Castilla y León. Acusó al Grupo Popular de defender un "nacionalismo hogareño" con afanes electoralístas de cara a los próximos comicios regionales.

Juan José Laborda, portavoz del Grupo Socialista, justificó su rechazo al veto porque en su opinión se han cumplido en el caso de León, los requisitos constitucionales, en tiempoy forma, para la integración de la provincia en la comunidad: "No se puede argumentar en contra de acuerdos constitucionalmente aceptados". El veto fue apoyado sólopor los cuarenta votos del Grupo Popular y rechazado por 106 del PSOE, senadores vascos y varios miembros del Mixto. Los catalanes se abstuvieron. No se suscitó debate sobre la representatividad de las provincias en las cortes de Castilla y León. Y ello porque por un despiste de la presidencia no llegó a discutirse una enmienda del Grupo Popular que postulaba que las provincias de la comunidad debían de tener el mismo número de representantes, ocho.

Por tanto, se aprobó el dictamen de la comisión en el que se establece que la circunscripción electoral es la provincia, -asignándose a cada una un número mínimo de tres procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes -o fracción superior a 22.500.