Ledesma expone al Parlamento la voluntad de "satisfacer las demandas sociales"

"Trabajaremos sin desfallecer para cumplir el programa socialista en materia de justicia y satisfacer las demandas sociales que conocemos que existen". Con estas palabras terminó ayer el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, a la que informó sobre el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales, reforma de la Administración de justicia, actuaciones en materia penitenciaría y política presupuestaria de su departamento, entre otras cuestiones. La comisión será convocada de nuevo próximamente para que los diputados pregunten a Ledesma.

El ministro de Justicia se refirió en primer lugar a los proyectos de ley ya remitidos al Parlamento en relación con el desarrollo de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. De la regulación del derecho de reunión y manifestación destacó que ninguna reunión requerirá la previa autorización y el nuevo papel que se atribuye a la autoridad gubernativa, "que está para hacer posible ese derecho, no para reprimirlo". Ledesma invocó una sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de junio del año pasado, que pide una regulación "que facilite lo más posible" el ejercicio del derecho de reunión.Otro proyecto de ley ya en las Cortes, el que reforma los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, fue justificado por el cumplimiento del mandato constitucional de la presunción de inocencia y del derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable. El hecho de que casi la mitad de las 22.000 personas que integran la población penitenciaría se encuentren en prisión provisional, ha aconsejado reducir los casos en que se puede encarcelar a los procesados y limitar el periodo de privación de libertad a dieciocho meses como máximo en los casos normales, y a treinta meses en supuestos excepcionales.

En la regulación del amparo judicial de los derechos fundamentales, el Gobierno prepara la reforma de los artículos 520 y 527 de la citada ley procesal penal y del habeas corpus o derecho del detenido o preso a ser puesto a disposición del juez. Ledesma recordó que la situación actual de la asistencia letrada es objeto de abiertas críticas desde distintos sectores jurídicos, y que la nueva regulación trata de resolver los problemas de los detenidos o presos que no ejercitaban este derecho, así como el papel del letrado -hasta ahora, mero espectador- y los casos especialmente dificiles de quienes se encuentran incomunicados.

Ampliando lo publicado ayer por este periódico, el ministro de Justicia -que insistió en el "común acuerdo" entre su departamento y el de Interior- señaló que la nueva regulación garantiza la posibilidad de asistencia letrada y reconocimiento médico, incluso en los supuestos de incomunicación, y la actitud dinámica del letrado, quien podrá exigir que se informe al detenido o preso del derecho a guardar silencio o a declarar sólo en parte y a ser asistido gratuitamente por un intérprete, "cuando se trate de extranjero". En el borrador elaborado por Justicia se ampliaba este derecho al detenido o preso, aunque fuera español, que no comprendiera o no hablara castellano. El abogado podrá también solicitar la aclaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, y la consígnación en acta de cualquier incidencia que se produzca durante la diligencia.

En cuanto a la renunciabilidad o no del derecho de asistencia letrada, Fernando Ledesma detalló los distintos niveles en los que se produce el supuesto. Los detenidos por faltas o delitos castigados con penas de hasta seis meses de cárcel, podrán renunciar a dicha asistencia. Si la pena correspondiente al delito que se le impute es superior a seis meses, la posible renuncia "será notificada inmediatamente a la autoridad judicial", que decidirá lo que estime oportuno, entre otras cosas, que el detenido o preso sea inmediatamente a su disposición. Por último, en los casos de incomunicación, el Gobierno preve la absoluta irrenunciabilidad, pero a través del abogado que corresponda en el turno de oficio. El incomunicado no tendrá derecho a que se comunique a su familia, tutor o, en su caso, cónsul, la detención, ni a entrevistarse con el abogado al término de la diligencia de que en ese momento se trate. La designación de abogado se notificará, de forma fehaciente e inmediata, al Colegio de Abogados, para que el abogado designado o el de oficio acuda a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de ocho horas. La posible tardanza en la llegada del abogado es una de las razones que han inclinado al ministerio de Justicia a aceptar en los casos menos graves la renuncia al derecho de asistencia. Transcurrido el plazo de ocho horas, la declaración o reconocimiento del detenido o preso se podrá producir sin asistencia de abogado. En el caso del incomunicado, que no puede renunciar, este plazo se reduce a cuatro horas o a menos, si hay peligro grave "para la vida o integridad física de alguna persona".

Seis nuevas cárceles en 1983

Sobre la regulación del habeas corpus, el ministro de Justicia señaló que está legitimado para pedir la puesta a disposición judicial de los ilegalmente detenidos o sujetos de malos tratos, el juez del lugar, el fiscal, la persona afectada o sus familiares o representantes. La autoridad gubernativa que no tramite la petición incurrirá en rsponsabilidad disciplinaria y la autoridad judicial no podrá denegarla, si no es manifiestamente improcedente.

En cuanto a actuaciones concretas, en materia penitenciaria se levantarán cinco nuevos centros en 1983 (en Valladolid, Lugo, Alcalá de Henares, Ibiza, Alicante y Puerto de Santa María), con capacidad para un total superior a los 1.800 internos. Entre los problemas urgentes de solución, citó el de Barcelona, en donde existen 2.000 internos, cuando la capacidad óptima es sólo para 650. Otros muchos centros serán amplíados y modernizados y se creará el cuerpo de asistentes sociales.

Ledesma ofreció muchos otros datos sobre leyes menos inmediatas, como la orgánica del Poder Judicial -prevista para junio próximo- y la reforma de la de Enjuiciamiento Civil, y explicó las buenas relaciones con el Consejo General del Poder Judicial, que han dado como fruto el acuerdo en la programación presupuestaria del departamento. Destacó también el decreto-ley que ha devuelto a los juzgados de instrucción y audiencias provinciales la competencia en los delitos de desacato a través de la Prensa sobre los que entendía la Audiencia Nacional.