El aborto es libre y gratuito en Italia, con restricciones a partir de los 90 días de gestación

El 22 de mayo de 1978 fue aprobada en el Parlamento italiano la ley 194, que permite la práctica del aborto en determinadas circunstancias. Dicha disposición lleva el siguiente título: "Normas para la tutela social de la maternidad y acerca de la interrupción voluntaria de la gravidez". La ley italiana permite el aborto, dentro de los primeros noventa días de embarazo, en caso de que haya serio peligro para la salud física y psíquica de la madre; existan dificultades económicas, sociales o familiares; o bien ante el temor de anormalidades o malformaciones del que va a nacer. En la práctica, todo motivo personal serio es suficiente para interrumpir el embarazo sin caer en delito.Este texto fue aprobado definitivamente por el Senado con 160 votos a favor -cinco más del mínimo requerido- y 148 en contra, tras haber pasado el trámite previo de la Cámara de Diputados por sólo seis votos favorables por encima del mínimo imprescindible.

La ley fue en realidad un compromiso entre las fuerzas pro y antiabortistas, y finalmente fue aprobada con rapidez para evitar que se llevara a cabo un referéndum popular, que, en caso de resultados positivos, habría liberalizado completamente el aborto.

Tres años después de la aprobación del proyecto, el Movimiento por la Vida, de orientación católico-integrista, promovió otro referéndum popular para abrogar la nueva ley aprobada en el Parlamento, tras haber recogido más de un millón de firmas. Dicho referéndum fue rechazado por los italianos en votación realizada en junio de 1981, semanas después del atentado perpetrado en la plaza de San Pedro contra Juan Pablo II, el cual, sólo tres días antes, había presenciado una manifestación contra el aborto a la que asistieron más de 200.000 jóvenes.

Perdido el referéndum, continúa en vigor la ley de 1978. Esta disposición legal establece que el Esta do defiende la libre procreación y la maternidad, y no acepta el aborto como medio anticonceptivo; pero, al mismo tiempo, introduce el principio del derecho al aborto, de su legitimidad jurídica y de su no penalidad.

Hasta entonces, en virtud un artículo del Código de Derecho Penal de la época fascista (el código Rocco), la mujer que abortaba era castigada con una pena de dos a cuatro años de cárcel, y penas semejantes existían para cuantos, directa o indirectamente, colaborasen al aborto.

La nueva ley delimita las circunstancias en las que está permitido el aborto. Si se efectúa dentro de los prmeros noventa días de embarazo, los motivos para llevarlo a cabo son: serio peligro para la salud física y psíquica de la madre; dificultades económicas, sociales o familiares; o bien temor de anormalidades o malformaciones del que va a nacer. En la práctica, todo motivo personal serio es suficiente.

Para practicar el aborto después de los noventa días de gestación, la ley es más severa: se permite sólo en caso de peligro físico para la madre o de temor de mal formaciones del feto.

En todos los casos, el aborto es completamente gratuito y se puede realizar en todas las estructuras sanitarias de carácter público, previstas por el Estado, o en las privadas aprobadas por el mismo.

La decisión final es de la mujer

Los requisitos son los siguientes: la mujer que desea abortar debe presentarse en un consultorio familiar a un médico de confianza. Se analizan los motivo por los que quiere abortar. A la mujer se le da un certificado y después de siete días puede llevar a cabo su decisión en una de las estructuras sanitarias legalizadas. En caso de urgencia, el médico puede decidir la intervención inmediata sin esperar los siete días.En la conversación con el médico o con los miembros del consultorio se intenta buscar otra solución al aborto, según el motivo aludido. Pero la decisión final es de la mujer.

Para las mujeres menores de dieciocho años se prevé el permiso de quien ostente la patria potestad sobre ellas, pero si en algún caso se desaconseja pedir el permiso a los padres, el médico puede dirigirse a un juez tutelar para que permita o rechace el aborto. La decisión del juez es inapelable.

Pero el punto más delicado de toda la ley es el relacionado con la objeción de conciencia que pueden hacer los médicos y todo el personal relacionado con la actividad sanitaria para intervenir en un aborto. Fue éste uno de los temas más debatidos. Y ese punto de la ley ha significado el mayor freno a la actuación concreta, ya que de los 3.350 médicos que trabajaban en obstetricia-ginecología, 2.386 se declararon objetores de conciencia. Algunos lo hicieron por convicción, personal y muchos otros porque trabajaban en clínicas u hospitales dirigidos por religiosos y temieron perder el puesto o las simpatías de la dirección.

Lo más grave es que se ha ido descubriendo más tarde que médicos que se habían declarado objetores y, rehusaban practicar el aborto en la Sanidad pública lo hacían después en sus clínicas privadas a precios muy altos. A éstos se ¡es llama las cucharillas de oro. Las feministas se han ocupado activamente en descubrir a muchos de ellos, que han terminado, naturalmente, en la cárcel. Este tipo de abusos se produjeron, y continúan produciéndose, no sólo entre los médicos objetores, sino entre todos los demás.

Oficialmente, el médico debe declarar públicamente su actitud de objetor. En algunas regiones, para aceptarlos en los hospitales se les pone a estos médicos como condición que no sean objetores. Pero, de nada sirve, porque la ley les protege. Así, tras declarar al entrar que no son objetores, más tarde, cuando ya han obtenido el puesto, se convierten de nuevo.

A pesar de todo, la ley ha funcionado, sobre todo en regiones con estructuras suficientes y libres. Las últimas cifras oficiales afirman que casi 300.000 mujeres al año abortan libre y gratuitamente en las estructuras sanitarias del Estado. La media es de 345 abortos cada mil nacidos. Abortan sobre todo las casadas: 70,6%. Muy poco las menores, por lo cual se teme que siga en pie, en estos casos, el aborto clandestino. Por eso los radicales han pedido que se modifique la ley para que se permita a las menores abortar sin ningún permiso.

Después de la aprobación de la ley se ha pasado de un aborto cada seis vivos a uno cada tres. Ha disminuido, pues, la plaga del aborto clandestino, hasta el punto de que el porcentaje de muerte por maternidad ha bajado del 1,8% al 0,6%.

El mayor número de abortos se ha realizado en las regiones del norte, sobre todo donde existen Gobiernos regionales de izquierdas, mientras que en el sur de Italia el porcentaje de abortos legales es mínimo, y altísimo aún el de los abortos clandestinos. Según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, se calculan aún hoy, en Italia, 300.000 abortos clandestinos al año. Para los radicales, esa cifra pasa del millón. El mayor número de abortos se da entre las mujeres de veinticinco a 34 años, casadas, con una media de dos hijos. Los consultorios en Italia son 1.456, de los cuales sólo se localizan 288 en el sur; en Lombardía hay 303, mientras en toda Sicilia sólo existen seis.

Actualmente hay toda una serie de propuestas en el Parlamento para modificar la ley, liberalizándola. Los puntos. más importantes son la abolición de la objeción de conciencia para quienes trabajan en las estructuras públicas del Estado, la necesidad de tener que recurrir al consultorio para discutir los motivos del aborto y la limitación a las menores. Los radicales han pedido también que se anule la distinción entre antes y después de los noventa días de embarazo.

Por lo que se refiere a las presiones hechas por la Iglesia contra el aborto, hay que distinguir en Italia entre el Papa y el episcopado. El primero ha sido siempre mucho más duro en sus campañas públicas. Los obispos han insistió sobre todo en los problemas de carácter moral. Y últimamente han puesto muy de relieve las motivaciones sociales del aborto, sin olvidar las dificultades para encontrar casa, el desempleo, la soledad, la falta de protección a la mujer o la crisis económica. Más intransigentes han sido siempre ciertos movimientos católicos integristas, pero que no siempren obtienen la plena simpatía del episcopado en sus campañas de cruzada medieval y antidemocrática.