El estatuto de autonomía permite duplicar los ingresos y aproximar su gestión a los ciudadanos de la provincia

La provincia de Madrid incrementará sus disponibilidades presupuestarias en más del doble de los recursos actuales (33.000 millones aprobados por la Diputación para el presente año) gracias al estatuto de autonomía, aprobado en el Congreso de los Diputados y pendiente tan sólo de su discusión en el Senado. La futura comunidad dispondrá de ingresos que hasta ahora manejaba el Estado y los asuntos madrileños serán administrados por personas directamente dedicadas a los intereses más próximos a los ciudadanos de la región. La autonomía de Madrid va a gozar además de unas especiales características.

El hecho de que Madrid vaya a duplicar, con creces, su presupuesto, es debido al aumento en los costes que tendrá que asumir la comunidad. No en vano un ministerio como el de Sanidad, por ejemplo, va a quedar, cuando esté culminado el proceso autonómico, con sólo un 20% de sus costes actuales. El 80% restante será distribuído en cargas que pasarán a las comunidades autónomas. En Obras Públicas, las partidas gestionadas por las nacionalidades y regiones van a suponer un 42% de los gastos que soporta ahora el departamento, y en Transportes, un 51%.En el capítulo de ingresos, Madrid va a ser una de las comunidades más beneficiadas, junto con Cataluña, por la cesión de tributos del Estado conforme a la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Madrid tiene un 12% de la población española y, sin embargo, proporciona más del 20% de los ingresos tributarios que recibe el Estado.

Ingresos de la comunidad

La Comunidad de Madrid dispondrá por cesión de tributos de más de 50.000 millones de pesetas, según estimaciones facilitadas por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. En 1981, caso de haber entrado entonces en vigor el estatuto de autonomía y con datos oficiales referidos al presupuesto de aquel año, la percepción de Madrid habría sido de 50.189 millones de pesetas.Por otro lado, la Comunidad de Madrid pasará a gestionar directamente las dotaciones que reciba del Fondo de Compensación Interterritorial, que incrementarán también su presupuesto. Hasta ahora, al no estar constituida como ente preautonómico, las inversiones del fondo que correspondían a la capital y su provincia eran gestionadas por el Estado. En 1983 esa cantidad puede superar los 10.000 millones de pesetas.

Asimismo, la nueva comunidad podrá tener, una vez fijados los traspasos de servicios, una participación en los ingresos del Estado establecida por ley, como sucede en otras comunidades autónomas. La cantidad a ingresar por ese sistema resulta difícil de precisar, porque es necesario conocer primero la cuantía de los costes transferidos.

Los mecanismos descritos de financiación de la Comunidad de Madrid no van a suponer mayor presión fiscal, puesto que se trata de recursos procedentes del Estado. No obstante, en el futuro las regiones podrán establecer por su cuenta, si lo deciden sus parlamentos, recargos en los tributos estatales.

De los cerca de 1.100 diputados regionales que van a sumar los parlamentos autónomos españoles, la asamblea legislativa de Madrid contará con 96, a reserva de modificaciones en el censo electoral que influyen en ese número. El estatuto señala que integrará la cámara un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000.

Los estatutos autonómicos aprobados después de los pactos suscritos el 31 de julio de 1981 por el Gobierno de UCD y el PSOE, que son los tramitados por la vía del artículo 143 de la Constitución, establecen que los parlamentarios regionales no cobrarán sueldo, sino dietas por cada sesión a la que asistan. El estatuto de Madrid no fija expresamente tal condición, si bien las distintas fuerzas políticas mayoritarias han confirmado su voluntad de no señalar sueldos.

El Consejo de Gobierno no podrá tener más de diez miembros, además del presidente, y le corresponde desarrollar la función ejecutiva en las competencias que señala el estatuto. En una de ellas, el techo de Madrid es de los más elevados respecto a otros textos autonómicos: la conservación y protección del medio ambiente, incluidos los vertidos industriales y contaminantes en las aguas del territorio.

Madrid recibirá sus primeros traspasos de servicios el 1 de enero de 1984, ya que tras las elecciones del mes de mayo han de producirse una serie de trámites (elección de presidente, nombramiento de consejeros, constitución de la comisión mixta de transferencias) que harán difícil iniciar los trabajos antes del 1 de julio del presente año, la otra fecha posible para hacer efectivas las primeras transferencias de servicios.

Uno de los problemas pendientes de solución es el hecho de que muchos inmuebles que en principio deberían pasar a la competencia autonómica, como ha sucedido en otras comunidades, son utilizados como dependencias estatales o de ministerios, con una situación más complicada que las dependencias oficiales en el resto de las localidades españolas.

Se trata, precisamente, de inmuebles por los que el Estado no paga la contribución urbana ni otros impuestos. La ausencia de un estatuto de capitalidad permite que Madrid deje de percibir ingresos correspondientes a los kilómetros cuadrados que ocupan edificios de propiedad estatal. Esta cuestión podrá ser planteada en una futura ley orgánica, que deberán aprobar las Cortes Generales y que puede abordar, como estatuto de capitalidad, una de las principales diferencias que puede tener la provincia de Madrid respecto a otras comunidades. Otra opción es que el contenido del estatuto de capitalidad se resuelva mediante el régimen de carta que, según las previsiones, se regulará en la ley de bases del Régimen Local, todavía no presentada en el Parlamento.

Tribunal Superior de Justicia

La Comunidad de Madrid contará con un Tribunal Superior de Justicia. Aunque sus competencias y funciones están pendientes de la ley orgánica del Poder Judicial, todavía no promulgada, existen ya algunas previsiones al respecto en fuentes de la Administración.El tribunal de Madrid absorverá lo que es ahora la Audiencia Territorial, con algunos añadidos. Por ejemplo, una sala de lo Laboral, a la que serán transferidas parte de las competencias del Tribunal Central de Trabajo, que en el desarrollo legislativo tiende a desaparecer.

También estará dotado de una sala de Recursos, en la que terminarán los procesos, sin pasar al Tribunal Supremo, en los casos inscritos en las competencias plenas de la comunidad. Este sistema permitirá aliviar en parte el trabajo del Tribunal Supremo y puede contribuir a acelerar algunos procedimientos.

Uno de los traspasos que puede quedar al alcance de la comunidad de Madrid y resultar más polémico es la carretera de circunvalación M-30, que discurre íntegramente en su ámbito. Actualmente es propiedad del Ministerio de Obras Públicas.

La transferencia dependerá de la consideración que se dé a su trayecto, porque puede estimarse como parte de las carreteras nacionales con las que enlaza o como acceso a un aeropuerto nacional, en cuyo caso podría seguir en manos de la Administración central.