Siete condenados por el 23-F serán puestos en libertad el día 23

Los seis militares y un civil condenados a dos años de prisión por su participación en la rebelión militar del 23-F serán puestos en libertad provisional el próximo día 23, fecha del segundo aniversario de la intentona, según informan abogados de los condenados. La decisión de poner en libertad a estos siete condenados -cuya sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo- ha sido adoptada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, debido a que todos ellos cumplirán el mismo día 23 las penas que les fueron impuestas. El correspondiente auto, fechado el pasado día 2, fue comunicado a los abogados defensores ayer, lunes.Los militares que serán puestos en libertad son los capitanes de la Guardia Civil Carlos Lázaro Corthay, Juan Pérez de la Lastra, Francisco Acera Martín y Enrique Bobis González, así como los capitanes de la División Acorazada Francisco Dusmet García-Figueras y José Cid Fortea. Igualmente, será puesto en libertad el único civil procesado en la causa relativa al 23-F, Juan García Carrés.

Los militares citados fueron condenados a la pena de dos años de prisión militar, ya que, según la sentencia, incurrieron en el "delito consumado de rebelión militar". Por su parte, Juan García Carrés, condenado a la misma pena, incurrió en el "delito consumado de conspiración para el de rebelión". A todos ellos les fue denegada la libertad provisional cuando, en agosto pasado, al haber cumplido las tres cuartas partes de la pena, fue solicitada por sus abogados defensores.

En el escrito oficial enviado a los abogados defensores, el Consejo Supremo señala que "parece aconsejable", en uso del arbitrio de que dispone, excarcelar a los procesados citados, después de que hayan cumplido su condena, como se hizo en su día con el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, condenado a un año de prisión en la misma causa.

En la cárcel de Alcalá

La sesión en la que el Consejo Supremo adoptó esta decisión no estuvo presidida por su titular, el teniente general Manuel Esquivias Franco, ya que intervino como testigo en la vista de la causa, debido a que el 23-F estaba destinado en el Estado Mayor del Ejército y presenció importantes hechos relacionados con el frustrado golpe. Por este motivo la reunión del alto tribunal militar fue presidida por el teniente general del Ejército del Aire Juan Retuerto Martín.

A excepción de García Carrés y el capitán Acera, los otros condenados citados se encuentran en la actualidad en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). El capitán Acera, por su parte, fue trasladado en octubre pasado a otro centro militar de la II Región Militar (Sevilla), poco después de descubrirse las maniobras involucionistas preparadas para el 27-O. García Carrés, sin embargo, apenas ha estado en prisión desde su detención en la madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981, ya que, debido a supuestas dolencias de diversa clase, prácticamente ha cumplido su condena en una habitación de la clínica Covesa de Madrid.

En el auto del Consejo Supremo de Justicia Militar se indica que la decisión del alto tribunal será notificada, a los efectos pertinentes, al capitán general de la I Región Militar (Madrid) y al director de la Seguridad del Estado.

Según fuentes militares, es muy probable que los seis militares excarcelados permanezcan, tras ser puestos en libertad, en situación de disponible, es decir, que, en principio, no ocuparán ningún destino con mando sobre tropa. En esta situación permanecerán al menos hasta que el Tribunal Supremo, máximo tribunal de carácter civil, dicte sentencia firme, ya que la decidida por el Consejo Supremo se encuentra recurrida. Según los abogados defensores, el recurso no será visto hasta dentro de varios meses.

A pesar de ello, la facultad de resolver sobre concesiones de libertad a los procesados por el 23-F corresponde al Consejo Supremo de Justicia Militar, según decisión adoptada por el Tribunal Supremo.