Confusionismo sobre las deudas reales de las empresas a la Seguridad Social

Las deudas reales de las empresas a la Seguridad Social rondan los 200.000 millones de pesetas, según fuentes de la propia Administración, que añadieron que los cerca de 700.000 millones de pesetas de deuda que se vienen manejando (ver EL PAIS del pasado sábado) son el resultado de sumar cifras que en muchos casos corresponden a la misma partida y a actos administrativos distintos. Otras fuentes matizaron, en relación con estas cantidades, que, en una parte importante, corresponden a deudas de empresas públicas.

El gabinete de Prensa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social difundió el pasado viernes un amplio informe en el que se cifraban en cerca de 700.000 millones de pesetas las deudas que las empresas mantienen con la Seguridad Social, según los datos contabilizados hasta el 30 de septiembre.De acuerdo con el citado informe, el total acumulado de deudas a la Seguridad Social corresponde a requerimientos, actas de liquidación y certificaciones de descubierto que importan 696.799 millones de pesetas.

Las cantidades apuntadas por el gabinete de Prensa del citado ministerio contrastan, no obstante, con las afirmaciones efectuadas por altos responsables del departamento que aseguraron que las "deudas reales de las empresas a la Seguridad Social" se sitúan en torno a los 200.000 millones de pesetas". Al mismo tiempo hicieron constar que las cifras eran estimativas, dada la complejidad de los trámites contables, y que era muy difícil saber exactamente cúal era el montante real.

La diferencia entre ambas cifras -200.000 millones y 700.000 millones- se basa, según las citadas fuentes, en que los tres conceptos que se manejan para evaluar la deuda, requerimientos, actas de liquidación y certificaciones en descubierto, son actos administrativos distintos, y no deben sumarse para obtener un total real, dado que, en muchos casos, son partidas que pasan de un concepto a otro, con lo que vienen adicionándose dos y hasta tres veces.

Otras fuentes consultadas corroboraron estas estimaciones, advirtiendo, además, que una parte importante de la deuda se debe a empresas públicas. Señalaron también que a las dificultades que supone el cobro de estas deudas se une en muchos casos "la imposibilidad social de hacerlo. Para muchas empresas, la ejecución del cobro supondría el fin de sus actividades, al tener que procederse al embargo de las mismas, con las consecuencias que ello acarrearía sobre el empleo".

Por otra parte, subrayaron que el sistema de cobro en vigor, a través de las magistraturas de Trabajo, no resulta el más adecuado. Aspecto en el que, según el director de la tesorería general de la Seguridad Social, se muestra de acuerdo.

La Administración ha anunciado su intención de que sean los recaudadores de Hacienda quienes se encarguen de cobrar estas deudas. Sin embargo, la deuda pendiente seguirá tramitándose por el mismo procedimiento que hasta ahora.