El aumento de las retenciones sobre la renta entrará en vigor cuando se aplique la revisión salarial

El Consejo de Ministros no estudió por fin la tabla de retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que debe entrar en vigor durante el presente año por motivos técnicos y políticos. No obstante, en la Administración se tiene la certeza de que es imprescindible aumentar considerablemente la recaudación por este impuesto si se quiere llevar a cabo la política de ajuste general que se viene anunciando. El equilibrio entre el mantenimiento del gasto público y no aumentar el déficit público por encima de las cifras adelantadas para el cierre del ejercicio de 1982 exige dichos aumentos.

En el último momento, el ministro de Economía y Hacienda decidió retirar del orden del día del último Consejo la presentación de la tabla áde retenciones a cuenta del IRPF, tanto porque no se puede aprobar dicha tabla sin que se tenga claramente perfilada cuál será la tarifa general que se aplicará, como porque no parece políticamente asumible el aprobar una subida importante en las retenciones antes de que se hayan firmado los convenios colectivos que recojan las subidas salariales para 1983. Se considera que no es de recibo incrementar las retenciones, lo que supone cobrar menos, hasta que no se apliquen las revisiones salariales. Para ello, se maneja el argumento de que si las subidas salariales se aplican con carácter retroactivo al primero de enero de cada año se puede hacer lo mismo con las retenciones que se decida aplicar.Lo que parece fuera de toda duda es que, en la situación actual, es imprescindible incrementar de manera sustancial los ingresos fiscales obtenidos por la vía del impuesto sobre la renta.

En medios cercanos a la Administración se tiene la idea de que la subida en la tarifa es necesaria, y que se dejará sentir a partir de los ingresos superiores al millón de pesetas anuales o del millón y medio como máximo. Las razones que se aducen para ello son claras. El actual Gobierno ni quiere ni puede reducir su nivel de gasto público, ya que ello exigiría frenar sus planes de inversión, a los que se les da prioridad para relanzar la economía española, o bien reducir sus prestaciones sociales, lo que entraría en contradición con los objetivos que se supone debe cubrir un Gobierno de corte socialista. Si al tiempo se pide que se modere el crecimiento del déficit público, la única alternativa posible es el aumento de la recaudación impositiva que permita obtener los fondos necesarios para cuadrar los Presupuestos Generales del Estado.

Déficit inflado

Aunque el Gobierno reconoce que los datos finales sobre déficit público para el ejercicio de 1982 han sido inflados para poderse dar un margen de maniobra a sí mismo durante el presente año, lo que se intenta es que en cualquier caso el déficit no sobrepase el porcentaje alcanzado durante el año pasado para, posteriormente, ir reduciéndolo.El déficit público que se está manejando como probable para 1983 se cifra en 1,3 billones de pesetas, como han anunciado representantes del Gobierno en sus últimas intervenciones públicas. Esta cifra tiene que estar en línea, tanto con el cuadro macroecónomico presentado por el ministro de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados, como con las previsiones de financiación del mismo y con los objetivos de política monetaria que se han venido anunciando.

Según todos estos cálculos, el Tesoro necesitará obtener una financiación neta en los mercados exteriores que oscilará entre los 1.300 y los 1.500 millones de dólares para cubrir los objetivos de equilibrio de la balanza de pagos, con una caída de reservas que no debería sobrepasar los trescientos millones de dólares. Todo ello, si se cumplen las previsiones que, sobre comercio exterior y tipo de cambio de la peseta, se han realizado. Las explicaciones para esta cifra de endeudamiento se basan en que el comercio internacional estará algo mejor en 1983 que en el año anterior, lo que repercutirá favorablemente en el nivel de las exportaciones españolas, y en que las importaciones bajarán, tanto porque continuará el descenso en el consumo de productos petrolíferos como por el almacenamiento de productos que ha habido durante los últimos meses de 1982, alentado por las presiones que había sobre el tipo de cambio de la peseta.

Al tiempo se ha calculado que la reducción en cinco puntos de los tipos de interés en los mercados financieros internacionales supone un ahorro para el conjunto de la economía española cercano a los mil millones de dólares. Con ello se llega a una previsión de déficit en la balanza por cuenta corriente de 2.400 millones de dólares frente a los 4.300 con que se ha cerrado el ejercicio 1982.

Crece la deuda pública

Los 1.500 millones de dólares en que se endeudará este año el Tesoro equivalen a cerca de 200.000 millones de pesetas, con los que financiará parte del déficit público. El resto, 1,1 billones de pesetas, tiene que ser cubierto mediante emisiones de deuda pública interna -a corto, medio o largo plazo- y el recurso al Banco de España. En medios de la Administración se considera que el total de emisiones de deuda pública interna rondará los 500.000 millones de pesetas; como a lo largo de 1983 vencen títulos anteriores por valor de 200.000 millones de pesetas, el saldo neto para financiar el déficit público será de 300.000 millones de pesetas. El recurso del Tesoro al Banco de España, es decir el volumen de certificados de regulación monetaria que se pondrá en circulación durante el año, se puede situar, por tanto, en 800.000 millones de pesetas, aunque esta cifra puede variar.En cualquier caso, el encuadre de todas estas cifras con la política fiscal a desarrollar por el Gobierno y con la política en materia laboral que se desprende del principio de acuerdo alcanzado por empresarios y sindicatos, al que se unirá la Administración en lo que la compete, parece difícil y no satisface, entre otros, a la delegación del Fondo Monetario Internacional que lleva una semana manteniendo conversaciones en Madrid de cara a la redacción del informe anual que sobre la economía española realiza el organismo internacional.