Las autoridades guatemaltecas suspenden, en el último momento, la ejecución de seis condenados

Las autoridades guatemaltecas suspendieron ayer, en el último minuto, la ejecución de seis miembros de la oposición cuando éstos habían sido trasladados ya al cementerio de la capital guatemalteca, lugar previsto para su fusilamiento. La orden de suspensión fue dictada por el Tribunal Supremo, tras recibir la petición formulada por uno de los abogados de los reos que alegó que éstos no habían tenido una "defensa legal" ante el tribunal especial que les juzgó.

Los seis condenados a muerte, Hector Morales, Carlos Subuyuj, Pedro Raxon, Walter Marroquín, Sergio Marroquín y el hondureño, Marco Antonio Gonzalez, fueron inmediatamente conducidos, bajo fuerte escolta, a una prisión de la capital.Los hermanos Marroquín y Hector Morales habían sido condenados a muerte por tribunales militares bajo la acusación de haber participado en un secuestro, el pasado mes de diciembre. Las acusaciones formuladas contra Subuyuj, Raxon y Gonzalez no fueron hechas públicas por las autoridades que se limitaron a calificarlos de "terroristas".

Otros cuatro jóvenes, que habián sido igualmente condenados a muerte en primera instancia, fueron absueltos por el Tribunal Supremo por falta de pruebas. Los recursos en segunda instancia ante el Tribunal Supremo fueron autorizados el pasado mes de septiembre a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El consul de Honduras en Guatemala, Gerardo Martinez Padilla, aseguró el martes que estaba convencido de la inocencia del hondureño Marco Antonio Gonzalei, quién no había podido hablar con su abogado.

Tanto la organización Amnistia Internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron peticiones de clemencia ante el Gobierno del general Ríos Montt, una vez que los tribunales especiales dictaron las condenas de muerte el pasado 21 de enero.

Fuentes diplomáticas indicaron que un sector del Gobierno guatemalteco deseaba el aplazamiento de la ejecución tras anunciarse la próxima visita del papa Juan Pablo II, prevista para el 6 de marzo.

Los abogados defensores de la ciudadana española Maria Antonia Monteverde Ascanio y el norteamericano Michael Glenn Ernest, detenidos bajo la acusación de terrorismo, siguen a la espera de la sentencia del tribunal especial.

Estos tribunales, cuya composición y sede son secretas, se han ocupado hasta el momento de setenta casos, y hasta el momento cuatro personas han sido ejecutadas en cumplimiento de las correspondientes sentencias.