La magnificación de la pequeña política

Jordi Pujol no lo ha tenido fácil. El gran reto de dotar a Cataluña de una infraestructura de gobierno, de llenar la autonomía de un contenido basado en el Estatut y la Constitución, era de por sí una dificultad suplementaria respecto a la que tendrán, en el momento que sea, sus sucesores. Este hecho incrementa la responsabilidad del primer presidente y exigía, de partida, una praxis política cualitativamente mejor, más racional, menos improvisada, con mayor definición ideológica y menos partidista que la desarrollada.La forma de gobernar

Una de las críticas que ahora se le formulan al presidente catalán, a modo de leitmotiv de la oposición e incluso de algunos de sus aliados, es el anteponer intereses subjetivos, incluidos los de su propia conservación, a los que objetivamente constituyen la reconstrucción nacional de Cataluña. El 8 de mayo de 1980, día de su toma de posesión, Pujol expuso un programa que incluía aspectos concretos notables, como, por ejemplo, el anuncio de seis leyes a tramitar por procedimiento de urgencia. Lo hizo con un lenguaje que reflejaba que tanto su especial manera de considerar el nacionalismo como el cumplimiento de las pequeñas tareas diarias iban a ser las dos herramientas claves de su mandato. Posteriormente, Pujol ha ido abandonando en la práctica el concepto de nacionalismo como elemento supraideológico, ante la necesidad progresiva de mantener una estabilidad parlamentaria que aquel día de mayo nació ya en precario.

Un acierto de aquel discurso fue el realismo con que expuso que las cosas no iban bien. En los casi tres años que han seguido, esa referencia ha sido una constante, acompañada, eso sí, de un sempiterno canto a la esperanza. Decía entonces Pujol: "Haciendo las cosas seriamente, sabremos superar la crisis". Era una variante, en cierto modo, de su anem per feina! ("pongámonos a trabajar"), el eslogan acuñado para su campaña electoral. Hay que reconocer que Pujol, llamado por sus compañeros de Convergéncia la locomotora humana por su capacidad de trabajo, ha desgranado una incontable suma de pequeñas labores. En unas recientes declaraciones consideraba que esas acciones constituian su principal satisfacción. Su empeño en llamar la atención sobre la mejora de las pequeñas cosas cotidianas ha sido considerado por muchos, sin embargo, como el reflejo patente de una falta de altas miras y una escasez de creatividad.

La institucionalización

El titular de la Generalitat hizo descansar desde el principio su acción gubernamental sobre tres ejes: la institucionalización, la catalanización y las medidas de revitalización económica. En la primera área es donde Jordi Pujol ha conseguido los mejores resultados, aunque con notables lagunas. En su ya citada toma de posesión, expuso un programa legislativo con 32 leyes generales y seis fundamentales. De las primeras, sólo han sido aprobadas por el Parlament siete. De las fundamentales, cuatro. Alguno de estos vacíos (como la ley de la Función Pública, la ley de Ordenación Territorial, la ley Electoral) afectan a temas clave de la autonomía catalana.

Al ser acusado por esta escasa iniciativa legislativa, Pujol ha utilizado varios argumentos de réplica, que son ciertos, aunque matizables. En síntesis, se ha lamentado de que en algunos campos no se puede legislar, y eso lo apoya en la puesta en marcha de la ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), la falta de los cuadros-marco de leyes estatales -como la de Bases del Régimen Local- y en una obligatoria prudencia a la hora de legislar, para que las iniciativas parlamentarias catalanas no sean denunciadas y frenadas por el Tribunal Constitucional. Estos argumentos se pueden contrarreplicar señalando que en determinadas leyes, como la de Ordenación Territorial, se podría haber empezado a dictar normas tomando como referencia la ley de Bases de Régimen Local de la época franquista, adaptada en parte por la Constitución. La actitud conservadora de Pujol en este campo, en espera de las normativas estatales definitivas, ha comportado incluso la crítica de algunos dirigentes de su propio partido. En realidad, Pujol es un gobernante que ve con desagrado un rígido control parlamentario sobre su acción gubernamental, y en este sentido es notorio su incumplimiento de algunas disposiciones que le ha dictado el Parlament, como, por ejemplo, la obligatoriedad de presentar una ley que sustituya las cámaras agrarias por entidades profesionales agrarias.

Uno de los primeros errores imputables en gran parte al Gobierno Pujol en el campo legislativo fue la ley de Transferencias de las Diputaciones, que el Tribunal Constitucional declaró -prácticamente en su totalidad- contraria a la Constitución. Aquel proyecto de vaciar de contenido las cuatro diputaciones catalanas, que Pujol pactó con la oposición, tras abandonar la vía de los decretos presidenciales, resultó un fiasco por falta de perspicacia jurídica y significó el punto de partida de una cadena de enfrentamientos con el Gobierno central. Además, tuvo efectos negativos para la institución catalana, tanto en su imagen en Madrid como por la imposibilidad real de absorber los organismos provinciales.

La política de traspasos

Transcurridos estos mil días, el presidente sigue trabajando para que la Generalitat incida cada vez más en la realidad catalana a través de su acción sobre cosas concretas. Para poder aplicar esta política, Pujol consideró vital acortar los plazos de los traspasos de los servicios estatales, para lo que contó con la inestimable -aunque corta- colaboración de Adolfo Suárez. A ese nivel los resultados fueron espectaculares: de los 2.000 millones que tenía la Generalitat preautonómica se ha pasado a un presupuesto de 246.000 millonespara 1982; de 1.500 funcionarios, a los 60.000 actuales.

Las primeras transferencias sustanciosas llegaron al final de 1980 con los servicios de Enseñanza y sus casi 30.000 maestros. Un año después, la gestión de los servicios de Sanidad y Seguridad Social se ha convertido en la parte del león del total de dinero disponible de la Generalitat, pero son unos 110.000 millones que Pujol sólo administra y que, incorporados a los presupuestos ordinarios, hinchan ficticiamente la magnitud de los recursos autonómicos. En ambas áreas Pujol ha conseguido mejores planificaciones que la Administración central: el inicio del curso escolar ha dejado de ser caótico en Cataluña y la Conselleria de Sanidad se anticipó a la reforma administrativa que los socialistas empiezan a aplicar ahora en el terreno sanitario. En el campo del Turismo, por citar otra realización positiva, se han conseguido en este tiempo mejores resultados porcentuales que en el resto de España.

Algunas de Ias críticas que en estos mil días se le han formulado a Pujol por su manera de conducir los traspasos han desaparecido con el tiempo. Perduran algunas, como la de que es irracional acumular transferencias si no se agiliza la negociación de sus valoraciories. Por razones de política general -las reticencias de Calvo Sotelo, el parón por la convocatoria de elecciones- las valoraciones tienen que discutirse ahora con un Gobierno de socialistas, cuando fue precisamente el PSOE el mayor crítico del procedimiento de negociación entre la Generalitat y el Gobierno de UCD y sus expertos consideran que existe una sobrevaloración de 21.000 millones. A las críticas socialistas se unen ahora las de algunos convergentes por la mala planificación que ha conducido a la situación actual.

La oposición subraya que Pujol no ha sabido separar nítidamente los intereses de la Generalitat por los traspasos de servicios de los restantes intereses de la institución, de su política de Estado. En este sentido señala que las necesidades de la Generalitat han ido al mismo saco que los objetivos partidistas e ideológicos de Convergencia, algo muy negativo para los intereses objetivos de Cataluña.

El 'mercadeo' de votos

Este cruce entre las diferentes políticas de Pujol, nacidas de la acumulación del cargo de presidente de la Generalitat y el de secretario general de CDC, se ha practicado en el doble plano Generalitat / Gobierno de UCI) y Generalitat / Convergència. Esto encontró complacencia en Madrid en la época de Suárez y resistencia durante el mandato de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo. El mercadeo de votos con UCD, como se conoció la estrategia del brazo español de Pujol, Miquel Roca Junyent, que consistía en un entendimiento basado en la contrapartida, llegó a transformarse en una especie de panacea para resolver todos los problemas. Una de sus primeras consecuencias fue el acentuamiento de la derechización de CDC en la política española: mes tras mes, en todas las votaciones claves para Adolfo Suárez o Calvo Sotelo, estuvo claro el apoyo de los diputados de Minoría Catalana a las tesis de UCD, ya fuera ante la ley del Estatuto de Centros Docentes, la ley de Incompatibilidades, el ingreso en la OTAN, la moción de censura a Carlos Robles Piquer, los Presupuestos Generales del Estado o la investidura de ambos presidentes.

Respecto al partido, Pujol se opuso siempre a la idea de abandonar la secretaría general y situarse en un plano más institucional. El resultado ha sido una superposición total de sus dos imágenes públicas, la sensación de que es un presidente totalmente vinculado a la política de un solo partido, que sale siempre en defensa de los intereses particulares convergentes y que, por ello, no actúa como el presidente de todos los catalanes. Esto se ha agravado por el electoralismo enquistado en la vida política catalana desde las elecciones de 1977.

Habilidad en el Parlament

Llama la atención la facilidad de movimientos con que Jordi Pujol ha podido gobernar en monocolor, disponiendo sólo del 31% de los diputados de la cámara catalana. Es algo que, por ejemplo, asombra a su antecesor, Josep Tarradellas, cuyas diferencias con el actual presidente han crecido con el paso de estos tres años hasta erigirse en su más cualificado crítico.

A Tarradellas le sorprende que el grado de condicionamientos impuesto al Gobierno autonómico minoritario sea prácticamente nulo. Con un tercio de la cámara, Pujol, en teoría, tendría que haber cedido constantemente ante sus aliados centristas y de Esquerra Republicana. Este dato habla también elocuentemente de la pobreza de la actividad de los socialistas.

La habilidad, su papel de único líder capaz de enfrentarse al PSC, el buen entendimiento con la UCD estatal puenteando a los centristas catalanes y la captación ad infinitum de Heribert Barrera para sus proyectos son algunos factores que explican el absolutismo de Pujol como gobernante. No hay que olvidar, sin embargo, que la oposición ha cumplido con la obligación moral de ser exquisitamente constructiva para no perjudicar el desarrollo del Estatuto, y que ello ha ensanchado extraordinariamente sus márgenes de acción. Sin embargo, a quince meses de las nuevas elecciones, su actual mayoría además de ser inestable es precaria y no representa, desde el punto de vista de muchos, a la realidad sociológica de Cataluña.

La política de 'ser víctima'

Pujol arrancó con ímpetu en mayo de 1980. Hasta enero-febrero del año siguiente tuvo una oposición desmoralizada, unos aliados subordinados y una tarea prometedora. El primer punto de inflexión vino con la dimisión de Suárez y el 23-F. Allí perdió a su mejor aliado y se iniciaron los embates de la campaña del miedo a cargo de quienes querían ver en las autonomías el chivo expiatorio de la inestabilidad democrática. Una vez más, aliados y oposición ayudaron a Pujol, comprometiéndose a fortalecer la identidad autonomía/democracia.

Luego, aunque el Gobierno Calvo Sotelo fue al mismo tiempo suspicaz y reticente con Pujol, los votos de la Minoría Catalana seguían siendo decisivos y se utilizaron para ayudar a UCD en la etapa en que ésta impuso desgobierno y decepción a toda España. A Pujol le faltó imaginación para exigir a Calvo Sotelo, a cambio del respaldo incondicional, una política menos caótica. Quizás era el momento adecuado para corregir una línea que le alejaba cada vez más de otras realidades sociales de Cataluña, las más populares, por su defensa exclusiva de los intereses de los catalanes de derechas y burgueses.

A partir de ahí Jordi Pujol acentuó lo que ha venido en llamarse la política del victimismo. Motivos de queja no le han faltado, como la LOAPA y, sobre todo, su espíritu, que ha sido el eje de unos pactos autonómicos UCD-PSOE de los que absurdamente -y ahora se empiezan a dar cuenta unos y otros- se alejó a los partidos que gobernaban en las autonomías. Los pactos autonómicos constituyeron el segundo punto de inflexión de sus mil días de gobierno, porque le anclaron en un conservadurismo en el campo legislativo. La campaña contra la regresión autonómica, basada en el grito Som una nació, llevó a Pujol a aumentar el componente nacionalista de su política, sin dejar de intentar sacar todo lo posible del Gobierno central. Dio, así, argumentos a quienes le acusaron de practicar un doble lenguaje y de descuidar el estilo exigible a un gobernante.

Con todo, después de casi tres años el presidente catalán puede sentirse satisfecho, porque el Estatuto se ha aplicado con menos problemas de los previstos. A pesar de sus quejas, el volumen de traspasos ha sido casi inmejorable en calendario y porcentaje, se ha dotado a la Generalitat de instrumentos y se la ha asentado.

Las dos comunidades

Las realizaciones prácticas han sido incontables. Pero ha faltado un proyecto más definido de esa reconstrucción nacional y, por tanto, el punto de referencia indispensable para una política. Las múltiples salpicaduras de improvisación y partidismo que ha tenido su estrategia han producido algunos efectos poco deseables para una autonomía que despega. Por ejemplo, la pérdida de influencia de Cataluña fuera de sus fronteras, que ahora intentan contrapesar los ministros socialistas catalanes.

Más grave aún es la desvinculación entre los sectores de población que proceden de la inmigración y el hecho autonómico; es posible que, si ahora se celebraran las elecciones al Parlament, Pujol no contara con el voto inmigrante que captó -por un reflejo anticrisis- en las elecciones del 80. Aunque en cuestiones de lengua el presidente haya sido más moderado de lo que algunos esperaban, no se ha producido una atención específica al proceso de integración de las dos comunidades que sustentan Cataluña ni se ha neutralizado el virus de la división, como lo demuestra la última manifestación del Onze de setembre.

También aquí se impone, como mínimo, la crítica al estilo. Hace mil días Pujol aludía a "un concepto global y globalizador de Cataluña en el que quepan de verdad todos los catalanes". A finales de 1981, en una visita a Ciutat Badia, ante una fuerte representación inmigrante, las palabras del presidente sonaban con demasiada dureza: "La intimidación, del tipo que sea, en el terreno laboral, en el terreno de la enseñanza, no va a servir absolutamente de nada, sépanlo ustedes. (...) La democracia se basa en las elecciones. Nunca en la intimidación. Por supuesto, sépanlo ustedes, las manifestaciones de tipo violento e intimidatorio no causan absolutamente ningún efecto en el Gobierno de la Generalitat. Esto es preciso que lo sepan ustedes".

Cualquier análisis de estos mil días de gobierno ha de reconocer la considerable tarea institucional y de realizaciones concretas llevada a cabo por el presidente. Jordi Pujol ha iniciado una época histórica y ha dejado patente su entrega ante el objetivo de recuperar los ideales de Cataluña. Pero, como afirma el dirigente centrista Antón Cañellas -por escoger la crítica de un aliado y no de un oponente-, ha olvidado que "no sólo se hace país construyendo carreteras o estructurando la Administración es necesario hacer al mismo tiempo una propuesta de futuro que involucre la ciudadanía y le haga ver porqué es importante poder contar de nuevo con la Generalitat". En cierta manera, esta es la gran crítica que se le puede hacer a Jordi Pujol.