Las clínicas de Cádiz sujetas a control en los conciertos reducen la plantilla de personal

Los trabajadores del sector de sanidad privada de Cádiz, unos 1.500 aproximadamente, pertenecientes en su gran mayoría a las plantillas de diversas clínicas privadas, viven con angustia la viabilidad futura de sus trabajos, tras el escándalo suscitado en la provincia con las presuntas irregularidades detectadas en los conciertos de varias clínicas privadas con la Seguridad Social, según ha manifestado el secretario provincial de sanidad privada de la UGT, José Fernández Chacón.

El escandaloso caso de la sanidad pública en la provincia de Cádiz, que denunciara el pasado mes de octubre el propio consejero de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía, Pablo Recio, se encuentra actualmente sub judice, lo que no ha impedido que la Administración adoptase una serie de medidas de control en los conciertos con la Seguridad Social, que han motivado el descenso en el rendimiento de algunas clínicas privadas provinciales, con la consiguiente amenaza, en algunos casos hecha ya efectiva, del despido de sus trabajadores.Los trabajadores de este sector, incluidos en las plantillas de las clínicas de Santa Rosalía (de Ferez de la Frontera), Frontela (de El Puerto de Santa María) y San Juan de Dios, La Salud y San Rafael (de Cádiz), tal como ha señalado el secretario de la UGT, son partidarios de acabar con la corrupción en la sanidad pública, así como de que se apliquen justamente las incompatibilidades, sin que por ello tengan que verse castigados con la pérdida de sus empleos. Este sector, hasta el presente, ha figurado en la cola de todos los convenios, con sueldos bajos y trabajo a destajo.

La solución para estos trabajadores tendría de conjugar la lucha contra la corrupción de los conciertos con la Seguridad Social, que se sospecha haya servido para enriquecer a las clínicas privadas, con la búsqueda de puestos de trabajo alternativos.

Sin embargo, y hasta el momento, en sus contactos con la Administración, no han obtenido ninguna respuesta satisfactoria a sus demandas, a pesar de que desde que se hizo patente el escándalo sanitario provincial estos trabajadores expusieron su situación al consejero andaluz y a otras autoridades en la materia de la Junta de Andalucía.