La Europa 'azul', nuevo orgullo comunitario

La Política de Pesca Comunitaria establece reglamentos de acceso a las aguas comunitarias, cuotas para cada país y para once especies, al menos, de pescados existentes en las aguas comunitarias; un programa de tres años de ayuda financiera a las flotas pesqueras de países miembros de la Comunidad Económica Europea por un valor total de 250 millones de Unidades de Cuenta Europea (ECU), equivalentes a 30.000 millones de pesetas; reglas de conservación de las reservas comunitarias de pesca, fijando, por ejemplo, el tipo de redes que se pueden usar. Además, la Política de Pesca Comunitaria intervendrá en el mercado en apoyo de los pescadores, y, con ello, la Comisión Europea centralizará -con esta nueva ganancia de poder- la negociación de los acuerdos con países terceros.Los inicios de las negociaciones

En realidad no se trata de una nueva política, sino del desarrollo de la PAC, como estaba previsto en el Tratado de Roma. Ya en 1966, la Comunidad Económica Europea comenzó a desarrollar una política de pesca, en vista de que la producción de los entonces seis comenzaba a bajar y de que los países terceros se mostraban más reacios a abrir sus aguas a otros países. La crisis del sector pesquero comenzó a morder a partir de 1968-69. En febrero de 1971, el Mercado Común tomaba sus primeras medidas hacia una PPC, fijando la condición central de la igualdad de las condiciones de acceso a las aguas territoriales de todos los Estados miembros. Algo había detrás, pues a las puertas de la Comunidad estaban llamando Dinamarca, Noruega -que finalmente optó por quedarse fuera-, Irlanda y el Reino Unido. Este último tiene un 60% de las reservas pesqueras de la CEE, y hubo de abrir sus, aguas a sus concomunitarios.

El Reino Unido consiguió, sin embargo, preservar seis millas de aguas territoriales para sí, abriendo el resto, hasta doce millas -una zona rica en peces-, tan sólo a los pescadores franceses, con derechos históricos. Este acuerdo entre París y Londres, en junio de 1982, abrió de nuevo las esperanzas de lograr una política pesquera en la CEE. De hecho, el exclusivismo de estas doce millas se ha instaurado, en principio, para todos los países de la CEE. El problema del acceso a las aguas era central, como lo había demostrado la crisis de 1978, en la que el Reino Unido se negó a que los otros ocho (Grecia ingresaría en 1980) reivindicasen una explotación preferencial en una zona a cincuenta millas de sus costas.

Las primeras concreciones reales de la PPC llegaron en septiembre de 1976, con propuestas de la Comisión Europea sobre medidas de conservación de los recursos marítimos. A tiempo, y no casualmente, pues un mes después los nueve decidieron ampliar sus zonas de explotación exclusiva a doscientas millas de sus costas. La primera consecuencia fue la expulsión de los soviéticos, japoneses y polacos de estas aguas. Las bases estaban sentadas para la PPC, pero no su contenido. A partir de entonces comenzaron una serie de negociaciones internas en la CEE, que numerosas veces se saldaron en fracaso.

Se trataba de fijar primero las cantidades de pesca admisibles en el total de la CEE para cada especie, especialmente para las que estaban en peligro. La CEE ha limitado para este año el total de lo que se puede pescar -de sus siete especies principales- en sus aguas al equivalente de 1,5 millones de toneladas de bacalao. Fuera de este sistema quedan especies como el besugo, la cigala, el atún o el rodaballo.

Recelos británicos e irlandeses

Una vez fijadas estas cantidades, había que repartirlas entre los distintos países de la CEE, es decir, fijar las cuotas nacionales. El verdadero problema llegó entonces, y el reparto de las cuotas en el futuro podría resultar en "maratones" de negociaciones similares a los que rigen la fijación de los precios agrícolas. De hecho, habían sido las protestas de Dinamarca, con un Gobierno minoritario, sobre los cupos que le correspondían las que habían paralizado el nacimiento de la PPC hasta el martes. Se le había prometido más a Dinamarca, y entonces surgieron los recelos británicos e irlandeses, pues sospechaban que esa pesca suplementaria tendría que provenir de sus aguas.

Gran Bretaña se ha llevado la mayor cuota, con un 37% de la captura de las siete principales especies contempladas en los reglamentos. El reparto, respecto del total ha sido el siguiente: Reino Unido 29,2%, Dinamarca 25,8%, Francia 15,2%, República Federal de Alemania 11,5%, Países Bajos 11 %, Irlanda 4,4% y Bélgica 2,9%. La Comisión asegura que para fijar las cuotas ha tenido en cuenta las necesidades particulares de las regiones donde la población local depende de la pesca e industrias derivadas, las relaciones con países terceros, cuyas aguas se cierran, y las actividades tradicionales de pesca. Se trata de poder reconstruir los recursos pesqueros. La Comisión ha tomado además otras medidas encaminadas hacia este objetivo sobre las características de las redes, la talla autorizada de los peces y limitaciones sobre zonas o periodos de pesca. Para algunas zonas "sensibles" se establecerá un sistema de licencias bajo el control de la Comisión Europea.La Política de Pesca Comunitaria garantiza asimismo una cierta seguridad a los 140.000 pescadores de la CEE, fijando precios de garantía mínimos y precios de retirada por debajo de los cuales se saca el pescado de¡ mercado para evitar su derrumbamiento. Se implantan también unas primas especiales para las anchoas y sardinas en conserva provenientes del Mediterráneo y otros tipos de medidas. La gestión, en este terreno, se hará a través de las organizaciones de productores, cuya formación se ve alentada por un programa de ayudas especiales. Es un sistema similar al que rige en la agricultura de la CEE. La Comunidad se gastará por otra parte unos 30.000 millones de pesetas para la reestructuración del sector pesquero, con nuevos equipos portuarios, modernización de los barcos y otros proyectos.

La exclusión mediterránea

La PPC, que es el nuevo orgullo, carece, sin embargo, de una verdadera dimensión mediterránea, ya que está pensada principalmente para el Atlántico, norte y sur. La organización comunitaria del mercado del pescado se extiende a los países mediterráneos, como Grecia e Italia. Sin embargo, la política de acceso, totales de captura permitidos y cuotas nacionales no se aplica en ese antiguo mar. La dimensión mediterranea se ve no obstante reforzada en la elaboración de acuerdos-marco con los países terceros. Por citar un ejemplo, el acuerdo marco entre Italia y Tunez -que se refería no sólo a la pesca sino también a tomates y textiles- expiró en 1978. Ahora Italia no negociará bilateralmente con Tunez, sino que esta será una labor que tendrá que desempeñar la Comisión Europea.

La elaboración de estos acuerdos-marco de pesca será y ha sido una de las labores fundamentales de la Comisión. Acuerdos de este tipo existen ya entre el Mercado Común y España, Noruega, Suecia, las islas Feroe, Estados Unidos, Canadá, Senegal, Guinea-Bissau y Guinea-Konakry, y están en curso con Mauritania y otros países africanos. España dispondrá ahora de un interlocutor menos polifacético cuando vaya a negociar el capítulo de pesca, en el marco de la adhesión a la Comunidad Económica Europea. No por ello será más fácil el resultado, aunque sí su proceso. "Después de diez años de noviazgo, asistimos por fin a una boda a diez bajo el régimen de la Comunidad", comentó Louis Le Pensec, ministro francés del Mar, el martes en el edificio Charlemagne.