El ex presidente de Guatemala Romeo Lucas ordenó personalmente el asalto de la Embajada de España

El general Romeo Lucas García, ex presidente de Guatemala, fue acusado ayer en Madrid, durante la segunda jornada del Tribunal Permanente de los Pueblos, de haber ordenado personalmente el asalto a la Embajada de España en aquel país el 31 de enero de 1980, hecho en el que murieron treinta campesinos que la ocupaban, siete integrantes del personal de la Embajada y dos ministros del Gobierno guatemalteco.La acusación fue formulada por el periodista Elías Barahona, quien ocupó el cargo de secretario de Prensa del Ministerio de la Gobernación y era hombre de confianza de Lucas García entre 1976 y 1980. A preguntas de los miembros del tribunal, el testigo narró la conversación mantenida por el general Lucas García con el entonces ministro de la Gobernación, Donaldo Alvarez.

"Sáquenles a como dé lugar", ordenó el presidente. "Están dentro Molina y Cáceres", dijo el ministro de la Gobernación, refiriéndose a dos ministros del Gobierno guatemalteco que se encontraban en el interior de la Embajada española y que posteriormente murieron en el asalto. Estas palabras fueron escuchadas por el ministro de Asuntos Exteriores, Castillo Valdés, y por el jefe de relaciones públicas de la Presidencia, Toledo Vielman, quienes se encontraban junto a Donaldo Alvarez. "No importa, sáquenlos", fue la respuesta de Lucas García.

Posteriormente, según la declaración del testigo, el presidente de Guatemala quiso que públicamente se explicase que había sido el embajador español, Máximo Cajal, quien pidió la intervención policial. "Mi general, el embajador no ha muerto y después dirá la verdad", le contestó el ministro. "Está bien, entonces impútenle la responsabilidad a algún miembro de la representación diplomática española que haya muerto", dijo el presidente.

Elías Barahona aseguró que "algunos de los jefes militares que dirigieron el asalto todavía siguen en las filas del Ejército y la policía, e igualmente muchos de los agentes que lanzaron las bombas incendiarias y agredieron al embajador español". El Gobierno de Madrid exige como condición fundamental para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Guatemala, rotas tras esos sucesos, el procesamiento de los responsables del asalto.

El mismo testigo relató también que en 1973 "vi personalmente cuando el general Ríos Moritt (actual presidente de Guatemala) dirigía las operaciones desde un helicóptero artillado, mientras que desde otros helicópteros disparaban contra los campesinos". Ríos Moritt era entonces jefe del Estado Mayor del Ejército.

Barahona acusó a los Gobiernos de Estados Unidos, Israel, Chile y Argentina de "fomentar y alimentar la política de terror" que, según él, ha causado 100.000 muertos en el país desde 1954 hasta la fecha.

A lo largo de la jornada fue presentado también el testimonio de una misión del Movimiento Internacional de Juristas Católicos Pax Christi Internacional, que visitó Guatemala en julio de 1981. Esta entidad calcula en 50.000 el número de muertos por la violencia entre 1954 y 1981, y denuncia asesinatos al ritmo de treinta por día en el primer semestre de 1982.

El grupo de oposición Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) presentó documentación que pretende demostrar "el entrenamiento a pilotos de la Fuerza Aérea guatemalteca otorgado en 1982 por parte de la compañía norteamericana Bell Helicopters, con el conocimiento y la aprobación de la Administración Reagan".

Según esta denuncia, "el entrenamiento, destinado al manejo de helicópteros Bell 412, incluía enseñanzas teóricas y prácticas de vuelo", y en él participaron, entre otros destacados militares, el entonces jefe del Estado Mayor presidencial, coronel Héctor Montalván.