El Congreso aprueba la elección de diputados provinciales en proporción al número de votos de cada partido

La atribución de diputados provinciales a las distintas formaciones políticas que obtengan algún concejal en las elecciones municipales se hará en función del número de votos conseguidos en cada partido judicial, y no como hasta ahora, en función del número de concejales. Esta es la modificación sustancial que proyecta el Gobierno sobre la vigente ley de elecciones locales y que ayer recibió luz verde del Pleno del Congreso, que rechazó las tres enmiendas a la totalidad planteadas por los grupos Popular, Centrista y Minoría Catallana. El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, aportó datos jara refutar que la reforma no responde a intereses partidistas.

La acusación al Gobierno socialista de oportunismo electoral, dada la proximidad de las elecciones municipales, estuvo subyacente en todas las intervenciones de la oposición, con tosquedad en el representante del Grupo Popular, Arturo García-Tizón; elegancia en el portavoz de la Minoría Catalana, Miquel Roca, y agresividad política en el centrista Gabriel Cisneros.Ya el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra Salcedo, calificó de "aventurada" esta presunción. Pero fue Alfonso Guerra, en una intervención que cerró el debate de totalidad, quien ofreció datos contundentes para disipar cualquier duda, según dijo, sobre la supuesta voluntad socialista de aprovechar su actual mayoría parlamentaria en beneficio del partido que sostiene al Gobierno.

Guerra aseguró que, tomando como base el resultado electoral del 28 de octubre, con la aplicación de la vigente ley de Elecciones Locales el PSOE sería el partido más beneficiado, ya que obtendría la mayoría en 43 diputaciones, mientras que aplicando el sistema electoral propuesto ahora por el Gobierno sólo sería mayoritario en 34.

El vicepresidente explicó que el motivo real de la reforma de la ley de Elecciones Locales es lograr que las diputaciones provinciales representen a los ciudadanos de la provincia, y evitar tanto la infrarrepresentación como la sobrerrepresentación de las fuerzas políticas en dichas corporaciones provinciales. Como ejemplo de lo primero, dijo que en una provincia en la que el PSOE obtuvo el 17% de los votos en las pasadas elecciones municipales, los socialistas no cuentan con un solo diputado provincial. Como ejemplo de lo segundo afirmó que en otra provincia el PSOE, con el 30% de los votos, alcanzó el 40% de los diputados provinciales.

Por el Grupo Popular, Arturo García-Tizón se opuso a la totalidad del proyecto de ley por tratarse de una modificación incompleta que no respeta el carácter de órgano de representación municipal que la Constitución otorga a las diputaciones provinciales. Consideró mejor que la fórmula socialista la elección directa de los diputados provinciales e invocó el sentido de Estado del PSOE para no llevar adelante una ley que le favorece.

En representación de la Minoría Catalana, Miquel Roca pidió la devolución al Gobierno del proyecto de ley, por no adecuarse. a la Constitución, contra lo que dice la memoria explicativa del mismo. Asimismo, rechazó el argumento de que el nuevo texto legal aproveche la experiencia en las corporaciones locales, por estimar que dicha experiencia no afecta al sistema electoral. Estimó que, en definitiva, se modificaba el régimen de elección en las diputaciones provinciales porque no gusta o no interesa al PSOE.

El centrista Gabriel Cisneros invocó los pactos autonómicos firmados por el Gobierno de UCD y el PSOE en los que se establece que los diputados provinciales "serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto". En cumplimiento de aquellos pactos, el Gobierno de UCD remitió a las Cortes un proyecto de ley que recogía esta fórmula de elección directa, y que fue ofrecido por Cisneros como texto alternativo al del Gobierno. Recordó a Guerra que parchear no es bueno, y a Felipe González, su promesa de reformar globalmente el proceso electoral local.

El socialista Luis Fajardo contestó a los tres enmendantes recordando que el sistema electoral proyectado ahora por el Gobierno es el mismo que el PSOE ha venido defendiendo desde 1978. Dijo que la ley vigente es el resultado de los votos de AP y UCD, y que el propio Maciá Alavedra, en nombre de la Minoría Catalana, defendió entonces que la regla D'Hont se aplicara a los votos y no a lo

concejales. Sometidas a votación las tres enmiendas a la totalidad fueron rechazadas las dos patrocinadas por el Grupo Popular y la Minoría Catalana, que pedían la devolución del proyecto de ley al Gobierno por 109 votos favorables, 185 en contra y trece abstenciones. La de texto alternativo defendida por UCD obtuvo diecisiete votos a favor, 279 en contra y diez abstenciones.

El comunista Santiago Carrillo expresó su apoyo al proyecto de ley socialista y calificó de prudente la decisión de no incluir en el mismo la reforma del sistema de elección de los alcaldes. Sobre este punto, Alfonso Guerra manifestó que el Gobierno ha pretendido evitar una interpretación equivocada o torcida sobre una cuestión que en definitiva no ha cambiado, ya que tanto en la ley vigente como en el borrador de reforma abandonado provisionalmente por el PSOE se contempla la elección como alcalde del cabeza de la lista de concejales más votada.