El debate sobre el aborto

EL GOBIERNO ha resuelto incluir la despenalización de algunas formas de aborto en las que el estado de necesidad de la mujer embarazada resulta difícilmente discutible, dentro de la reforma urgente de nuestro Código Penal, sin esperar, tal y como algunos medios oficiales habían anteriormente insinuado, a la elaboración de un nuevo texto refundido. Contra lo que puedan creer los partidarios de mantener rígidamente las decisiones políticas en nombre del principio de autoridad, la esencia de un Gobierno democrático es, precisamente, su capacidad para modificar los ritmos de su actuación y cambiar incluso la orientación de algunos de sus criterios en función de las demandas sociales y los movimientos de opinión.Es altamente probable que las dos recientes sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre casos de aborto hayan aconsejado al presidente del Gobierno no retrasar una medida que, por lo demás, figuraba en el programa electoral del PSOE. Las apelaciones de los magistrados al poder ejecutivo se acogían en ambas sentencias al artículo 2 del Código Penal, que ofrece a los jueces la posibilidad de acudir al Gobierno para exponer lo que consideren conveniente "cuando de la rigurosa aplicación de la ley resultare penada una acción u omisión que a juicio del tribunal no debiera serlo, o la pena fuere notablemente excesiva, atendidos el grado de malicia y el daño causado por el delito". La enorme distancia existente entre la legislación española sobre el aborto, por un lado, y las normas vigentes en la mayoría de los países occidentales, por otro, hacen inexcusable la modificación de unos preceptos que dejan aislada a España de esa Europa civilizada, cuya legislación también se inspira en las tradiciones del humanismo occidental, en la que nuestro país desea integrarse. Porque resultaba cada vez más insostenible que un simple cruce de la frontera permitiera a una española interrumpir su embarazo sin incurrir en delito, y con la debida asistencia médica, mientras que esa misma práctica abortiva, realizada en nuestro territorio en una clandestinidad peligrosa, cayera dentro de la ilicitud penal.

Las primeras reacciones de protesta contra la anunciada medida muestran que la decisión del Gobierno va a encontrar serias y firmes resistencias dentro y fuera del Parlamento. A diferencia de Francia, donde la iniciativa de la despenalización parcial del aborto -adoptada bajo la presidencia de Giscard- corrió a cargo de los liberales-conservadores, en teoría emparentados ideológicamente con Alianza Popular, la modificación de la normativa legal española será llevada a cabo por una mayoría parlamentaria socialista. La consecuencia presumible de este distinto origen político es que la polémica, que encierra problemas morales enormemente delicados, podrá ser obscenamente manipulada desde sectores partidistas mucho más interesados por la rebatiña electoral o el desgaste del Gobierno que por la ética. Manuel Díaz Piniés, diputado de Alianza Popular, ha dado ya una grotesca anticipación del tipo de debate que nos amenaza. Este congresista anuncia la presentación de una enmienda para que la reforma del Código Penal tenga carácter retroactivo, a fin de que sus promotores "puedan acogerse a sus efectos en la forma que reglamentariamente se determine, toda vez que ellos sí tuvieron la posibilidad de salir del claustro materno, error que ahora pueden voluntariamente subsanar adelantando la implantación del nuevo progreso que supone la eutanasia o fórmulas parecidas", sin que la cláusula de retroactividad les obligue, empero, "a reimplantarse en el seno materno por las múltiples dificultades que esa operación implicaría". Que la política se esgrima a veces como pretexto para pisotear la ética y maltratar la estética es desgraciadamente algo que, como ha puesto de relieve en los últimos días el comportamiento de Calviño en Prado del Rey, puede darse en las áreas más diversas de nuestra vida pública. Pero si la grosería de los argumentos, la zafiedad de los sarcasmos y la tosquedad de las amenazas del parlamentario de Alianza Popular, digno émulo en este terreno del incontinente rector de Televisión Española, fueran secundadas por algunos dirigentes de la coalición dirigida por Manuel Fraga -por ejemplo, Miguel Herrero, Oscar Alzaga o Pedro Schwartz-, habría que empezar a preocuparse por la débil presencia en nuestra vida pública de los componentes básicos -la tolerancia hacia los discrepantes, el gusto por la verdad y el respeto a la propia dignidad- que nutren los hábitos de la convivencia democrática en las naciones civilizadas.

En más de una ocasión hemos señalado que el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo no debería confundir las dimensiones morales de la cuestión, cuya complejidad y delicadeza concede plausibilidad a muy diversas posturas, con el aspecto estrictamente jurídicopenal de la persecución por la policía y los tribunales de las prácticas abortistas. En el terreno moral, por otra parte, las actitudes no siempre encajan dentro de esas contraposiciones maniqueístas que los energúmenos propagan. Aunque la jerarquía eclesiástica realiza una condena ética y religiosa sin paliativos de cualquier forma de aborto, tampoco faltan católicos con gran autoridad que defienden -como José María Díez-Alegría hace escasos días en las páginas de EL PAÍS- planteamientos mucho más matizados. Entre los agnósticos, cuya independencía para el enjuiciamiento moral es habitualmente mayor que la autonomía de los miembros de las Iglesias institucionalizadas, los adversarios incondicionales de cualquier forma de aborto coexisten con los defensores, con mayores o menores condicionamientos respecto a los plazos y los casos, del derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo. Pero si las posiciones éticas frente al aborto no se superponen de manera automática -como la derecha ultramontana necesitada de una buena guerra de religión desearía- con las creencias religiosas, todavía más disparatado resultaría tratar de reforzar la desaprobación moral de las prácticas abortistas con la sanción penal de privación de libertad dictada por los tribunales de justicia.

El moderado proyecto del Gobierno se propone despenalizar el aborto sólo en los supuestos de violación, malformación del feto o peligro para la vida de la embarazada. Dado que esa propuesta de modificación del Código Penal figuró en el programa electoral del PSOE, votado por más de diez millones de españoles, la legitimidad política de la nueva mayoría parlamentaria para llevar a cabo esa reforína legal resulta sencillamente indiscutible. Ni que decir tiene que, una vez aprobada la modificación del Código Penal por las Cortes Generales, los diputados y los senadores de la oposición o el defensor del pueblo podrían interponer un recurso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional resolviera sobre el eventual conflicto entre la nueva ley y el artículo 15 de nuestra norma fundamental. Adelantemos, sin embargo, que una sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao afirmó en marzo,de 1982 que la formulación "todos tienen derecho a la vida" contenida en ese artículo "sólo es aplicable a las personas en sentido propio (y no al embrión o feto)", y no incluye "la protección jurídica de la vida en formación".

La posición moral de quienes sostienen que la interrupción del embarazo es éticamente condenable, incluso en los casos límites considerados en el proyecto gubernamental, tiene pleno derecho al respeto que las decisiones tomadas en conciencia merecen. Sería, sin embargo, una manifestación de intolerancia tratar de imponer ese criterio, defendible pero discutible, a quienes discrepen de su contenido. Y constituiría un claro ejemplo de manipulación partidista la tentativa de organizar una batalla político-religiosa de consecuencias incalculables con el objetivo aparente de que la policía y los jueces sigan acudiendo en ayuda de los moralistas para impedir que pueda abortar en España (aunque no en Londres) una mujer que haya sido embarazada por un violador, o cuya vida corra peligro, o que lleve en su vientre un feto mal formado.