La aprobación en el Congreso de los estatutos de Baleares y de Castilla-León completa el mapa autonómico español

Por abrumadora mayoría, y con la abstención del Grupo Parlamentario Popular, el Pleno del Congreso completó ayer el mapa autonómico del Estado con la aprobación del Estatuto de Castilla-León, sobre el que próximamente, como respecto a los otros tres aprobados esta semana, deberá pronunciarse el Senado. El diputado del grupo citado José María Suárez no logró la exclusión de León de la nueva comunidad autónoma. Su propuesta en este sentido, contestada por el centrista Rodolfo Martín Villa y el socialista José Álvarez de Paz, fue rechazada por 98 votos favorables, 186 en contra y once abstenciones. El conjunto del proyecto recibió 208 votos a favor, 4 en contra y 100 abstenciones, del Grupo Popular.

En este debate intervino por primera vez el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, quien destacó que con este estatuto se culminaba casi definitivamente el mapa autonómico de España, a falta de lo que se resuelva sobre Ceuta y Melilla, y dijo que ahora quedan los retos de las transferencias y la adaptación de la Administración del Estado a las de las autonomías.José María Suárez planteó la supresión de la referencia a León en todos aquellos artículos del estatuto en que se menciona. Pidió que no se acusara de cantonalismo a quienes pretenden, por razones históricas y actuales, apartar a León de la Comunidad autónoma de Castilla. Aseguró que el proceso de integración de León en Castilla ha estado erizado de dificultades e irregularidades. Recordó también que frente a los acuerdos adoptados en favor de la integración, existen recursos pendientes ante el Tribunal Supremo, y asimismo resaltó que con posterioridad la Diputación Provincial de León y algunos ayuntamientos habían adoptado acuerdos discrepantes con la integración en la nueva comunidad autónoma.

El socialista José Alvarez de Paz calificó estos últimos acuerdos como "nulos de propio derecho", porque la decisión correcta constitucionalmente se produjo "en un momento preclusivo, el 16 de abril de 1980". Álvarez de Paz aseguró que el cambio de actitud de unas mismas corporaciones no es entendido por el pueblo de León ni por nadie, y destacó que el Estatuto debe mirar hacia el futuro y no anclarse en historicismos.

El Pleno del Congreso aprobó también ayer, en la votación final de conjunto, el Estatuto de Autonomía para las islas Baleares, en el que introdujo una sola modificación sobre el texto de la Comisión Constitucional: la sustitución de la referencia a las "características nacionales" de las islas por las "comunes características de nacionalidad".

Intentos de modificar la referencia al catalán

El resultado de la votación global fue de 193 votos favorables, tres en contra y 107 abstenciones; estas últimas, del Grupo Popular, los cuatro diputados comunistas y los representantes de Euskadiko Ezkerra y Esquerra Republicana de Cataluña. También resultó aprobado el estatuto de Castilla-León con la abstención de los diputados populares. Con ello, se completa en el Congreso el mapa autonómico del Estado.

El grupo que lidera Manuel Fraga intentó modificar la referencia que el estatuto hace a la lengua catalana como "propia de las islas Baleares". Abel Matutes no dejó intervenir en este punto a José Cañellas, que en la comisión había mantenido argumentaciones pintorescas sobre su catalanidad consorte y sus cuatro hijas medio catalanas".

El propio Matutes defendió que se hiciera referencia a la "lengua de las Baleares", de acuerdo con la opinión mayoritaria de una serie de lingüistas reunidos en Palma de Mallorca en 1980, así como en los giros y diferencias con el catalán del habla usual en Baleares. El socialista Jaume Ribas defendió el catalán como la lengua que utilizan los escritores de Baleares y que debe prevalecer sobre las formas dialectales. La enmienda del Grupo Popular fue rechazada.

El texto aprobado ayer establece que el número total de diputados y la distribución de escaños se realizará por una ley del Parlamento balear aprobada por mayoría absoluta, si bien para la primera elección, que habrá de celebrarse antes del 31 de mayo de este año, se elegirán cincuenta diputados, distribuidos así: Mallorca, treinta; Menorca, doce; Ibiza, once, y Formentera, un diputado.