Profesores universitarios y jueces contribuirán a la formación de la policía

Un convenio por el que los ministerios de Justicia y Educación prestarán su colaboración y apoyo a los centros de formación de los cuerpos de seguridad ciudadana, dependientes del Ministerio del Interior, fue firmado ayer en la Escuela Superior de Policía de Avila por los titulares de Interior, Educación y Justicia, así como por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. El objetivo de este convenio consiste en mejorar el nivel de formación de la policía, cuyos miembros recibirán a partir de ahora enseñanzas de profesores universitarios y jueces. Este acuerdo supone un "paso adelante" en la reivindicada formación universitaria de estos cuerpos.

El convenio, que en palabras de José Barrionuevo, ministro del Interior, se encuadra dentro del "firme propósito del Gobierno de que la formación de la policía obtenga el máximo rango", posibilita que profesorado universitario y miembros docentes de la Escuela Judicial y de la carrera Judicial y Fiscal impartan enseñanzas a las fuerzas de seguridad ciudadana sobre disciplinas no específicamente policiales. Asimismo, se regula que las universidades puedan establecer un sistema de tutorías con objeto de verificar el nivel de exigencia docente en los centros dependientes del Ministerio del Interior.El jefe de la división de enseñanza y perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, Jesús Prol, manifestó que "la policía debe estar en contacto permanente con la realidad" y, a través de este, acuerdo, se formaliza "la solidaridad universitaria en la tutoría de las fuerzas del orden público".

Rafael Jimeno, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, explicó que "aunque, a veces, no ha existido entendimiento entre las fuerzas de seguridad y jueces y magistrados, la firma de este convenio va a contribuir enormemente a que se imponga la colaboración y cooperación entre ambos". Por su parte, el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, afirmó que "la Universidad española no es un claustro aislado y este ministerio no puede estar ausente en la formación de la policía". Maravall añadió que no solamente se perfeccionará la formación técnica de los funcionarios policiales, sino que se impartirán enseñanzas jurídicas, sociales y humanísticas.

Fernando Ledesma, ministro de Justicia, dijo que con la formación "se obtiene un mejor conocimiento de la realidad, se aplican mejor las técnicas policiales y jurídicas, se realiza un mejor función en un estado de derecho y se defiende mejor la sociedad, garantizando al máximo la seguridad de los ciudadanos". El titular de Justicia explicó que en un estado democrático es necesario garantizar el derecho a la presunción de inocencia y la asistencia letrada al detenido y es obligado realizar un mayor esfuerzo en la consecución de pruebas, lo que supone una mayor capacidad de convicción para los jueces. Ledesma puntualizó que es necesario "la defensa del sistema de valores que la Constitución proclama como son la libertad, la igualdad y la, justicia".

En cuanto a las diferencias surgidas entre Interior y Justicia sobre el proyecto de asistencia letrada al detenido, Fernando Ledesma afirmó que se está trabajando coordinadamente para conseguir una ley que se adapte a los criterios de ambos organismos. Asimismo, añadió que en breve el proyecto será estudiado por los subsecretarios de los dos ministerios y antes del verano, casi con toda seguridad, habrá llegado al Parlamento.

Por su parte, el ministro del Interior, José Barrionuevo, afirmó que la policía, en una sociedad democrática, constituye la vanguardia de los derechos de los ciudadanos, individual y colectivamente considerados" para lo cual es necesario que exista "una alta preparación técnica y humanística de estos cuerpos". Barrionuevo puntualizó que es necesario que exista una "mayor racionalidad, eficiencia y profesionalidad en la actuación y, estructura de estos cuerpos".