Eanes anuncia la próxima disolución del Parlamento portugués sin precisar la fecha de las elecciones generales
El presidente Antonio Ramalho Eanes anunció anoche la próxima disolución del Parlamento portugués. En su alocución dirigida al país, el jefe del Estado no fijó aún la fecha de las próximas elecciones legislativas. En razón de la situación económica del país decidió conceder un plazo al actual Gobierno para solicitar del Parlamento poderes legislativos para tomar las medidas financieras y sociales imprescindibles que aseguren el normal funcionamiento de la economía nacional hasta que pueda formarse un nuevo Ejecutivo.
El presidente Eanes manifestó, sin embargo, el deseo de promulgar el decreto de disolución de la Cámara única del Parlamento luso "en el más breve plazo de tiempo posible".Considerada hace tiempo como inevitable no solamente por la oposición sino también en los medios dirigentes de la coalición de centro-derecha que está en el poder en Lisboa desde enero de 1980, la decisión del general Eanes no resuelve la profunda crisis política portuguesa, por todos considerada como la más grave conocida hasta ahora por el frágil régimen democrático instaurado en Portugal por la revolución del 25 de abril de 1974.
Consciente de que su gesto puede ser interpretado nacional e internacionalmente como un abuso de poder y una violación de las reglas democráticas, Eanes dedicó la mayor parte de su alocución de más de treinta minutos a justificar política, social y constitucionalmente la decisión tomada.
Desde el punto de vista constitucional recordó que el sistema semipresidencialista vigente en Portugal incluso después de la revisión constitucional concluida en septiembre de 1982 hace del jefe del Estado el último árbitro en materia de defensa de los intereses nacionales y de la democracia. Subrayó la solidaridad institucional que liga el presidente de la República al Gobierno por él investido y que lo hace corresponsable de la buena o mala acción gubernativa.
La justificación política de la disolución de un Parlamento -en el cual existe, como él mismo reconoció, una "mayoría formal"- fue una larga requisitoria contra la acción gubernativa de Alianza Democrática desde la formación del primer Gobierno de Pinto Balsemao en enero de 1981. El presidente portugués subrayó, a la vez, la incapacidad de la coalición mayoritaria en el Parlamento para dotar al país de la necesaria estabilidad política y del aplazamiento constante de la ejecución de los objetivos programáticos de esta misma coalición.
Para Eanes las dimisiones de Pinto Balsemao de sus funciones de primer ministro en agosto de 1981 y diciembre de 1982 por motivos estrictamente personales o de partido, y la reciente renuncia a todos sus cargos políticos de Diogo Freitas do Amaral, fundador de Alianza Democrática y presidente del partido Demócrata Cristiano, son indicios seguros de que Alianza Democrática es incapaz en las presentes condiciones de sobreponer el interés nacional a sus problemas internos. Sus propios dirigentes, dijo Eanes, dejaron de creer en su continuidad.
Sin hacer juicios de valor sobre las consideraciones ideológicas o programáticas en que se basó la actual mayoría, el presidente Eanes consideró no poder conceder un nuevo plazo a la coalición para resolver sus problemas internos porque el clima de inseguridad creado por la inestabilidad política compromete el urgente desarrollo de una política económica de "recuperación nacional".
Reconoció que la solución adoptada, no ideal, sino tan solo posible, crea un período de incertidumbre acerca del futuro inmediato, pero estima que este plazo es mejor que un constante arrastre de la falta de claridad de las opciones gubernativas.
El jefe del Estado concluyó su intervención con una referencia al futuro y a la confianza que le inspira la experiencia de las crisis pasadas: "No os prometo tiempos fáciles" será necesario "mucho trabajo y sacrificios", pero tenemos el derecho de esperar "mayor confianza y responsabilidad".
La disolución del Parlamento portugués abre una nueva fase, de consecuencias imprevisibles, en la crisis política abierta el 20 de diciembre pasado, con la renuncia de Francisco Pinto Balsemao, presidente del Partido Social Demócrata y líder de la coalición gubernamental de Alianza Democrática, al cargo de primer ministro.
Un precedente
La intervención presidencial tiene un precedente, que se registró en circunstancias algo parecidas durante el primer mandato del actual jefe del Estado. En 1978, a raíz de la crisis gubernamental del Gobierno de coalición entonces formado por los socialistas y los democristianos, el presidente Eanes consideró que Mario Soares ya no disponía del apoyo parlamentario necesario para gobernar de manera estable, y el primer ministro tuvo que dimitir, abriendo el proceso que llevaría, en el verano de 1979, a la disolución de la primera Asamblea legislativa elegida después de la aprobación de la Constitución portuguesa de 1976.
El partido socialista criticó entonces al jefe del Estado por su intervención al margen de los mecanismos parlamentarios previstos para provocar la caída de los Gobiernos.
La disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas era entonces reclamada por Francisco Sa Carneiro, presidente del PSD, que fue el más decidido adversario de los Gobiernos de iniciativa presidencial, que se sucedieron de septiembre de 1978 a octubre de 1979, fecha de las elecciones que dieron su primera victoria a la coalición de Alianza Democrática, entre tanto formada por socialdemócratas, democristianos y reformadores, pequeño grupo disidente del PS.
El Gobierno de Nobre da Costa fue derrumbado en el Parlamento, que no aprobó su programa. El Gobierno de Carlos Mota Pinto, entonces disidente del PSD, consiguió vencer la prueba parlamentaria, pero cayó después de unos meses en medio de la más violenta contestación social hasta entonces registrada en Portugal.
El Gobierno de Maria Lourdes Pintassilgo, la única mujer que ejerció una vez la presidencia del Gobierno en Portugal, se constituyó entonces con el único objetivo de dirigir el país hasta las elecciones, convocadas dentro del plazo legal de noventa días.
Los plazos de las elecciones
La Constitución portuguesa, en su versión revisada de 1982, otorga al jefe del Estado plenos poderes para disolver el Parlamento. Con la única condición de la previa consulta al Consejo de Estado, cuya opinión no tiene carácter imperativo.
Las elecciones para la nueva Asamblea legislativa deben tener lugar en el plazo mínimo de sesenta días y máximo de noventa a partir de la publicación, en el diario oficial, del decreto de disolución de la Cámara única del Parlamento portugués. Los diputados elegidos inician una nueva legislatura de cuatro años.
El problema más grave que se plantea ahora, en términos políticos y constitucionales, es el de saber qué Gobierno se encargará de conducir los asuntos corrientes del Estado durante el período preelectoral.
La extensa y a veces excesivamente compleja Constitución portuguesa no resuelve claramente, la cuestión. Estipula que, en caso de renuncia o de exoneración del primer ministro, o de caída del Gobierno por un voto de censura en el Parlamento, el Gabinete se mantenga en funciones hasta la investidura del nuevo presidente del Ejecutivo.
