Felipe González prometió la ley de asistencia letrada para 1983

Las organizaciones profesionales o humanitarias que vienen propiciando la necesidad de la regulación de la asistencia letrada al detenido, manifestaron a EL PAIS su rechazo por un nuevo retraso del desarrollo pleno de este derecho constitucional, en especial su irrenunciabdidad y su aplicación a los incomunicados. Entre otras cosas, recordaron que esta regulación fue prometida por Felipe González en la sesión parlamentaria de investidura para el año actual.En respuesta al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Vicens, el entonces candidato a presidente del Gobierno contestó el pasado 1 de diciembre ante el pleno del Congreso que la asistencia letrada quedaría regulada en 1983. En el mismo debate, el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, recordó que en España seguía existiendo la tortura y que su desaparición exigía, entre otras medidas, "la elaboración de la ley de asistencia letrada obligatoria al detenido". Felipe González contestó a Bandrés que se presentaría al Parlamento dicho proyecto de ley para "cubrir una previsión constitucional absolutamente necesaria y exigible".

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), José María Mohedano, manifestó a este periódico que, teniendo en cuenta que la asistencia letrada ya está establecida por la ley de 4 de diciembre de 1978, el compromiso de Felipe González hay que vincularlo a una regulación acorde con la Constitución, que contemple su carácter irrenunciable y su aplicación sin limitaciones, incluso en los casos de incomunicación del detenido.

Para Mohedano, cualquier devaluación del anteproyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia "sería una frustración que iría en contra del propio programa de gobierno del PSOE y del discurso de investidura de Felipe González". Añadió que, en respuesta al informe anual de la APDH correspondiente a 1982, varios dirigentes socialistas, incluido el presidente del Congreso de los Diputados y algunos ministros, "unos públicamente y otros en privado, nos han comunicado que se solucionaría el problema de la irrenunciabilidad y de la asistencia letrada a los incomunicados, en un régimen especial, pero que no les privaría de la asistencia. Esperamos que se confirmen estas promesas".

Entre las recomendaciones a los poderes públicos contenidas en el informe anual citado, figuraba una por la que se solicitaba "que se garantice legalmente la irrenunciabilidad del derecho de asistencia al detenido, sin excepción". Asimismo, en el informe sobre la legislación terrorista española elaborado por la misma asociación se pedía que quedara "sin efecto la prohibición a la asistencia letrada para los detenidos por sospecha en relación con bandas armadas organizadas".

El presidente del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, se pronunció en favor de la irrenunciabilidad de la asistencia letrada, por entender que el titular de este derecho no es sólo el detenido, sino también la sociedad española". También el presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, se ha expresado reiteradamente en favor de la irrenunciabilidad de este derecho.