De la Quadra y Mario Fernández prevén "acuerdos importantes" en las transferencias a Euskadi

La convocatoria para el próximo dia 27 de la comisión mixta de transferencias Administración Central-Gobierno vasco, inactiva desde hace muchos meses, para negociar algunas de los temas más conflictivos pendientes de traspaso a la comunidad autónoma vasca, es el primer resultado de la reunión que por espacio de tres horas mantuvieron ayer el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, y el vicepresidente del ejecutivo de Euskadi, Mario Fernández. Este último declaró a los ínformadores: "He confirmado que el Gobierno empieza a pasar de la política de buenas intenciones a la de hechos concretos".El vicepresidente del Gobierno vasco se mostraba ayer bastante más optimista que en el primer encuentro que mantuvo en diciembre con el titular de Administración Territorial. La reunión, a la que asistieron también el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jaúregui, y la secretaria de Estado para las autonomías, María Izquierdo, había sido larga y sumamente clarificadora para ambas partes.

Al referirse al proceso de transferencias a la comunidad autónoma vasca, Tomás de la Quadra y Marlo Fernández coincidieron en afirmar que en la entrevista se han producido principios de aproximación sobre temas tradicionalmente conflictivos en la negociación, "que permiten aventurar en un plazo breve", precisó a los informadores el representante del Gobierno autónomo vasco, "acuerdos importantes".

Estos temas conflictivos son en resumen: política de empleo, universidad e investigación, sanidad y seguridad social (el estatuto vasco es el único que contempla competencias en esta materia), y policía autónoma. Para facilitar el trabajo a la comisión mixta en la negociación de estas tranferencias, sumamente complejas, Tomás de la Quadra y Mario Fernández convinieron que en la reunión de la comisión mixta del día 27 se crearán ponencias a las que ambas partes negociadoras entregarán unas valoraciones provisionales sobre las dificultades de las materias a transferir y sistemas para afrontarlas.

En la entrevista celebrada ayer, según ha podido saber este perió dico, las materias en las que se habrían producido las principales l4aproximaciones" son: política de empleo, universidad e investigación.

Policía autónoma parg regulación del tráfico

Todo parece indicar que la ne gociación para el traspaso a la co munídad autónoma vasca de las competencias en materia de san¡ dad y seguridad social va a ser larga y problemática. Dificultades se han presentado también en el tema de la policía autónoma. El Gobierno vasco está presionando a la Administración socialista para que concrete claramente un cuadro de funciones de la policía autónoma, a la que el estatuto vasco en su artículo 117 confiere competencias en materia de orden público, quedando reservadas a las fuerzas de la Seguridad del Estado las funciones supra y extracomunitarias. Este es uno de los puntos que precisamente planteó Carlos Garaikoetxea al presidente Felipe González como susceptible de negociación en un plan de paz para Euskadi.Carlos Garaikoetxea comunicó también el viernes pasado, al jefe del Gobierno, que su gabinete no está dispuesto a tolerar el retraso de la entrada en funcionamiento de la policía autónoma de tráfico, con competencias ya transferidas, que estaba previsto que estuviera en la calle el día 1 de enero de este año.

Mario Fernández insistió ayer en este tema en su entrevista con Tomás de la Quadra, quien le aseguró que no existen problemas políticos para que esa competencia se asuma en lo que se refiere a las funciones exclusivas de tráfico. El ministro precisó que lo que signifique policía de tráfico relacionada con la seguridad ciudadana debe ser todavía competencia de las fuerzas de Seguridad del Estado.

En la larga conversación mantenida, en la que por primera vez no se habló de la LOAPA, se acordó la creación de canales de comunicación entre la Administración central y el Gobierno vasco -se concretaron nombres de personas para ello-, a fin de evitar con "soluciones políticas negociadas" que los conflictos planteados entre ambas partes se formalicen ante el Tribunal Constitucional.